Venezuela: Salir del infierno. La revolución del siglo XXI / A. Ribas

Posted on 2012/10/08

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[Este excelente trabajo de A. Ribas sobre los antecedentes de la Venezuela actual fue publicado por Sodepaz]

Los venezolanos están intentando salir del “ infierno capitalista”, en palabras de Hugo Rafael Chávez Frías. En Venezuela se dan dos condiciones que hacen verosímil el intento: la lealtad a la revolución de una parte significativa de los cuadros militares, que no tiene precedentes en América Latina, y una coyuntura extraordinariamente favorable de los precios internacionales del petróleo que puede ser estructural, a juzgar por el acelerado agotamiento de las reservas mundiales. Decididos a poner en práctica la máxima bolivariana de que están obligados a “ inventar o a errar”, el proceso político al que asistimos tiene mucho de desconcertante. ¿Reforma neokeynesiana y nacionalista o Revolución?

El 11 de abril de 2002, una marcha organizada por la oposición a Chávez se encaminó hacia la sede de PDVSA, en el sector Este de la ciudad. En un momento dado la manifestación cambió de itinerario y, sorpresivamente, se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia, donde, desde días antes, había concentraciones oficialistas de apoyo al Presidente. Ambas concentraciones no llegaron a encontrarse nunca pero los canales privados de televisión, todos sin excepción, empezaron a transmitir imágenes de enfrentamientos y de numerosos heridos y muertos.

¿Quién estaba disparando a venezolanos de ambos lados, muchos de los cuales presentarían al ser recogidos certeros disparos en la cabeza? Pocos ciudadanos en el mundo fueron informados de la verdad entonces y pocos se interesaron por saberlo más tarde. Los venezolanos hubieron de esperar a la noche del día 13 para saberlo a través de VTV, el canal estatal, una vez que éste pudo ser recuperado a los golpistas que lo habían silenciado.

Los hechos, tal y como fueron difundidos por los canales que desde meses atrás habían alimentado insistentemente una matriz de opinión contraria a la constitucionalidad, se debían a que una pacífica y multitudinaria manifestación antigubernamental fue tiroteada por policías que seguían órdenes del gobierno, y por militantes chavistas armados que ocupaban Puente Llaguno.

Las imágenes de los canales privados mostraban, efectivamente, a militantes chavistas disparando desde Puente Llaguno sobre la Avenida Baralt -que lleva el nombre de Rafael María Baralt, escritor e historiador venezolano, fallecido en Madrid en 1860, y que ocupó el sillón de la RAE dejado vacante por Donoso Cortés-, pero fueron necesarios muchos meses para desmontar un caso de ingeniería mediática que pasará a la historia de la infamia.

El joven periodista de RCTV, Andrés Izarra, que poco después sería agregado de prensa del Gobierno Bolivariano en EE.UU., y más tarde Ministro de Información y Comunicación (en la actualidad es el director de Telesur) no aceptó el papel que los propietarios de los medios pretendieron imponerle. Fue de los primeros en informar sobre lo que en realidad habían hecho los medios de comunicación. El reportero de la CNN, Otto Naustdalt facilitó un documento definitivo: él había participado en la grabación para CNN del comunicado que los golpistas harían público en su momento, y en el que anticipadamente anunciaban seis muertos.

Lo cierto es que los ciudadanos de ambas concentraciones fueron tiroteados de manera indiscriminada por miembros de la Policía Metropolitana, porque interesaba hacer creer a la opinión pública que los bolivarianos habían atacado a los opositores; cuando, en realidad, los chavistas que aparecían en las imágenes manipuladas de Puente Llaguno precisamente se estaban protegiendo de la matanza perpetrada contra ellos por los hombres del alcalde Alfredo Peña.

Poco importa que numerosas complicidades y omisiones hayan ocultado la realidad al mundo, al fin y al cabo, en nuestro tiempo la verdad ya sólo está al alcance de quienes tienen la voluntad y la determinación de buscarla.

 EL GOLPE

Era importante comenzar hablando del día 11 para comprender lo que ocurriría horas después, y no sólo por razones cronológicas sino porque la masacre fríamente organizada era solamente el primer capítulo del conocido Manual del Perfecto Golpe de Estado, que tuvo su continuación con la comparecencia del general Efraín Vásquez Velasco y del inspector general y comandante en jefe de la Fuerza Armada, general Lucas Rincón, en la mañana del día 12, en la que informaban que la cúpula militar, ante la violencia desatada por el Gobierno, había pedido la renuncia del Presidente Hugo Chávez Frías, y que éste la había aceptado.

Chávez, en efecto, había sido arrestado y conducido al Fuerte Tiuna, sede de la Comandancia General del Ejército, pero no había renunciado ni lo hizo nunca, y fue por su resistencia a hacerlo por la que los golpistas desistieron de que compareciera ante las cámaras, al tiempo que buscaban desesperadamente, para asesinarlo, al vicepresidente Diosdado Cabello, que podía reemplazarlo constitucionalmente en la Presidencia. Este es el momento en el que no tuvo más remedio que entrar en escena y representar su papel Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal Fedecámaras y principal rostro de la oposición en los últimos meses.

Todo lo que acontece a partir de la presencia de este empresario podría formar parte de un vodevil, a no ser por la naturaleza dramática de los hechos y el número de víctimas sacrificadas, en total 19 asesinados. Nunca en la historia de la comunicación las mismas cámaras de televisión fueron protagonistas, durante casi dos días, de un golpe aparentemente consumado y de cómo ese golpe se desvaneció patéticamente en los gestos desencajados de sus protagonistas muchas horas antes de que hubieran de salir corriendo.

La recapitulación posterior al golpe nos descubre una situación chocante que ha sido objeto de muchas reflexiones por comentaristas y dirigentes bolivarianos: ni el gobierno de Hugo Chávez había tomado medidas anticipadas contra un golpe anunciado (Plan Ávila) ni los golpistas pudieron o se atrevieron a mover a una sola unidad orgánica militar que lo hiciera valer. Fue un golpe inicialmente mediático al que únicamente se adhirieron, desde el principio y antes de asegurarse el desenlace, los Gobiernos de Estados Unidos y de España, mientras Europa guardaba un prudente silencio y América Latina, a través de la XVI Reunión en Costa Rica del Grupo de Río, lo condenaba en un comunicado muy ambiguo como una “interrupción del orden constitucional”.

El día 13 de abril, Carmona, cercado por el pueblo y temiendo lo que en realidad iba a ocurrir, hizo enmiendas a sus decretos derogatorios, restituyendo los poderes del Estado, en un intento desesperado por limitar la carga de la prueba. Al final del día, el vicepresidente ejecutivo constitucional, Diosdado Cabello Rondón, salió de una clandestinidad rocambolesca y logró llegar al palacio de Miraflores, donde juró como presidente provisional ante el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, que en todo momento se había negado a obedecer al golpista Carmona.

A esas horas, los guardaespaldas armados de Carmona han desaparecido de la circulación, gracias a su instinto de sabuesos. Otros trataron de chaquetear o saltar la talanquera, como se dice en Venezuela. Los cerca de cuatrocientos invitados al nombramiento de Carmona, incluían generales y almirantes, artistas e intelectuales de nómina, locutores tertulianos y jerarquías de la iglesia… y hasta el líder de un sindicato amarillo y de servicios llamado CTV, un tal Carlos Ortega, que meses más tarde sería detenido en un bingo en el residencial barrio Colinas de Bello Monte, después de darse a la fuga del país aprovechando la libertad provisional a disposición de la fiscalía de la que gozaba.

El mismo Carmona Estanga desaparecía de Miraflores sin despedirse de sus distinguidos invitados. Y lo que es peor, ni de los televidentes que le eran favorables y asistían a la vuelta de tortilla en vivo y en directo. En una habitación quedaron algunos de los golpistas, de los comprometidos y de los oportunistas que se habían acercado a felicitar a Carmona y a ver si les caía algo. No pudieron escapar porque la guardia presidencial, que desde el primer momento los miraba con hostilidad, había decido retenerlos a la espera de instrucciones. En otra habitación contigua, parte del Gobierno legítimo sorprendido en Miraflores se recomponía constitucionalmente a la espera de la llegada ya anunciada del Presidente.

LA RESPUESTA ESTA EN LA CALLE

Cuando en la mañana del 12 de abril de 2002 los venezolanos se enteraron, a través del comunicado hecho público por los golpistas, de que Hugo Chávez había renunciado a la presidencia, sencillamente no se lo creyeron; en seguida corrió la voz de que había sido secuestrado. Sobre el mediodía, el palacio de Miraflores fue cercado por el pueblo pobre de Venezuela -el 80 por ciento del país-, que en las horas siguientes bloqueará todos los accesos a Caracas. Lo mismo estaba ocurriendo en toda Venezuela. Y esto no es nada respecto a lo que ocurriría en la madrugada del domingo 14, cuando Chávez regresó liberado desde la isla caribeña de La Orchila, a cien kilómetros del continente, de donde fue rescatado por el general de división Alí Uzcátegui, director de la Escuela Básica de la Fuerza Armada Nacional, que operaba bajo el mando del también General de División Raúl Isaías Baduel, al frente de la decisiva Brigada de Paracaidistas de Maracay.

¿Qué había ocurrido en Venezuela, desde que el 4 de febrero de 1992 Hugo Chávez Frías intentó infructuosamente tomar el palacio de Miraflores mientras otras unidades se hacían con el control de centros importantes de Maracaibo, Maracay y Valencia? ¿Cómo es posible que sólo 7 años después, el 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez tomara posesión como Presidente Constitucional de Venezuela con el 56,5% de los votos, después de que en las legislativas del 8 de noviembre del año anterior su partido, el MVR, pasara a ser el segundo del país? Es necesario remontarse mucho más atrás para aproximarnos contextualmente a la realidad de Venezuela.

Rómulo Gallegos (el intelectual autor de Doña Bárbara y de Cantaclaro) tomó posesión de la presidencia del país el 15 de febrero de 1948, después de ganar las primeras elecciones directas celebradas en Venezuela en el siglo XX; pero apenas pudo mantenerse en el poder hasta el 24 de noviembre del mismo año, cuando fue derrocado por una junta militar que llevaría al poder a Marcos Pérez Jiménez.

El derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos está relacionado con el desarrollo petrolero del país, de especial sensibilidad para los intereses de la Casa Blanca y los del Pentágono, que ya en los inicios de la guerra fría se inclinaban por soluciones militares que expresaban claramente la desconfianza del poder económico de los Estados Unidos hacia las clases políticas de Latinoamérica y, en particular, a un país que, como Venezuela, estaba situado geográficamente en una posición estratégica respecto a América del Sur.

En la sociedad venezolana venía madurando una clase política que propugnaba soluciones democráticas, pero que todavía no había acreditado en la práctica la lealtad a los intereses de Washington. Por otra parte, las disputas entre los líderes de Acción Democrática (AD), el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI) y la Unión Republicana Democrática, junto al reconocimiento por parte de estas formaciones políticas del papel desempeñado contra la dictadura por el Partido Comunista de Venezuela, provocaba gran inquietud a los Estados Unidos respecto a la capacidad de estos dirigentes civiles de la burguesía venezolana para garantizar una gobernabilidad con alternancia a la altura de las seguridades exigidas por la política exterior del Departamento de Estado.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Colegiada se mantuvo hasta 1952, cuando Pérez Jiménez se hizo con el poder absoluto del Ejecutivo, después de una elecciones presidenciales fraudulentas en las que desconoció el triunfo de la Unión Republicana Democrática. El régimen de Pérez Jiménez se caracterizó por una dependencia incondicional a la Casa Blanca, represión selectiva de sus opositores, crecimiento sin desarrollo y por el inicio de una corrupción creciente que habría de hacerse estructural con el paso del tiempo, al devenir como el modelo de una burguesía parasitaria acostumbrada a la apropiación sin redistribución social de las rentas del petróleo.

En 1957 Pérez Jiménez intentó perpetuarse en el poder mediante un plebiscito también fraudulento, pero carecía ya de respaldo civil y militar. Fue precisamente un golpe cívico-militar el que lo derrocó el 23 de enero de 1958, anunciando, en cierto modo, la mayoría de edad política de una burguesía nacional que se consideraba en condiciones de continuar su acumulación de clase sin necesidad de una tutela militar, y que, desde luego, ya había negociado previamente con Estados Unidos las lealtades necesarias para iniciar un nuevo ciclo histórico. No obstante, la creciente politización del país había permeado a las Fuerzas Armadas, y si bien el triunfo democrático significaba la derrota del control militar, también implicaba la aparición de corrientes militares y civiles de carácter nacionalista. El 13 de mayo de 1958, el Presidente de los estados Unidos, Nixon, fue recibido en medio de protestas sin precedentes que el presidente de la Junta de Gobierno que había derribado a Pérez Jiménez, el marino Wolfang Larrazábal, no pudo impedir. La comitiva fue atacada durante lo que esperaba su paseo triunfal por Caracas, y como reconocerá Nixon en sus memorias “Seis Crisis”, se libró por muy poco de ser agredido. Larrazábal fue obligado a presentarse en la embajada americana a recibir a Nixon y a ofrecerle una humillante disculpa.

Este es el contexto en el que se va a estrenar la nueva democracia en Venezuela. Por estas fechas, un tal Hugo Rafael Chávez Frías va a cumplir seis años e iniciar sus estudios primarios en el grupo escolar Julián Pino de Sabaneta, en el Estado Barinas. Nacido el 28 de julio de 1954, es el segundo hijo, de seis hermanos, de un matrimonio de maestros de ascendencia mestiza.

SOBRE EL PETROLEO

El hagiógrafo del dictador Juan Vicente Gómez, Gil Fortoul (1861-1943), le escribió al General: “ De acuerdo con mis cálculos, el gobierno recibirá muchos millones más de los que recibe ahora; si logramos un aceptable y ventajoso acuerdo tanto para el gobierno como para los capitalistas comprometidos en el negocio, quedará un amplio margen que será distribuido entre quienes usted indique…” .

Los siglos XVIII, XIX y XX son los siglos del café, cacao y petróleo. La primera concesión para explotar asfalto natural data de 1854 y fue hecha a nombre del súbdito inglés D.B. Hellyer. En 1883, el general Guzmán Blanco había otorgado al norteamericano Horatio R. Hamilton una concesión para explotar los recursos naturales. Hamilton obtuvo títulos de minas y tierras públicas por un período de noventa y nueve años, con la propiedad exclusiva del asfalto y la propiedad gratuita de más de 3000 hectáreas colindantes al depósito llamado Guanaco, incluyendo la exención de derechos de importación. Más adelante, como consecuencia de las revoluciones de Rusia y México, las multinacionales petroleras pusieron sus ojos definitivamente en Venezuela y estas políticas habrían de continuar ininterrumpidamente hasta la “nacionalización” del petróleo, el 1 de enero de 1976.

A la caída de Marcos Pérez Jiménez, en 1958, fue electo como Presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, para el período 1959-1963. . Éste asume la Presidencia en medio de una creciente ingobernabilidad e inicia el proceso constitucional necesario para la puesta en práctica de un modelo de democracia representativa, aunque no puede sustraerse a los dictados de las empresas internacionales ávidas de las materias primas del país. El creciente ingreso de dinero por la renta petrolera acentuó los conflictos entre un modelo de producción nacional y otro de economía dependiente.

En el marco de las elecciones que le llevaron a la Presidencia se firmó el pacto de Punto Fijo, denominado así, no por que fuera firmado en Punto Fijo, en la Península de Paraguaná, sino por el nombre de la quinta del mismo nombre ubicada en Sabana Grande –Caracas- propiedad de Rafael Caldera. Los acuerdos establecían que los partidos apoyarían siempre al partido ganador para evitar la inestabilidad, y que harían frente al peligro comunista. Excluyeron a los militares de la política y se aprestaron con éxito a cooptar a los dirigentes de la Central de Trabajadores de Venezuela.

 Punto Fijo es un pacto de gobernabilidad entre tres partidos definidos como garantes únicos de la democracia representativa: AD (Rómulo Betancourt), COPEI (Rafael Caldera) y URD (Jóvito Villalba), que, más tarde, con la crisis de la Unión Republicana Democrática (URD), será un sistema bipartidista cerrado, basado en una alternancia, que por agotamiento del modelo (Cuarta República) y sucesivas crisis económicas degenerará en la corrupción que abrirá la puerta a la Revolución Bolivariana a partir de 1998.

 El pacto de la alternancia fue respetado como un pacto de sangre: Rómulo Betancourt (AD), 1959; Raúl Leoni (AD), 1964; Rafael Caldera (COPEI), 1969; Carlos Andrés Pérez (AD), 1974; Luis Herrera Campins (COPEI) 1979; Jaime Lusinchi (AD), 1984; y Carlos Andrés Pérez (AD), 1989. Hasta que en 1992, el Fiscal General de la República presentó una acusación formal contra Carlos Andrés Pérez y dos de sus ministros por malversación y apropiación indebida de fondos públicos (17 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia encontró que había motivos suficientes y el Congreso de la República autorizó el enjuiciamiento y lo suspendió de sus funciones. En las elecciones del 5 de diciembre de 1993 ganó la presidencia por segunda vez Rafael Caldera (COPEI) Pero las siguientes elecciones del 6 de diciembre de 1998 cerraron un ciclo histórico: las ganará Hugo Rafael Chávez Frías, que tomó posesión de la Presidencia Constitucional de Venezuela el 2 de febrero de 1999.

La nacionalización petrolera llevada a cabo durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, con la creación de PDVSA, no implicó en manera alguna la modificación de la dependencia del desarrollo nacional. Y aunque la mono-producción basada en la industria del petróleo financiaría la actividad económica del país, ésta no daba más que para sostener la burocracia del estado, cerrar la boca de la mayoría de los intelectuales y asegurarse la lealtad de una declinante clase media basada en los servicios y la importación de productos básicos.

Con la “nacionalización” del petróleo nace la meritocracia petrolera, la “gente del petróleo”. Una sociedad excluyente que fomenta los privilegios de un reducido grupo de familias y se asegura el poder cerrando el paso a cualquier otro proyecto político. Así, el pretexto de las guerrillas, que nunca influyeron significativamente en la sociedad venezolana, facilitó la eliminación física de cuadros procedentes de otros partidos políticos, como, por ejemplo, Jorge Rodríguez, Secretario General de la Liga Socialista, asesinado el 25 de julio de 1976 durante los interrogatorios por la policía; la masacre de Cantaura, el 4 de octubre de 1982, donde se aplicó por primera vez en Venezuela la doctrina Reagan de contrainsurgencia; la masacre de Yumare, el 8 de mayo de 1986, con el asesinato de nueve personas por un comando de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); la masacre de El Amparo, en octubre de 1988, que costó la vida de 15 pescadores artesanales a manos del llamado Comando Específico José Antonio Páez, integrado por militares y civiles de los organismos de seguridad. Y cientos de desaparecidos, sin contar el expedito procedimiento de combatir la delincuencia recurriendo a asesinatos extrajudiciales y multitudinarias matanzas de delincuentes amotinados en las dantescas prisiones del país.

Durante la Cuarta República se desaprovechó, pues, una oportunidad histórica para el desarrollo económico y social y para forjar un principio de soberanía nacional. Al contrario de lo que proponía el político y economista Alberto Adriani (1898-1936) y popularizó Arturo Uslar Pietri, el autor de “Las Lanzas Coloradas” -publicada en Madrid en 1931-, no se sembró el petróleo, y Venezuela alcanzó grados de dependencia que comprometían hasta su autonomía alimentaria. Todo se redujo a un modelo consumista y dilapidador con el que la clase media (15%) y la alta burguesía (5%) deambulaban entre Caracas y Miami, haciendo popular en Estados Unidos y en Venezuela la frase “Tá barato, dame dos”, expresión rotunda de su papel de clase parasitaria.

Si la revolución industrial en los países centrales se caracterizó por el desahucio de los campesinos como gran ejército de reserva al servicio de la naciente industrialización, el abandono de la agricultura en Venezuela -80% de importación de alimentos- ocasiono el éxodo de millones de sus habitantes a las grandes ciudades, sin alternativas de trabajo. De ahí los cerros que cercan a la capital, el alto porcentaje de “empleo” en la economía informal y el posterior incremento de la delincuencia en todos los grados posibles, desde el pequeño hurto para sobrevivir a las bandas criminales organizadas.

EL CARACAZO

 Venezuela empezará a reventar a principios de los años 80. A finales de la década, Carlos Andrés Pérez, durante su segundo mandato presidencial (1989-1993), siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional aplicó un programa neoliberal llamado popularmente “el paquete”. Entre las medidas se incluían la privatización de las empresas públicas, reformas fiscales, disminución de aranceles y reducción del tamaño del Estado. La cantinela conocida para hacer pagar a los trabajadores la crisis de acumulación.

 El incremento de los precios del transporte desató el levantamiento ciudadano. Las protestas se iniciaron en Guarenas, ciudad próxima a Caracas, la mañana del 27 de febrero de 1989. Desbordado el Gobierno, Pérez declaró el estado de emergencia, militarizó la ciudad de Caracas y aplastó las protestas con una violencia sin precedentes en el país. El número de muertos oscila entre 2500 y 5000, casi todos habitantes de los llamados cerros, sin que hasta la fecha haya sido posible disponer de una lista completa de las víctimas, en gran parte arrojadas a fosas comunes. Y se entiende bien esta dificultad, porque la democracia y la llamada gobernabilidad de la Cuarta República descansaba en el hecho escandaloso de que un gran número de ciudadanos no estaba cedulado, y no es fácil identificar a un sujeto indocumentado. Lo que es tanto como decir que, desde 1958, durante la Cuarta República, la “democracia” venezolana y sus elecciones periódicas no han podido tener, en modo alguno, una participación significativa, puesto que en su mayor parte los venezolanos no existían en los censos.

 Pero una de las consecuencia más importantes se derivó de la implicación obligada del ejército en la represión. La joven generación de militares, llamados despectivamente por los de mayor rango “licenciados”, había sido formada con criterios más abiertos a la sociedad civil durante los años de separación de los militares de la política. En la década de los 70, el Plan Andrés Bello daba rango universitario a la carrera militar y extendía la formación a otros campos del conocimiento a través de licenciaturas y doctorados. Hugo Chávez era uno de esos militares (licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Simón Bolívar de Caracas), al igual que la mayor parte de los hombres que se darían a conocer en 1994 en el Movimiento V República, versión civil del MBR-200 creado en la clandestinidad.

Desde el 4 de febrero de 1992, fecha en la que fracasa la insurrección militar en las ciudades de Caracas, Maracaibo, Maracay y Valencia, Hugo Chávez permanece en prisión. El 26 de marzo de 1994, Rafael Caldera, atento a la preocupación de la oligarquía por el prestigio popular logrado por Chávez con su pronunciamiento, firma el sobreseimiento de su caso y es puesto en libertad a condición de que abandone el Ejército. Al mes siguiente irrumpe el Movimiento V República en el escenario político, y el 19 de abril de 1997 se inscribe en el Registro Electoral. El proceso que llevará a la quiebra a la Cuarta República se acelera. El 8 de noviembre de 1998 el MVR se convierte en el segundo partido del país, a sólo cuatro décimas por debajo de AD, mientras COPEI quedó en cuarta posición y el nuevo partido de Caldera, Convergencia, salido de la ruptura con COPEI, tuvo que conformarse con un testimonial 2,4% y 3 escaños. Finalmente, El 6 de diciembre, Chávez arrolló en las presidenciales con el 56,5% de los votos.

 El siguiente paso es el referéndum convocado para aprobar la nueva Constitución propuesta por el Polo Patriótico (coalición de partidos junto al MVR) Lo ganan con el 92% de los votos, el 25 de abril del año siguiente (1999. El 25 julio de ese mismo año, el MVR obtiene 121 escaños de la Asamblea Nacional Constituyente, de un total de 128. El 15 de diciembre se aprueba la nueva Constituyente.

En junio de 2000, el presidente Chávez triunfa en las elecciones de relegitimación, luego que la Asamblea Nacional Constituyente redactase la Carta Magna. Esta victoria le otorga seis años más de mandato. Sin embargo, la nueva Constitución Bolivariana, en un caso sin precedentes en el derecho constitucional, contempla que el presidente pueda ser sometido por el pueblo a un Proceso Revocatorio, siempre y cuando haya una participación electoral del 25%, y la efectividad revocatoria esté determinada por un número igual o mayor de votos con el que se haya elegido al revocable. La oposición no hizo ascos a una Constituyente que no era de su agrado, se acogió al revocatorio y después de una exhaustivo proceso de recolección de firmas, no exento de irregularidades y duplicaciones, el Consejo Nacional Electoral las dio por válidas. Pero en agosto de 2004, no obstante, con el reconocimiento de la Fundación Carter y de la OEA, como observadores, Chávez gana el referéndum con el 58% de votos favorables a su continuidad. A la oposición ya no le quedan cartas. El pueblo ha dado su veredicto.

 La Cuarta República dilapidó durante cuarenta años el equivalente a quince planes Marshall y, en vez de sembrar petróleo, sembró miseria y humillación. Venezuela, durante ese largo período, no ha tenido fiscalidad ni control de aduanas y ha dependido para su alimentación en un 80% de importaciones, en un ciclo perverso de hambrunas de ex campesinos hacinados en ciudades sin empleo, que explica bien las razones por las que, en cualquier levantamiento popular, el objetivo invariable eran las tiendas de alimentación y los almacenes.

 Todas las lealtades estaban compradas. Las universidades inflaban sus nóminas y gastos y se los repartían con todo descaro. Profesores había cuyos postgrados se eternizaban hasta 10 0 12 años, con viajes anuales pagados al extranjero. Los requisitos de acceso a la universidad -el primero de los cuales era poseer dinero- primaban a los hijos del profesorado en la selección, mientras cientos de miles de bachilleres no podían acceder a estudios superiores. Y los intelectuales, casi en general, vivían en el mejor de los mundos retribuidos por ministerios e instituciones cuya ubicación desconocían.

 En las condiciones en que ha vivido Venezuela, no puede sorprender que la corrupción sea un problema, no ya estructural, sino cultural. Si la práctica habitual de la clase política era demorar el pago a los funcionarios públicos durante meses, mientras las cantidades no retribuidas engordaban en las cuantas bancarias, buena parte de ellos -los funcionarios- se hacían pagar por los usuarios los servicios a que les obligaba gratuitamente el ejercicio de la función pública. Durante los cuarenta años de la Cuarta República, la meritocracia de PDVSA ha tolerado la denominada extracción en frío de los pozos de petróleo, que malogra su potencial al no inyectar gas, vapor o agua, limitándose a las capas superiores de menor costo de extracción. Las concesionarias no han pagado regalías ni impuestos correspondientes al volumen real de explotación. La CITGO, una empresa venezolana que tiene 8 refinerías y 14.000 gasolineras en EE.UU., no ha declarado beneficios hasta hace unos meses, cuando por primera vez en su historia ha reportado al Estado cerca de 500 millones de dólares

 En menos de cinco años de mandato, el Gobierno Bolivariano ha intentado sortear estas enormes dificultades a través de las Misiones, una suerte de by-pass que le ha permitido burlar en parte al Leviatán de la burocracia del Estado, y crear en el área de la salud, por ejemplo, con la Misión Barrio Adentro, 8000 nuevos ambulatorios que, con la ayuda de médicos cubanos, ya han atendido 141 millones de consultas; todas gratuitas, incluidas las medicinas. Antes de que finalice el 2005, se inaugurarán 1600 Centros Integrales de Especialidades, mientras que para el 2007, la red hospitalaria nacional dispondrá de cerca de 240 hospitales, entre nuevos y remozados, que completarán el primer Sistema Nacional de Salud, universal y gratuito, en la historia del país.

 La Misión Milagro ha devuelto la vista, hasta 2005, a 160.000 ciegos por enfermedades que se operan en 15 minutos sin entrar en quirófano. El 28 de octubre pasado, Venezuela ha sido declarada por la UNESCO país libre de analfabetismo, con un millón y medio de alfabetizados a través de la Misión Robinsón.

Otras Misiones hacen frente a los problemas de desempleo y educación. Más de 80.000 nuevas cooperativas, con una inversión inicial de 2000 millones de dólares, ayudarán a consolidar el modelo de Desarrollo Endógeno que anima el gobierno para liberar a Venezuela de la economía de la dependencia. El extraordinario potencial de sus recursos materiales y humanos (casi el 80% de sus habitantes tienen menos de 35 años) es su mejor garantía.

 El Gobierno Bolivariano parece estar en condiciones de acelerar las transformaciones. En el caso de la reforma agraria, más de 530.000 indígenas de las 23 etnias del país han recibido título de tierras -de sus tierras-, además de incorporarse a todos los programas de formación y desarrollo que incluyen las Misiones, al tiempo que se reivindica su cultura y sus lenguas. Así mismo, están representados en la Asamblea Nacional. Un total de 612.280 hectáreas, correspondientes a 21 grandes latifundios han sido objeto de información y serán distribuidas entre campesinos sin tierra, a menos que sus supuestos propietarios pueden demostrar que poseen títulos suficientes para acreditar la propiedad. Pero en la lucha por la tierra ya se ha pagado un alto precio: en los últimos dos años han sido asesinados más 140 campesinos a manos de sicarios al servicio de los terratenientes.

La fortaleza del Gobierno Bolivariano descansa sobre dos poderosos pilares. El primero lo forma un ejército que se supone que ha sido depurado después del fracasado golpe de estado de abril de 2002. Históricamente, y a diferencia de la mayoría de los latinoamericanos, el de Venezuela ha sido un ejercito de blancos, negros y mestizos, de modestas dimensiones y medios, sin apenas tradiciones prusianas, y formado mayoritariamente por clases medias bajas y pobres. Las clases superiores no vieron en la carrera militar el lugar adecuado para su promoción social. Esta composición explica su relativo peso en la historia reciente del país y su singular papel en el presente. El Gobierno de Chávez -cuyo perfil responde a esa tradición- ha puesto en marcha un nuevo modelo cívico-militar en el que éste asume numerosos tareas poco comunes en los militares, algunas tan importantes como el apoyo logístico a la Misión Mercal, por citar un solo caso, que con 14.000 instalaciones, a finales de 2005 estará distribuyendo cerca de 8000 toneladas diarias de alimentos, que a precios significativamente inferiores a los del mercado alimentarán a 15 millones de venezolanos de un total de 26,5 millones de habitantes. Los ambiciosos programas de todo tipo responden a la energía combinada que procede, por una lado, de la voluntad de escapar del “infierno capitalista”, como dice Chávez, y por el otro, de los crecientes ingresos procedentes de las asombrosas reservas probadas de petróleo y de gas que posee el país.

 El segundo pilar le viene dado por una coyuntura internacional favorable a los precios del petróleo que ha permitido que las reservas internacionales superen los 33.000 millones de dólares. Y como las encuestas y la naturaleza del proceso político y económico-social prevén sucesivas victorias en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional -en diciembre de 2005- y una importante victoria electoral de Chávez para las presidenciales de diciembre de 2006, la única amenaza verdadera que puede alterar el curso de los acontecimientos sería la de intentar desestabilizar el país con la estrategia del terror y/o una intervención directa de los Estados Unidos.

 INVENTANDO

 El Presidente Chávez pretende construir el Socialismo del Siglo XXI sobre las premisas de un Estado Social, de Derecho y Justicia, con una Democracia Participativa y Protagónica que tenga a la sociedad organizada como principal baluarte. De ahí el desconcierto de tantos observadores del proceso a los que no resulta fácil distinguir lo que hay de reformismo neokeynesiano y lo que hay de revolucionario. Ocurre que se superponen ambas realidades en un contexto en el que el Gobierno sopesa las servidumbres que le impone la situación internacional y debe cuidar una política exterior que exige, además, habilidades de cardenal florentino. El proyecto Bolivariano trasciende dialécticamente los objetivos internos del país porque debe realizarse en el marco más amplio de un nuevo modelo global y regional latinoamericano. Y lo que es más complicado, frente a la hostilidad de un imperio, el de los Estados Unidos, a propósito del cual Hugo Chávez no se muerde la lengua ni se retrae en la confrontación.

 La política exterior del Gobierno Bolivariano promueve la multipolaridad, al tiempo que cuida inflexiblemente de la defensa de su soberanía. Considera inteligentemente que sus recursos deben ser el motor de un desarrollo endógeno, sustentable y respetuoso con la naturaleza. Este es el caso de los actuales proyectos de desarrollo, en el que la concesión de licencias para la explotación de sus cuantiosas reservas, por ejemplo, se está haciendo a través de la constitución de empresas mixtas en las que el Estado mantiene la mayoría de las acciones, y de manera que incluya al mayor número de países del área con capacidad y voluntad de integración económica en un proyecto global latinoamericano. En lo que concierne a Europa y Asia, la política de compras y concesiones petroleras trata de asegurarse un equilibrio de intereses frente a las ambiciones exclusivista de los Estados Unidos. Esto le está proporcionando apoyos internacionales que ya se han traducido en la fractura del espeso muro con el que pretende aislarle la Casa Blanca.

 En particular, el éxito de la política exterior es sobresaliente en Latinoamérica. Con la creación de Petrocaribe y la puesta en marcha de Petrosur, esbozada en los recientes acuerdos con Brasil y Argentina, ha introducido prácticas poco comunes en la economía de mercado, que benefician a países que no pueden hacer frente materialmente a sus necesidades energéticas. La situación de Venezuela hace posible la venta del petróleo de Estado a Estado y en condiciones de pago que no tienen precedentes, como son las de un precio notablemente inferior al mercado -hasta un 30% menos-, un bajo interés, períodos largos de carencia, plazos de veinte y veinticinco años, y lo que es más importante: sin necesidad de hacer frente a esos pagos con divisas que a menudo no poseen, pueden saldar su deuda con productos y/o servicios. Todo lo cual levanta astillas entre los dogmáticos neoliberales que ven en los fundamentos estratégicos de la política exterior venezolana una seria amenaza a sus designios de dominación.

 En la práctica ya han diversificado sus compras de bienes y servicios asegurándose la transferencia de tecnologías y formación. Con Rusia están renovando su modesto parque militar al adquirir nuevos fusiles y helicópteros. En Irán han comprado tractores y fábricas de tractores, llave en mano. Con Argentina intercambian petróleo por ganado. En Brasil y Argentina crean empresas mixtas para el procesamiento y la distribución de crudos. A China le han garantizado el suministro de cientos de miles de barriles de petróleo, y recibirán de ésta inversiones para la nueva red de ferrocarriles y la construcción de viviendas, cuyo déficit histórico representa uno de los quebraderos de cabeza más grandes del Gobierno, pues la vivienda es uno de los retos más importantes al que deben hacer frente con cuantiosas inversiones y novedosas iniciativas, como la autoconstrucción a través de cooperativas financiadas por el Estado.

ESCAPAR DEL INFIERNO CAPITALISTA.

 En lo que llegamos a entender, el socialismo del siglo XXI al que alude Chávez exige no sólo la soberanía y el desarrollo del país, sino también el empoderamiento del pueblo: el traslado del mayor número de iniciativas a la sociedad y la capacidad de ésta para ejercer el control del Estado con los poderes que le otorga la Constitución de vigilar las actividades públicas por medio de la Contraloría Social (inspección de las cuentas de la Administración Pública. En una primera fase, para la mayor parte del pueblo son suficientes las orientaciones políticas que el Presidente hace en sus intervenciones públicas, sin embargo, es de suponer que serán cada vez más numerosos los que reclamen su participación activa en la totalidad de los asuntos que conciernen al Estado, y tercien igualmente en el debate sobre las contradicciones y las fracturas que inevitablemente se han de producir. Además, el proceso de empoderamiento del pueblo no depende únicamente de su lealtad a un socialismo del siglo XXI en fase de teorización, sino que está directamente relacionado con la culminación del traspaso de poderes reales, de la acumulación de nuevas experiencias y conocimientos y de la presión de la sociedad realmente organizada.

 En esta original experiencia política que no teme inventar, resulta mucho más evidente que en cualquiera otra de cuantas la han precedido el hecho de que ningún modelo precedente encaja en el campo que estamos observando. Pero lo que con pocas dudas se podría oponer a quienes proponen valiosos y acabados análisis a partir de las distintas genealogías políticas, es que en ella coexisten reforma y revolución en un difícil equilibrio que da pié a toda clase de vehemencias y pronósticos.

Con la exigencia cada vez más patente del pueblo venezolano por protagonizar su Revolución Bolivariana y la originalidad dialéctica que lleva a considerar a sus dirigentes la necesidad de inventar o a errar, no podemos sustraernos al debate sobre todo cuanto está aconteciendo en Venezuela en su batalla por escapar del infierno capitalista. Porque se cumpla el sagrado destino de la tierra, que da sus frutos para todos.

Madrid, 03.10.05