Sobre el “Caso Lockheed” en España. Artículos y textos

Posted on 2013/08/03

0



FERNANDO HERCE VALDIVIA

[EL PAÍS 4 JUL 1976 ] (…)ex delegado de Juventudes de La Coruña y ex alto cargo administrativo en la Delegación Nacional del mismo organismo, ha salido de la cárcel de Carabanchel, tras algo más de mes y medio de prisión. Herce, administrador general de Aviónica, la empresa que, al parecer, repartió los sobornos de la Lockheed en España -unos 900 millones de pesetas habría declarado ante el Tribunal de Delitos Monetarios que todas las cantidades enviadas por la compañía norteamericana se encuentran en una cuenta a nombre suyo en un Banco extranjero.

(Nota a 2013. Una noticia a valorar, Fernando Herce Melendrez (hijo de Herce Valfiguraba como miembro del consejo de administración de un empresa de la Infanta Pilar de Borbón en fechas  relativamente recientes. Nada que ver con todo esto, claro. Es curioso lo bien relacionados que están algunos.)

Entrevista del general Rey Rodríguez con el ministro del Aire

  • Comunicado de Aviónica sobre su actividad comercial

 28 OCT 1976

El general de división Luis Rey Rodríguez mantuvo una entrevista de dos horas durante la tarde de ayer en el despacho del ministro del Aire, según pudo saber EL PAIS. También durante la tarde anterior, el coronel Grandal realizó entrevistas en la sede ministerial según informaron sus familiares. A las entrevistas asistieron distintos jefes militares del departamento.Por su parte, la empresa Aviónica, SA, que gestiona una parte de las operaciones de la Lockheed en España, emitió a última hora de la noche de ayer un comunicado mediante el cual ofrece una serie de puntualizaciones en torno al tratamiento informativo que se ha dado al tema, con relación a los cargos oficiales que el general Rey y el coronel Grandal desempeñaban durante la ejecución de las operaciones de adquisición de los aviones Hércules.

Horacio Oliva, catedrático de Derecho Penal y abogado designado porAviónica, SA, para su defensa, manifestó a EL PAIS que las puntualizaciones realizadas por esta entidad obedecen a las tremendas y peligrosas inexactitudes que, tal vez por error, algunos artículos periodísticos incluyen. Asimismo, señaló no poder afirmar ni negar la implicación de personas de alto rango en los controvertidos hechos. Ofrecemos a continuación el texto íntegro del comunicado de Aviónica,SA.

«Ante las informaciones publicadas en diversos medios acerca de las actividades comerciales de la Lockheed en España, la entidad mercantil española Aviónica, S.A se siente en la obligación de puntualizar determinados extremos que con respecto a la misma y sus accionistas han sido divulgados en los últimos días, no sin antes lamentar que se hayan dado a la publicidad datos que, con independencia de no ser siempre exactos, corresponden supuestamente al resultado de una investigacion en marcha y, por tanto inconclusa, dirigida, como es sabido, por la Fiscalía del Tribunal Supremo y otros ámbitos jurisdiccionales, máxime teniendo en cuenta el carácter que a tal divulgación ha dado su inclusión en un programa informativo de un organismo dependiente de la Administración como es Televisión Española. Ignoramos, y por tanto nos abstenemos de ni aún comentario al respecto, en qué medida el acuerdo suscrito por España con los Estados Unidos para el intercambio de información puede afectar a la publicidad de referencia.

Grandal estaba en Londres

En contra de las noticias publicadas, el coronel don Carlos Grandal Segade, en ningún momento de su vida militar ha estado destinado en la Sección de Planes y Programas del Estado Mayor del Ministerio del Aire, sino en la cuarta sección de dicho Estado Mayor, independiente de la anteriormente mencionada y, concretamente y aproximadamente desde un año antes de su destino en el extranjero, como jefe de la comisión nombrada para la potenciación de Canarias y Sahara, con vistas a la preparación de los elementos de apoyo necesarios ante un eventual conflicto en tales zonas y, por tanto, totalmente ajenos los canales por los que se producen las compras de aviones.

Que con independencia de lo anterior, el coronel Grandal Segade difícilmente ha podido tener la participación que se pretende, por cuanto que en la fecha que se suscribe la carta de intención -septiembre 1972-, para la compra de los cuatro primeros Hércules C-130 H, se encontraba destinado en la embajada de España- en Londres como agregado aéreo y, en consecuencia mucho más alejado aún de aquellos canales, desde junio de 1972, puesto en el que habría de permanecer hasta junio de 1975, fecha esta última en la que ya había tenido lugar la compra de los tres segundos Hércules KC-130.

Que por lo que se refiere al general don Luis Rey Rodríguez ha de precisarse que estuvo destinado como coronel-jefe del Servicio de Transmisiones de la Primera Región Aérea, situada en la calle de Quintana, número 7, Madrid, hasta el 7 de noviembre de 1972,fecha en que fue destinado en plaza de superior categoría, como jefe del Estado Mayor del Mando de la Defensa Aérea, con mando en Torrejón de Ardoz, siendo ascendido a general de Brigada el 12 de abril de 1973 y confirmado en el caigo, con lo cual la prestación de sus servicios no ha tenido lugar en la Jefatura de Estado Mayor del Ministerio del Aire, radicada en él propio Ministerio, y cuya sección de Planes Programas interviene y en el estudio ponderación y propuestas al señor ministro del Aire y Junta de Defensa Nacional de la elección del material de vuelo que se estime oportuno para su definitiva aprobacion, en su caso, por el Consejo de Ministros.

Aviónica SA es una sociedad legalmente constituida, de la queparticipan, en la exclusiva calidad de accionistas- don Luis Rey Rodríguez, don Carlos Granda Segade, así como don Fernando Herce Valdivia, quien además ostenta la condición de administrador único, a cuyo efecto parece oportuno señalar que tanto los reglamentos militares como el propio Código Penal autorizan a los jefes militares a participaciones de tal índole en empresas mercantiles.

Contrato legal

En el ejercicio de su actividad comercial, Aviónica, SA ha suscrito’ contrato con la Lockheed por el cual aquélla presta a ésta los necesarios servicios de consuliant en el mercado español, tanto en el orden civil como en el militar, por cuyos servicios y como es habitual en operaciones de compraventa aeronáutica, y no sólo en ellas, ha percibido las oportunas comisiones debidamente pactadas; que por todo ello, en modo alguno nos parece que merezcan la calificación de ilegales, lo que le ha permitido la distribución de beneficios entre sus accionistas, la cual ha quedado aclarada espontáneamente porAviónica, SA ante el Juzgado de Delitos Monetarios. que, efectiva mente, ha incoado un expediente por presunta infracción.

Aviónica, SA quiere hacer constar asimismo, que es ajena a cualquier operación de cualquier tipo perfeccionada por la Lockheed de España que no sea la compra de los siete aviones Hércules mencionados en que, efectivamente, ha tenido la participación que se detalla más arriba.

Finalmente, con independencia de otras inexactitudes que el buen sentido podrá fácilmente superar, dadas las aclaraciones que antecedentes Aviónica, SA no puede dejar de lamentarse de la precipitación con que se ha tratado de calificar su actuación mercantil.»

El informe del Tribunal Supremo será elevado al Consejo de Ministros

  • Lockheed: podría pasar a la jurisdicción militar

El asunto de la Lockheed podría verse ante la jurisdicción militar, en lugar de la ordinaria, en base a que algunos de los principales presuntos implicados serían funcionarios, concretamente militares, mientras que los paisanos insertos en el procedimiento que se sigue serían en su mayor parte encubridores u hombres de paja. La decisión será tomada próximamente en junta de fiscales generales del Tribunal Supremo. En todo caso habrá de tenerse en cuenta la naturaleza no típicamente militar del presunto delito, que sería el de cohecho, lo cual debería hacer recaer sobre la jurisdicción penal ordinaria la competencia del asunto, dado que el artículo 11 de la ley de Enjuiciamiento Criminal establece: «El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria.»Como apuntábamos ayer, parece ya seguro que el informe elaborado por el fiscal del Tribunal Supremo quedará concluido de aquí a una semana, o semana y media, y sería elevado al siguiente Consejo de Ministros al que tenga lugar mañana. Dentro de este trabajo que se realiza en la Fiscalía del Supremo, aún pueden ser llamadas varias personas a informar, en calidad de presuntos implicados o de testigos, del mismo modo que lo han hecho las numerosas personas, militares y paisanos, interrogadas hasta ahora.

Respecto a Luis Rey. Rodríguez y el coronel Carlos Grandal, supuestamente implicados en el caso, siguen conservando todos los derechos dentro de su situación de disponibles, que implica expectativa de destino, cambio éste que será decidido por el ministro del Aire o por el jefe de la región aérea a que pertenezcan. La decisión que se tome se hará pública en el Boletín Oficial del Estado, mediante una orden ministerial. A efectos de la investigación del caso, los dos oficiales dependen del Tribunal Supremo, organismo que determinará la jurisdicción competente que se encargue del caso.

Portada del 4 de julio de 1976 diario El país

Portada del 4 de julio de 1976 diario El país

Dos militares y tres civiles recibieron 73 millones en comisiones de la Lockheed Según la Fiscalía del Supremo no existen indicios de soborno

 7 NOV 1976

Cuatro meses después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo fuese encargada por el Gobierno de la investigación sobre supuestos sobornos de la compañía norteamericana Lockheed a personalidades españoles para la venta de sus aviones de transporte militar Hércules C-130, el titular de la misma, Antonio José García y Rodríguez Acosta, ha finalizado la información previa que el Gobierno le había encomendado, cuyos resultados expone en un amplio informe.

La Dirección General de Coordinación Informativa facilitó ayer tarde una nota en la que se recogen las conclusiones más importantes del mismo. Según las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Supremo, no existen indicios de soborno para favorecer las operaciones de la Lockheed en España, pero se han comprobado ciertas irregularidades en lo que se refiere a la administración de la compañía en nuestro país.El informe, fruto del análisis de la documentación remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos; de las declaraciones prestadas por distintas personas; informes recabados de los departamentos y entidades que han tenido relación con las compras de material de la Lockheed y otras numerosas diligencias practicadas, afirma que un total de cinco personas -dos militares y tres civiles- percibieron, en conjunto 73 millones de comisiones de la compañía norteamericana. Otros 38 millones, que según se deduce del informe correspondieron también a comisiones de dicha compañía, se atribuyen a gastos de personal y fondos actuales de la empresa Aviónica,representante de la Lockheed en España.

El fiscal afirma que entre los documentos examinados no hay ningunalista, como no sea la de personas a las cuales, con ocasión de las fiestas de Navidad, se hicieron regalos, unos doce anualmente, cuyo valor en conjunto no excedió de 90.000 pesetas. El informe no especifica a las personas que fueron entregados dichos regalos.

Según se afirma en la nota facilitada , el general Luis Rey Rodríguez y el coronel Carlos Grandal Segade -ambos sin autorización ni siquiera conocimiento de sus superiores- han sido los que llevaron, de modo secreto, la dirección de los asuntos de Aviónica, junto con Luis Sáenz de Pazos, en otro tiempo director de la empresa.

La mayor parte de las considerables comisiones asignadas por la Lockheed se repartió entre los señores Rey, Grandal y el titular deAviónica, Fernando Herce Valdivia, habiendo percibido alrededor de los veinte millones de pesetas cada uno. El señor, Sáenz de Pazos sólo percibió -según la nota- tres millones de pesetas.

Asimismo, , Miguel Angel Ximénez Embun, por su colaboración en la promoción de ventas, percibió unos diez millones de pesetas.

Señala también el informe que el dinero consignado por la Lockheed aAviónica no se envió directamente a España, sino que, en dólares, fue depositado en Suiza, en cuentas numeradas, e introducido clandestinamente, convertido en pesetas.

Cinco personas recibieron 73 millones en comisiones de la “Lockheed”

  • Según la Fiscalía del Supremo

La Dirección General de Coordinación Informativa facilitó ayer una nota en la que se da cuenta de que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha terminado la investigación sobre el asunto de la compañía Lockheed. Dicha nota afirma, en su tercer párrafo, que no existen indicios de soborno; seguidamente hace mención a una serie de regalos de Navidad, por valor de 90.000 pesetas, sin especificar las personas a las que fueron entregados.

A continuación da cinco nombres, los cuales percibieron, en conjunto, 73 millones de pesetas de comisiones de la Lockheed. Otros 38 millones, qué según se deduce de dicha nota correspondieron también a comisiones de dicha compañía, se, atribuyen a gastos de personal y fondos actuales de la caja de Aviónica, empresa representante de laLockheed en España.Las cinco personas que cita la Fiscalía del Tribunal Supremo son: Fernando Herce Valdivia, el general Luis Rey Rodríguez; él coronel Carlos Grandal Segade, Luis Sáenz de Pazos y Miguel Angel Ximénez Embun.

La nota de la Dirección General de Coordinación Informativa dice textualmente:

«El fiscal del Tribunal Supremo ha terminado la información previa sobre las actividades de la Lockheed que el Gobierno le habla encomendado, cuyos resultados expone en un amplio informe.

El informe analiza la documentación remitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que hizo una primera remesa de 95 fotocopias de documentos extraídos de los archivos de la Iockheed,enviada el 16 de julio de este año, y cuya traducción oficial fue entregada al fiscal el 26 de agosto; y la segunda, con el grueso de la documentación, constituida por 1.493 fotocopias, recibidas el día 5 del pasado octubre. Asimismo, se refiere el informe a las declaraciones prestadas por distintas personas, informes recabados de los departamentos y entidades que han tenido relación con las compras de material de la Lockheed y tras numerosas diligencias que se han practicado.

Las conclusiones son, en Io fundamental, que no existen indicios de soborno para favorecer tales operaciones comerciales cuyo desarrollo ha sido totalmente correcto.

«Regalos de Navidad»

Entre los documentos examinados no hay ninguna lista como no sea la de personas a las cuales, con ocasión de las fiesta de Navidad, se hicieron regalos, unos doce regalos anualmente, cuyo valor en conjunto no exceció de 90.000 pesetas.

Sin embargo, el informe señala que se han comprobado determinadas irregularidades en lo que se refiere al manejo de los asuntos de laLockheed en España y por parte de sus re presentantes, especialmente insinuando a las oficinas centrales de la compañía que podían ejercer presiones de influencia para apoyar sus operaciones, que necesitaban recursos económicos para ello y que sus comisiones debían ser elevadas en la cuantía, lo que en definitiva consiguieron para su beneficio personal.

La representación de la Lockheed en España la ostenta una sociedad anónima denominada Aviónica, en la que figuran como únicos accionistas Fernando Herce Valdivia, Genaro Meléndrez Cebrián y Francisco Company Almarche, según consta públicamente en las escrituras y en el registro mercantil, pero habiendo resultado de la investigación que los señores Meléndrez y Company lo único que hicieron fue prestarse la firmar la escritura sin realizar ninguna aportación al fondo social ni haber participado en la gestión ni en los beneficios de la empresa.

«Directores secretos»

No obstante, de modo secreto, quienes han llevado la dirección de los asuntos de A viónica han sido el general Luis Rey Rodríguez, el coronel Carlos Grandal Segade -ambos sin autorización, ni siquiera conocimiento de sus superiores- y, en un tiempo, el director de otra empresa, Luis Sáenz de Pazos, este apartado del grupo en marzo de 1973. El aparente titular de la companía, señor Herce, solamente ha ejercido una función puramente administrativa.

La mayor parte de las considerables comisiones asignadas por laLockheed, detraídos los gastos propios de la empresa y el pago de colaboraciones técnicas, se repartió entre los expresados señores Rey, Grandal y Herce, habiendo percibido alrededor de los 20.000.000-de pesetas cada uno. Sáenz de Pazos sólo percibió hasta el momento de su separación, unos 3.000.000 de pesetas.

Miguel Angel Ximénez Embun, por su colaboración en la promoción de ventas, percibió unos 10.000.000.de pesetas. Los gastos propios deAviónica, incluidos los de su personal y colaboradores técnicos, suponen durante el período examinado – 1971-1975- unos 18.000.000 de pesetas. En la caja de la compañía existen actualmente unos 20.000.000 de pesetas. Las cifras señaladas, aunque son meramente aproximativas y en números redondos, vienen a sumar el total de las comisiones percibidas de la Lockheed.

Como la sociedad no llevaba los libros de contabilidad reglamentarios,ni otros en los que aparezcan anotados los ingresos, gastos y repartos, los cálculos han sido hechos sobre datos penosamente obtenidos y que no tienen por tanto un valor indiciario, aunque no se distancien mucho de la realidad.

Señala también el informe que el dinero consginado por la Lockheed aAviónica no se envió directamente a España, sino que, en dólares, fue depositado en Suiza, en cuentas numeradas, e introducido clandestinamente, conyertido en pesetas, utilizando los servicios de contrabandistas de divisas, que se entendían con el señor Herce, el cual distribuía los fondos de modo privado, sin recibo, en billetes de banco, entre los interesados. Por el tráfico ilícito de divisas se sigue expediente en el Juzgado de Delitos Monetarios.

Las posibles responsabilidades que de los hechos puedan deducirse serán sustanciadas, por las jurisdicciones correspondientes, a las que el fiscal ha procedido a comunicar las actuaciones reafizadas.»

Nueve meses de espera

El escándalo de la Lockheed, por lo que se refiere a España, estalló a primeros de febrero de este año, desde Estados Unidos. El día 20 del mismo mes el Gobier no ordenaba que se abriese una investigación sobre el caso; el 18 de marzo una docena de procuradores en Cortes, encabezados por el señor Pedrosa Latas pedían a la presidencia de las Cortes una investigación a nivel parlamentario. El 21 de marzo la embajada española en Washington, a través de una nota verbal, solicitó del Gobierno estadounidense toda la documentación que pudiera tener sobre el caso.

El 2 de septiembre el señor Rodríguez Acosta declaraba que sólo tenía en su poder un anticipo de la documentación y es el 2 de octubre, cuando el ministro de Asuntos Exteriores señor Oreja Aguirre,que había viajado a Nueva York, declara que en la valija diplomática trae toda la documentación facilitada por las autoridades americanas, que el día 5 se entregó al fiscal del Supremo.

El día 26 de octubre el Ministerio del Aire facilitó una nota en la que anunciaba la separación, del servicio del general Rey y el coronel Grandal, supuestamente implicados en el soborno de la Lockheed.

CONSEJO DE GUERRA SOBRE EL “CASO LOCKHEED” 2.500 millones de pesetas para favorecer la venta del C-130 Hércules

[El pais 7 de junio de 1981]

El escándalo Lockheed, el caso más conocido, aunque no el más importante por el monto de las sumas empleadas, de sobornos realizados por compañías norteamericanas, saltó a la luz pública en febrero de 1976. La compañía Lockheed Aircraft había establecido seis años antes «un agresivo sistema de ventas», basado en destinar importantes sumas en concepto de comisiones a aquellas personas que, por el papel que desempeñaban en sus países, pudiesen influir decisivamente en la realización de pedidos de productos elaborados por la poderosa multinacional.El gigantesco iceberg comenzó a descubrirse a través de las investigaciones de un subcomité creado en el Senado de Estados Unidos para averiguar las actividades de la ITT en Chile, y que luego extendería su encuesta a las empresas multinacionales que trabajan en cualquier país. El subcomité estaba presidido por el senador demócrata Frank Church.

Alrededor de 38 millones de dólares (más de 2.500 millones de pesetas en aquella fecha) fueron empleados por la compañía para favorecer sus ventas, fundamentalmente el modelo de avión de transporte militar C 130 Hércules, en diferentes países. El escándalo afectó, además de España, a Suráfrica, Nigeria, Grecia, Holanda, Japón, República Federal de Alemania, Italia, Turquía, México y Colombia. Las últimas ramificaciones del asunto, puestas de manifiesto hace menos de un año, han salpicado también a Portugal.

Altas personalidades políticas, entre las que cabe citar al príncipe Bernardo de Holanda; a los ex ministro de Defensa de Italia Luigi Gui y Mario Tanassi; al ex ministro de Defensa alemán Franz Josef Strauss, y al ex primer ministro japonés Kakuei Tanaka, que fue encarcelado, se vieron presuntamente implicados en los sobornos que la compañía norteamericana repartió para potenciar las ventas de sus aviones.

Tres años después de iniciada la encuesta, el 3 de junio de 1979, se dio por finalizado el asunto Lockheed en Estados Unidos con una multa impuesta a la compañía de cuarenta millones de pesetas como castigo de los 150 millones repartidos entre funcionarios japoneses. Al presidente y vicepresidente de la compañía, que habían dimitido en febrero de 1976 como consecuencia del escándalo, les fueron retirados los cargos.

2.500 millones de pesetas para favorecer la venta del C-130 Hércules

La Conexión española

La conexión española de la Lockheed fue dada a conocer por la Prensa norteamericana en los primeros días de febrero de 1976. Las comisiones, que ascendieron a más de setenta millones de pesetas, estaban, al parecer, relacionadas con la compra de tres aparatos C 130 Hércules. Otros cuatro aviones de ese modelo habían sido adquiridos con anterioridad y el valor total de los siete aviones de transporte habría supuesto un total de 53 millones de dólares. Los pedidos se formalizaron durante el paso por el Ministerio del Aire de los generales Díaz-Benjumea y Cuadra Medina.

La fiscalía del Tribunal Supremo facilitó en noviembre de 1976 la primera información oficial sobre el caso Lockheed. El informe no hablaba de sobornos, sino de irregularidades de la empresa vendedora en España.

La representación de la Lockheed en España la ostentaba una sociedad anónima denominada Aviónica, en la que figuraban como únicos accionistas Fernando Herce Valdivia, Jenaro Meléndez Cebrián y Francisco Company Almarche. Relacionados con los asuntos de Aviónica estaban el general Luis Rey Rodríguez, el coronel Carlos Grandal Segade y, hasta 1973 en que fue apartado del grupo, Luis Sáenz de Pazos.

La mayor parte de las comisiones asignadas por la Lockheed, detraídos los gastos propios de la empresa y el pago de colaboraciones técnicas, se repartió entre los citados Rey, Grandal y Herce, a razón de aproximadamente veinte millones de pesetas cada uno. Sáenz de Pazos sólo percibió hasta el momento de su separación unos tres millones de pesetas. Miguel Angel Ximénez Embún, por su colaboración en la promoción de ventas, recibió unos diez millones de pesetas.

El dinero consignado por la Lockheed a Aviónica no se envió directamente a España, sino que, en dólares, fue depositado en Suiza, en cuentas numeradas, e introducido clandestinamente, convertido en pesetas, utilizando los servicios de contrabandistas de divisas, que se entendían con Herce, el cual distribuía los fondos de modo privado, sin recibo, entre los interesados. Por el tráfico ilícito de divisas se instruyó expediente en el Juzgado de Delitos Monetarios.

Consejo de guerra sobre el “Caso Lockheed” en España: escasa repercusión judicial

[Publicado en El país 7 de junio de 1981 Francisco Gor] El caso de los sobornos de la compañía norteamericana- Lockheed Aircraft -más de 2.500 millones de pesetas destinados a favorecer las ventas de sus aviones, fundamentalmente el avión de transporte militar C-130 Hércules, en varios países- se cierra judicialmente en España el próximo martes con un consejo de guerra ante el que comparece un único acusado: el coronel Grandal. El escándalo, que afectó en otros países a altas personalidades políticas, se centró en España en los accionistas de la empresa Aviónica, representante de fa Lockheed, que percibieron comisiones por valor de más de setenta millones de pesetas. Dos de ellos, militares, el general Rey, ya fallecido, y el coronel Grandal, fueron procesados bajo la acusación de haberse prevalido de sus cargos públicos en sus actividades privadas con ánimo de lucro. Otros tres civiles: Fernando Herce, Miguel Angel Ximénez Embún y Luis Sáenz de Pazos, no han tenido que responder de actividad alguna presuntamente delictiva.

Lo que a mediados de 1976 se perfilaba, al igual que el caso Matesa, como otro proceso a la corrupción del franquismo, con una amplia lista de implicados, se ha convertido cinco años más tarde en un juicio centrado en una sola persona, que deberá responder de la leve acusación de haberse prevalido de su cargo público en sus actividades privadas con móvil de lucro.El llamado caso de los sobornos de la Lockheed, muy confuso siempre en su dimensión jurídica, se cerrará judicialmente el próximo martes, con el consejo de guerra ante el que comparecerá el coronel Carlos Grandal, único de los cinco implicados oficialmente en noviembre de 1976 que deberá ante la justicia. El otro procesado en esta causa, el general de división Luis Rey, murió hace dos años, y los tres civiles inicialmente implicados: Fernando Herce Valdivia, Miguel , Angel Ximénez Embún y Luis Sáenz de Pazos, nunca fueron acusados de delito alguno, debiendo responder sólo el primero ante el Juzgado de Delitos Monetarios en un expediente abierto por tráfico ¡lícito de divisas.

Desde los primeros momentos, mientras la entonces Fiscalía del Tribunal Supremo estudiaba los documentos facilitados por el Departamento de Justicia norteamericano, los perfiles jurídicos del caso Lockheed en España se presentaron confusos, tanto en cuanto a la tipificación del delito como a la jurisdicción a la que correspondería su enjuiciamiento. Ya el informe hecho público por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 1976 concluía que no había indicios de soborno o cohecho, sino sólo determinadas irregularidades respecto a las comisiones percibidas por los representantes de la Lockheed en España. Esta confusión en la tipificación delictiva de los hechos mantuvo durante cierto tiempo la duda sobre la jurisdicción que debería conocer del asunto, si la ordinaria o la militar.

Finalmente, fue la jurisdicción militar la que se declaró competente, concretamente el Consejo Supremo de Justicia Militar, dado el grado de general de división de uno de los dos implicados militares. El fallecido general Rey y el coronel Grandal, director el primero del Servicio de. Control de Emisiones Radioeléctricas, y el segundo, subdirector general de Transporte Aéreo del Ministerio del Aire, fueron procesados en marzo de 1977 por haber infringido el estatuto de funcionario público como consecuencia de sus actividades privadas en Aviónica, SA, representante de la Lockheed en España. El auto de procesamiento se refería al artículo 198 del Código Penal, según el cual «la autoridad o funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, ejerciese alguna profesión directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones privadas con móvil de lucro, incurrirá en la pena de inhabilitación especial y multa de 5.000 a 250.000 pesetas».

Acción popular

En un intento de extender la acción judicial a todos los posibles implicados en los sobornos de la Lockheed en España, el abogado Miguel Cid Cebrián, defensor del periodista Eugenio Suárez, editor deSábado Gráfico, que fue procesado por la jurisdicción militar por publicar una lista de posibles implicados, presentó en diciembre de 1976 una querella en ejercicio de la acción popular contra las personas que resultaren responsables de dicho delito. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, al que correspondió la tramitación de la querella, resolvió no admitirla, dado que el asunto había pasado a ser competencia de la jurisdicción militar. Con el procesamiento de dos militares, producido en marzo de 1977, se cerraba en España un escándalo de soborno que en los países democráticos -Japón, Italia, Holanda- había salpicado a jefes de Estado y primeros ministros.

Los dos procesados, a los que en concreto se acusaba de haberse beneficiado de varios millones de pesetas en comisiones abonadas por la Lockheed, el primero de ellos defendido por el ya también fallecido José María Gil-Robles, y el segundo, por el abogado Horacio García de la Oliva, expusieron repetidamente ante el Consejo Supremo de Justicia Militar la versión de su participación en los hechos. «La compra de material bélico no ha tenido nunca la menor relación con los puestos militares desempeñados por el general Rey. Nadie ha pedido informes sobre ello a sus servicios, ni él ha realizado desde los puestos de confianza que el Ejército ha puesto en sus manos acto alguno susceptible de influir en los organismos que formulan las propuestas de compra de material», decía en resumen el abogado del general Rey en el recurso interpuesto contra el procesamiento de su cliente. El mismo abogado insistía en otro escrito dirigido ante, el Consejo Supremo de Justicia Militar en la necesidad de practicar todas las diligencias de prueba propuestas, ya que «se trata», decía, «de poner de manifiesto que hechos semejantes a los que han determinado el procesamiento del general Rey han sido realizados por otros militares».

Los dos procesados tampoco han estado de acuerdo con la calificación jurídica dada a los hechos por el juez instructor. En el recurso contra su procesamiento, presentado en marzo de 1977, el general Rey alegaba que ninguno de los puestos militares que habían ocupado tenían la menor relación con la adquisición de material; ser accionista de Aviónica no tenía nada que ver con la profesión militar del procesado, y no había intervenido en negocios mercantiles en cuanto intervención implica una actividad de gestión.

Testigos

El sumario sobre el caso Lockheed, concluido en septiembre de 1977, y terminado de calificar por el fiscal y por los abogados defensores de los dos procesados a mediados de 1978, se verá el martes próximo en consejo de guerra, exclusivamente centrado en la presunta participación en los hechos de un solo acusado: el coronel Grandal. El tribunal será presidido por el general de división del Estado Mayor del Aire, Tomás Juárez Redondo, jefe del sector aéreo de Madrid. y segundo jefe del mando aéreo de combate. Al juicio están llamados a declarar quince generales del Ejército del Aire, entre los que se encuentran el teniente general Ignacio Alfaro Arregui, presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y el teniente general Emiliano Alfaro Arregui, jefe de Estado Mayor del Aire.

Carrero Blanco decidió, en septiembre de 1972, la compra de los aviones C-130 Hércules ante la grave situación del Sahara

  • Comienza el consejo de guerra sobre el “caso Lockheed”

Carrero Blanco decidió en septiembre de 1972, ante la grave situación que se cernía sobre el Sahara español, la compra a la compañía norteamericana Lockheed Aircraft de aviories de transporte C- 130 Hércules, que sustituirían al avión español C-401, entonces en proyecto, según declaró el que era ministro del Aire en aquellas fechas, teniente general Julio Salvador y Díaz-Benjurnea, en una de las sesiones del consejo de guerra sobre el caso Lockheed en España, iniciado ayer en la sede de la I Región Aérea en Madrid. La decisión, según el testigo, fue adoptada en una reunión celebrada en San Sebastián entre el entonces presidente del Gobierno español, los ministros de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y el ministro de Hacienda.

Otros testigos afirmaron que el primer asesor de la compañía Lockheed en España, mediante la firma de un contrato por un año, fue el general Luis Rey, fallecido en marzo de 1980, y que sería uno de los dos militares que fueron procesados en España en relación con el caso Lockheed. Este asesoramiento fue asumido posteriormente por la compañía Aviónica, SA, de la que formaban parte el citado general Rey, el coronel Carlos Grandal -único acusado que ha comparecido finalmente ante la justicia-, Luis Sáenz de Pazos y Fernando Herce Valdivia, que comparecieron ayer ante el consejo de guerra como testigos. Estos cuatro, junto con Miguel Angel Ximénez Embum, que también declaró ayer como testigo, recibieron de la Lockheed setenta millones de pesetas por promocionar la venta de sus aviones en España.El consejo de guerra sobre el caso Lockheed en España se celebra cuando ya han pasado casi cinco años desde la fecha en que se hicieron públicos los nombres de los implicados españoles. La imprecisión de las respuestas del único acusado que ha comparecido finalmente ante lajusticia, salpicadas de frecuentes no sé o no recuerdo, podría ser una muestra del largo tiempo transcurrido entre el momento en que se descubrieron los hechos y su enjuiciamiento. De las cinco personas que, según la investigación oficial efectuada por la fiscalía del Tribunal Supremo en el verano de 1976, recibieron fuertes comisiones de la Lockheed, sólo fueron procesadas las dos que tenían carácter militar, y que desempeñaban determinados cargos en el Ministerio del Aire, bajo la presunción de haberse prevalido de sus cargos en sus actividades privadas ejercidas con móvil de lucro, en cuanto accionistas de Aviónica.

Tras la lectura del apuntamiento de la causa, especie de resumen de todas las actuaciones practicadas, el fiscal jurídico-militar y el abogado defensor procedieron al interrogatorio del acusado. Las preguntas del primero se dirigían a demostrar la participación voluntaria del coronel Grandal en Aviónica y en el carácter técnico y confidencial de los informes que entregaba a dicha compañía mientras que la defensa intentaba minimizar dicha participacion y calificaba a dichos informes de simples comentarios.

-¿Quién le habló de participa en Aviónica? -empezó su interro gatorio el fiscal.

-Fue en el año 1970, aproximadamente. No me acuerdo de la persona. Supongo que sería el general Rey, en alguna de nuestras conversaciones.

-¿Qué pensaba usted de Aviónica?

-Bueno, era una sociedad anónima que representaba a otras sociedades para facilitar la venta de sus productos.

-¿Sabía que Aviónica iba a ser representante o consultor de la Lockheed?

-No, no lo sabía.

-¿Dónde estaba usted destinado en el año 1970?

-En la cuarta sección del Estado Mayor del Aire, destinada al material aeronáutico y de servicios. Su misión era, entre otras, hacer informes sobre todo tipo de material aeronáutico.

-Cuando a usted le ofrecieron participar en Aviónica, ¿no pensó que podría haber incompatibilidad entre esta actividad y sus funciones en la cuarta sección?

-No. Me limité a comprar acciones.

-Sí -insiste el fiscal-, pero era usted accionista de una compañía que representaba a una sociedad que pretendía sus aviones.

-¿Recibió usted cantidades por valor de seis millones de pesetas?

-Sí; recibí una primera cantidad en 1972, estando de agregado aéreo en Londres.

-¿Antes de 1972, Herce no le dio una cantidad en billetes del Banco de España?

-No recuerdo.

-¿Y después?

-Sí, se hacían transferencias a una cuenta corriente en Madrid.

-¿En qué concepto recibió usted esas cantidades?

-Como dividendo de mis acciones.

-¿Sabe usted si la compañía Lockheed y Aviónica dieron comisiones a alguna otra persona del Ministerio del Aire?

-Lo ignoro.

En respuesta a las preguntas de su abogado defensor, letrado Francisco Javier Sáenz de Pipaón, el coronel Grandal precisó que no existía ninguna vinculación entre los trabajos efectuados por la cuarta sección del Estado Mayor del Aire y el programa de compra del C-130 Hércules, y negó que hublera tenido conocimiento del proceso de adquisión de dicho aparato.

-¿Es cierto que realizó usted un informe en la citada sección cuarta en la que desaconsejaba la compra del C-130 Hércules en favor de prototipos de la industria nacional?

-Sí; yo era partidario de que la industria nacional tomase auge y pensaba que debía potenciarse el proyecto del C-401.

Los primeros testigos en declarar, tras el interrogatorio del procesado por parte del fiscal y de su abogado defensor, fueron los otros dos accionistas de Aviónica, Luis Sáenz de Pazos y Fernando Herce Valdivia. El primero manifestó que en el año 1968 le ofrecieron la representación de la Lockheed en España, pero que, dado que tenía otras representaciones, se la ofreció al general Rey. Según el testigo, este último firmó un acuerdo durante un año como consultor o asesor de la Lockheed, y posteriormente la representación pasó a la recién constituida Aviónica, SA.

No se contabilizaban las acciones percibidas

-¿Quién llevaba la dirección de la compañía Aviónica?- preguntó el fiscal al testigo.-El general Rey, y antes, yo.

-¿Participaban en las decisiones adoptadas los cuatro accionistas?

-Las decisiones importantes no se adoptaban sin el acuerdo de los cuatro.

-¿Es cierto que una de las misiones de Grandal era facilita, un determinado tipo de información?

-Bueno, no se podía llamar información, eran más bien comentarios.

-¿Pero de qué tipo?

-Eran de tipo técrileo.

Por su parte, Ferando Herce Valdivia, que dirigió de hecho Aviónica, SA, en un segundo período, declaró que entró a participar en dicha compañía por invitación de «mi buen amigo Rey».

-¿Cómo se ingresaban las cantidades en Aviónica? -preguntó el fiscal al testigo.

-Algunas cantidades, en billetes, que entregaba un intermediario. Otras cantidades, mediante transferencia bancaria.

-¿Quién hacía el reparto entre los accionistas?

-Yo.

-¿Cómo se hacía ese reparto?

-Bien entregando billetes o mediante transferencias en cuenta corriente.

-¿Los beneficiarios de dichas cantidades no firmaban ningún recibo?

-No.

-¿Eran contabilizadas esas cantidades?

-No.

A preguntas del abogado defensor, el testigo declaró que en un principio la organización que Aviónica tenía para entrar en contacto con el Ministerio del Aire era dirigida por Luis Sáenz de Pazos y que, una vez separado éste de la sociedad, esta función fue encomendada a una compañía privada dirigida por Ricardo Fúster.

Posteriormente a la declaración de estos testigos se inició el desfile de una larga lista de testigos militares que ocuparon cargos de responsabilidad en el Ministerio del Aire. El primero de estos testigos fue el teniente general Ignacio Alfaro Arregui, actualmente jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, y que en aquellos años era jefe del Servicio de Planes y Programas del Ministerio del Aire.

-¿Cómo se hizo la adquisición de los C-130 H y de los CQ-130 H? -preguntó al testigo el abogado defensor.

-Nosotros teníanos elaborado un programa y, en base a este programa, teníamos estudiados los tipos de aviones que encajaban en él.

-¿Piensa usted que el coronel Grandal influyó de alguna manera en el cambio de política aeronáutica que se produjo entre mayo de 1972, en que se descartaba la compra de los C- 130 Hércules, a octubre del mismo año, en que se decidió la compra de estos aviones?

-No, no creo.

La declaración a continuación del que era ministro del Aire en aquellos meses del año 1972, Julio Salvador Díaz-Benjumea, era decisiva para saber las causas de este cambio tan radical en la política aeronáutica de aquel momento. Bajo su mandato, España adquirió a la Lockheed los primeros modelos, concretamente cuatro, del C- 130 Hércules. El ex ministro explicó así en el consejo de guerra el proceso de compra de este avión: «El presidente del Gobierno se reunió en San Sebastián con los ministros del Ejército, Aviación, Marina y Hacienda. Nos manifestó que la situación era muy grave en el Sahara español y que los tres ejércitos debíamos estar preparados. En lo que se refiere al Ejército del Aire, teníamos previsto adquirir material de transporte de tropas, pero dentro de la ayuda americana. Evidentemente, este material era viejo y el presidente insistía en la necesidad de tener material en buen uso. Al manifestarle yo que todo nuestro presupuesto estaba invertido en, otros proyectos, Carrero Blanco respondió que allí estaba el ministro de Hacienda para resolver el problema económico».

El consejo de guerra se reanudará hoy con las declaraciónes de nuevos testigos y, si éstas finalizan, con los informes finales del fiscal y del abogado defensor.

11/06/1981Edición Impresa

El fiscal acusa al coronel Grandal de atacar la honorabilidad de la aeronáutica militar española