Educación, desigualdad y empleo / Vicenç Navarro

Posted on 2015/04/23

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Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. Ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona

España se ha convertido en uno de los países más desiguales, no solo de la Unión Europea, sino también de la OCDE, el club de países más ricos del mundo. ¿Por qué? Una respuesta que está adquiriendo gran visibilidad ahí donde se cocina la sabiduría convencional del país, se centra en las grandes limitaciones del sistema educativo en España. En realidad, tales limitaciones se consideran también la causa del escaso crecimiento económico de este país, que se explica por la falta de gente formada, familiarizada con las nuevas tecnologías y conocimientos, que pueda responder a las necesidades del mundo productivo, compitiendo así en el mercado internacional. Constantemente se acentúa el mensaje de que el sistema educativo no está configurado para ayudar al mundo empresarial, que se encuentra con gran necesidad de trabajadores cualificados que puedan competir con los otros países avanzados tecnológicamente.

Pero, además de ser el sistema educativo insuficiente para responder a las necesidades de la economía, el sistema educativo español también ha sido criticado, con razón, por ser reproductor de las grandes desigualdades sociales existentes en el país a través del sistema dual de escuelas públicas y privadas (con un gasto por alumno muy dispar, a beneficio de la escuela privada, es un sistema dual que reproduce el sistema de clases sociales, muy marcado en España). De ahí deriva el gran diferencial de visiones entre las izquierdas y las derechas, las primeras a favor de la escuela pública, las segundas a favor del mantenimiento de la escuela privada (de propiedad de la Iglesia Católica en su mayoría).

La evidencia científica existente

No puede haber ninguna duda de que la dualidad del sistema escolar (público versus privado) es uno de los mayores factores de perpetuación de las desigualdades en España, y la expansión de esta dualidad, promovida por el gobierno del Partido Popular, las está reproduciendo e incrementando.

Habiendo dicho esto, es importante señalar que mientras hay evidencia de lo primero (de la reproducción de las desigualdades a través del sistema educativo), no hay evidencia de que el retraso económico español pueda deberse a las supuestas limitaciones del sistema escolar. Un análisis del sistema productivo señala que no hay déficit de trabajadores cualificados ni de profesionales avanzados en España. En realidad, hay más de los que el sistema productivo requiere, lo que explica su elevado desempleo y su éxodo a otros países. Hoy el mayor número de puestos de trabajo continúan estando en los puestos de baja cualificación. Lo que precisamente se requiere es cambiar estos puestos de trabajo para darles mayor responsabilidad y creatividad en el desarrollo de sus funciones, una tarea poco prioritaria en el sistema empresarial.

¿Qué está ocurriendo?

La raíz del problema es la estructura económica del país, donde predominan los sectores de baja productividad. Pero esta situación en sí no tendría por qué ser un problema, pues sectores de baja productividad pueden convertirse en sectores de alta productividad mediante inversiones en el puesto de trabajo. Y ahí está el quid de la cuestión: la falta de inversión en mejorar los puestos de trabajo, una de las más bajas de la UE. El empresario no siente ninguna presión de invertir cuando le es tan fácil conseguir trabajadores mal pagados. Si le fuera difícil, invertiría más, para que cada trabajador produjera más. Y ahí está el meollo del problema. Salarios bajos determinan baja productividad.

Pero este entendimiento del problema que tiene la economía española desplaza el punto de atención del trabajador al empresario, el cual tiene mucho más poder que el primero. Ello explica que se hable muchísimo menos de intervenciones sobre el empresariado, incluyendo su gran acumulación de beneficios a costa de ofrecer salarios bajos. Ahí es donde aparece la raíz de la desigualdad, en la excesiva concentración de los beneficios en sectores muy minoritarios de la población. Pero las soluciones pasan por unas políticas fiscales mucho más intervencionistas y más redistributivas, tema tabú hoy en día.

Una medida que Juan Torres y yo sugerimos en el documento preparado para Podemos, que en su original se titulaba Democratizar la economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la calidad de vida. Una propuesta de debate para solucionar los problemas de la economía española, y que Podemos cambió a Un proyecto económico para la gente (del cual apenas se ha oído más), fue la de establecer el derecho al trabajo garantizado por el Estado, a nivel central, autonómico o local. Esta medida podría desarrollarse de muchas maneras (que detallamos en el documento), desde incentivar la creación de empleo por parte del sector privado a la provisión de empleo con financiación pública. Intentábamos con este tipo de medidas recuperar las políticas públicas que caracterizaron a los gobiernos socialdemócratas del norte de Europa, caracterizadas por alcanzar el pleno empleo con salarios altos y condiciones de trabajo satisfactorias, todo ello fruto de tener unos sindicatos fuertes (el 70% de la población laboral está sindicalizada), y un mundo del trabajo fuerte, con instrumentos políticos próximos a tal mundo que han gobernado durante la mayoría de años desde la II Guerra Mundial.

Como consecuencia de ello, el porcentaje de la población adulta que trabaja es muy elevado (82%), siendo ello causado, en gran parte, por la elevada participación de la mujer en el mercado de trabajo. Estas tasas de participación explican que el número de trabajadores que crean riqueza y pagan impuestos sea muy elevado. Por otra parte, la elevada participación de la mujer al mercado laboral crea la necesidad de mayor trabajo, no solo como consecuencia de aumentar el consumo, sino también porque exige que alguien haga la tarea realizada anteriormente por la mujer en sus labores familiares.

En el sur de Europa

La debilidad del mundo del trabajo en el sur de Europa explica que raramente las políticas de pleno empleo hayan sido prioritarias en los gobiernos, incluyendo los de izquierdas, que raramente han considerado que sea responsabilidad del Estado crear buen empleo. Esta situación se ha visto reforzada por otro argumento, procedente de sensibilidades neoliberales (pero que han pasado a ser absorbidas por algunos sectores de las izquierdas), y que asume que el gran avance de la productividad y la tecnología hace prever un futuro con pocos puestos de trabajo. Esta suposición carece, sin embargo, de credibilidad, pues las necesidades humanas, incluyendo las desatendidas, son enormes. A la luz de la evidencia existente, no puede concluirse que el bajo porcentaje de la población que trabaja en España se deba a su elevada productividad o a haber alcanzado ya nuestras necesidades cubiertas. Se debe a la escasísima prioridad que han tenido las políticas públicas destinadas en alcanzar pleno empleo, tomando como objetivo la producción de buen empleo, facilitando la participación de la mujer y de los jóvenes en el mercado de trabajo. Las políticas que se han estado siguiendo por los gobiernos españoles en respuesta a la crisis –sus reformas laborales y sus recortes- han empeorado incluso más la situación de empleo, acelerando la destrucción de empleo, lo cual se ha acentuado todavía más con los recortes de gasto público y la bajada de salarios, creando un enorme problema de demanda, convirtiendo a España no solo en uno de los países de la Eurozona con mayor desempleo, sino también con un mayor porcentaje de la población sin empleo. Ahí están las raíces de la miseria y la pobreza en la que viven grandes sectores de la población en España.

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