Justicia en Vegueta. Sobre las víctimas en la fosa del cementerio de Las Palmas / Pedro A. García Bilbao

Posted on 2016/06/07

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Vegueta


Justicia en Vegueta. Sobre las víctimas en la fosa del cementerio de Las Palmas

Pedro A. García Bilbao. Federación Estatal de Foros por la Memoria

Pedro A. García Bilbao en el archivo del cementerio Vegueta (Las Palmas)

Pedro A. García Bilbao en el archivo del cementerio Vegueta (Las Palmas)

Quienes se opusieron al golpe de estado y la dictadura en Canarias fueron perseguidos y en muchos casos, asesinados. De una parte de ellos nunca se encontrará rastro pues fueron arrojados al mar o a lugares desconocidos, otros fueron objeto de parodias de juicio, ejecutados y acabarían en fosas de los cementerios establecidos, registrada su entrada, pero negándoseles a ellos y sus familias el derecho a conocer el punto exacto y a señalar con una placa sus nombres: A eso se llegó, a negar a las familias el duelo, el dolor público, el poder disponer de un lugar donde llevar flores y ligar el recuerdo del ser querido con un espacio concreto: una monstruosidad más que se ha prolongado sutilmente hasta el presente. Esto es algo que debe acabar ya de una vez. No hay excusa ninguna, la sociedad y el estado democrático deben actuar y tomar medidas.

En esta geografía del horror al que España fue arrojada por los golpistas y la dictadura, encontramos diversos tipos de fosas: aquellas de uso claro para deshacerse de los cadáveres de los asesinados como fueron las clandestinas, en cunetas y campos, o las ligadas a campos de concentración y cárceles, pero también las que radicaban en los cementerios y eran de uso civil normal. Nadie debe olvidar la magnitud del crimen: según datos oficiales del propio régimen, los ejecutados en la postguerra superaron los 170.000, un horror tal que no es de extrañar que a día de hoy, en 2016 siga siendo difícil para nuestra sociedad mirarlo de frente, habida cuenta de que la impunidad con la que se llevó a cabo, se prolonga hasta el presente.

La fosa de uso común del cementerio de Vegueta en Las Palmas, fue usada durante décadas en el empleo propio de los cementerios. Se sabe incluso que la fosa fue abierta en varias ocasiones y que se produjeron traslados al osario. La estimación de cuerpos allí inhumados, es del orden de varios miles. Pretender que es fácil o seguro localizar e identificar un cuerpo concreto entre tal magnitud de enterramientos en fosa, resulta no sólo aventurado sino irresponsable, si además se induce a hacer creer a los familiares que resulta efectivamente posible hacerlo con certeza. No lo es. De lo que sí existe certeza, es que la fosa de Vegueta fue el lugar donde varias decenas de personas que se opusieron al golpe de estado de 1936, acabaron siendo enterradas tras su asesinato con pretensiones de legalidad por los tribunales golpistas. En todos estos años, no ha habido ni un recuerdo, ni una placa, nada que recordase a las víctimas, a las que tenían familia y a las que no. El dictado de muerte y olvido se prolonga hasta ayer mismo, pero hoy está a punto de acabar.

El ayuntamiento de Las Palmas ha establecido el compromiso firme de considerar Vegueta como un espacio de memoria y situar en la fosa las placas con los nombres y el recuerdo privado y público que merecen los allí inmolados; Son todos ellos ciudadanos que hicieron de sus vidas un ejemplo honrado por la libertad y la justicia social y que la sociedad democrática debe reconocer como propios. La justa reclamación de los familiares para recuperar los restos de los seres queridos está fuera de toda duda, y los poderes públicos tienen la obligación moral de ayudarles a conseguirlo, con la sola limitación de lo técnicamente posible. La disposición del terreno y características de la fosa de Vegueta presentan limitaciones serias de tipo técnico a este empeño. La composición del suelo, los usos de la fosa, la historia de sus aperturas y cierres, sus dimensiones, su ratio de represaliados/inhumados, el desfase entre datos registrados y las ubicaciones concretas, configuran un escenario en el que afirmar que es posible localizar con certeza restos concretos en condiciones de ser identificados, —animando expectativas al punto de jugar con los sentimientos de los familiares, es sencillamente indecente.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha llevado a buen término una quincena de exhumaciones de fosas comunes del franquismo en varias comunidades autónomas, todas ellas realizadas por profesionales y expertos de diversas disciplinas (arqueólogos/as, antropologos/as forense, historiadores, documentalistas, juristas, etc…) actuando siempre como voluntarios sin percibir ningún tipo de remuneración por una labor concebida como trabajo estrictamente militante. Nuestra experiencia en este campo nos hace llegar a una conclusión definitiva: el lugar que presenta más dificultades técnicas para llevar a cabo una exhumación viable y sobre todo una identificación positiva de restos, es, con mucha diferencia, la fosa de uso común de un cementerio.

Aquellos que cayeron ante piquetes de ejecución tras simulacros de jucio no son desaparecidos, el crimen cometido está probado por la documentación del proceso, por las actas de los jucios, por las sentencias, las ordenes de ejecucion y por los registros de entrada en los cementerios; aunque los cuerpos no aparecieran, su suerte y el crimen están probados. Lo que impide la accion de la justicia es que el franquismo sigue siendo legal, como prueba que son reconocidos como tales sus tribunales y sentencias y que sus víctimas siguen siendo legalmente criminales. Esta injusta situación no depende de los ayuntamientos actuales, sino del conjunto del estado. Se hace preciso el compromiso político de los diputados y del gobierno para acabar con esto. Si estas muertes fueran legalmente crímenes, sería el estado, a través de la administración de Justicia quien actuaría; hemos de movernos en el marco actual, obviamente, pero siempre sin perder la perspectiva de fondo.

Quienes estamos exponiendo esta posición estamos siendo atacados. Se nos ha llamado intrusos en Canarias y en el colmo del despropósito, «comunistas», usado despectivamente. Los compañeros de San Lorenzo que yacen en Vegueta eran también comunistas. Nos sentimos a su lado; son, desde luego, nuestros compañeros, como lo son todos los que cayeron a manos de los golpistas, no importa su filiación política; el fascismo no hizo distingos entre quienes defendieron las libertades en Canarias y en España. Quienes así pretenden atacarnos se descalifican por sí solos.

Tenemos la obligación moral de hablar claro, en unos casos será posible recuperar los cuerpos, en otros, sencillamente, no lo será, pero en todos los casos, lo que sí podemos hacer, es exigir a los poderes públicos que les reconozcan como es debido, que el estado haga suya su memoria y su defensa, que dignifique los espacios, que construya los memoriales públicos que se precisan, que se repare económicamente a las familias —pues no se olvide que se expolió y robó a las víctimas—, que se declaren nulos los tribunales y sentencias golpistas, que sea el estado y la justicia quienes se ocupen integramente de estas cuestiones y que se ponga fin a esta indigna política de «privatizar» la memoria que puede convertirse en terreno propicio para el abuso y la manipulación del dolor. Estas exigencias son de justicia. Pido a todas las personas y organizaciones en Canarias que se sumen a estas demandas y otras que estamos intentando hacer avanzar en el conjunto del estado. No es el momento de dividirnos, por el contrario, avanzamos en un frente común. Algunos de estos retos son competencia del estado central, otros del gobierno autónomo, del cabildo o del ayuntamiento, pero es obligación de todos los demócratas y antifascistas exigirlos. No es la dignidad de las víctimas la que está en juego, sino la del estado democrático. En su nivel de competencias, el actual Ayuntamiento de Las Palmas está actuando con compromiso y buen sentido. Unámonos en esta lucha. Es de justicia.

Enlace: http://www.foroporlamemoria.info/seccion/exhumaciones/