¿Qué pasa en Catalunya?: lo que no se dice en los medios, ni en Catalunya ni en España / Vicenç Navarro

Posted on 2017/09/17

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JULIO 11, 2017. VICENÇ NAVARRO. Autor del libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante

Como mostré recientemente en un artículo presentado en este rotativo (“El mayor problema que tiene Catalunya del cual no se habla: la crisis social”, Público, 30.06.17), la crisis social en Catalunya ha adquirido unas proporciones dramáticas, desconocidas antes durante el periodo democrático. Nunca antes, desde que la democracia se restableció en 1978, las clases populares catalanas habían visto su calidad de vida y bienestar deteriorarse de una manera tan acentuada como ha ocurrido durante los años de crisis económica y financiera conocidos como la Gran Recesión. El desempleo, la baja tasa de ocupación, la precariedad en el trabajo, el descenso de los salarios y el empeoramiento de las condiciones de trabajo caracterizan el mercado de trabajo catalán, afectando muy negativamente el nivel de vida de las clases populares, que representan la mayoría de la población en Catalunya. Tales condiciones están teniendo un impacto devastador entre la juventud, que está perdiendo la esperanza de tener un mundo mejor que el de sus padres. Sus ingresos en términos proporcionales son menores (en su capacidad adquisitiva) que los que sus padres tenían a su edad, determinando con ello un descenso generacional en su estándar de vida.

Esta enorme crisis, resultado del gran deterioro del mercado de trabajo, que ha tenido un efecto devastador en la calidad de vida de las clases populares, ha ido acompañada de unos recortes de los fondos públicos disponibles para financiar las trasferencias y los servicios públicos del Estado del Bienestar en Catalunya (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas guarderías-, servicios domiciliarios, servicios y transferencias para la prevención de la pobreza y de la exclusión social, entre otros). En realidad, los recortes del gasto público social, que incluye el gasto en tales transferencias y servicios públicos, realizados por el gobierno de la Generalitat de Catalunya han sido de los más acentuados en España y en la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo económico al existente en Catalunya y en el resto de España.

Es muy importante señalar que estos recortes se han hecho por el gobierno catalán en unas transferencias y servicios públicos del Estado del Bienestar que estaban ya muy poco financiados, con lo cual, tales recortes han tenido un impacto muy negativo en dichas transferencias y servicios, permaneciendo, como consecuencia de ello, entre los Estados del Bienestar menos financiados en España y en la UE-15, muy por debajo de lo que la economía catalana permitiría (ya antes de la crisis Catalunya tenía un gasto social de casi 20.000 millones de euros menos de lo que le correspondía por su nivel de riqueza).

¿Por qué este subdesarrollo social y esta crisis social?

Una de las respuestas más frecuentes a estas preguntas en el establishment político-mediático catalán es que tal subdesarrollo social (siendo el gasto público social en Catalunya uno de los más bajos de la UE-15) y tal crisis social (unos de los recortes de gasto público social más acentuados y uno de los niveles de desempleo y precariedad más altos de la UE-15), con uno de los niveles salariales más bajos de tal comunidad europea, es resultado de la articulación de Catalunya dentro del Estado español. La culpa de todo ello es del Estado central. Esta externalización de responsabilidades es muy común en la cultura existente en el territorio ibérico. El gobierno español justifica la aplicación (e imposición) de políticas altamente impopulares indicando que no tiene otras alternativas, pues así se lo instruyen Bruselas, o Frankfurt o lo que sea. Y en Barcelona, el gobierno de la Generalitat de Catalunya añade, además de Bruselas y Frankfurt, Madrid.

Esta explicación pasa de puntillas y deliberadamente oculta una de las mayores causas del subdesarrollo social de Catalunya y de la enorme crisis social en la que esta se encuentra, y que es ni más ni menos que el enorme dominio que las derechas (partidos conservadores y liberales) han tenido en las instituciones económicas, financieras, mediáticas y representativas de Catalunya durante todo el periodo democrático. La coalición de un partido de derechas perteneciente a la familia liberal europea, Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, y de un partido de derechas perteneciente a la familia conservadora democratacristiana, Unió Democrática de Catalunya, UDC, ha gobernado Catalunya durante la mayor parte de tal periodo. En realidad, Catalunya ha estado gobernada 30 de 37 años por las derechas, es decir, 9 de 11 legislaturas, mostrando la gran hegemonía de las derechas (solo superada en España por Galicia y Castilla y León, gobernadas por el PP, y el País Vasco, gobernado por el PNV).

Dentro de esta coalición gobernante en Catalunya ahora, CDC (ahora llamada PDeCAT) ha sido la fuerza hegemónica. Y esta fuerza política continúa ahora siendo hegemónica en la mayoría de los aparatos de la Generalitat de Catalunya, presididos por el Sr. Carles Puigdemont, dirigente del PDeCAT, partido que es a su vez presidido por el ex presidente Artur Mas. Es cierto que la coalición Junts Pel Sí incluye, además de CDC, primordialmente a ERC (un partido hoy independentista), así como personas independientes no afiliadas a ningún partido. Pero la herencia de 30 años de ideología nacionalista conservadora es todavía clara en la cultura política promovida por la Generalitat de Catalunya. Ni que decir tiene que ERC es un partido amplio de sensibilidades políticas diferentes, incluyendo la izquierda, unidas todas ellas por un compromiso por la independencia, ideología que respeto y que es totalmente legítima, aunque yo no la comparta, aclarando que no me opondría a ella, naturalmente, si ello fuera el deseo de la mayoría de la población en Catalunya, lo cual es obvio que no se da en la situación actual. Dicha aclaración no diluye mi percepción de que el movimiento independentista esta hoy institucionalmente dirigido por el gobierno de Junts Pel Sí, coalición dentro de la cual el PDeCAT es la primera fuerza. De ahí que es importante que se informe sobre qué es CDC y su sucesor, el PDeCAT, lo cual no puede reducirse a una mera definición de ser un partido nacionalista conservador, ahora pro independencia.

Los herederos del pujolismo, ideología y modus operandi que continúa

Para entender Catalunya, hay que conocer a dicho partido, CDC, fundado por Jordi Pujol y que ha sido el eje del pujolismo, una ideología nacionalista conservadora que siempre ha considerado la Generalitat de Catalunya como su propiedad individual, familiar y colectiva, extendiendo su influencia a través de unas políticas de tipo clientelar, con prácticas intensamente corruptas. Era, y continúa siendo, la versión catalana del caciquismo en su expresión más primaria. En realidad, tiene grandes semejanzas con el Partido Popular en el resto de España. Ambos eran y son partidos nacionalistas (españolista el PP, y catalanista CDC) y patrimonialistas (que consideran el Estado que gestionan como suyo). Es lo que Pablo Iglesias ha definido acertadamente como nacionalpatrimonialismo. Su largo dominio en el gobierno se debe a su claro encaje en la estructura de poder económico, financiero y mediático del país. Su dominio sobre los medios públicos de información de la Generalitat es casi absoluto. E influencia también en gran manera a los privados a base de subvenciones amplias (a modo de ejemplo, en 2015 la Generalitat de Catalunya otorgó 810.719 euros a La Vanguardia; 463.987 a El Periódico de Catalunya; El Punt Avui recibió 457.496; y el diario Ara, 313.495 euros). En consonancia con esta práctica, ya ha amenazado a los medios de comunicación con no proveer de tal subsidio en caso de que no promuevan su ideario a raíz del mal llamado referéndum. En TV3, sus programas económicos son de orientación ultraliberal, los cuales son conducidos por uno de los gurús económicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i Martín, economista catalán, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido Republicano de aquel país. Es más que probable que el Ministro de Economía y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalición liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien próximo a él en su orientación política.

Las complicidades del establishment político-mediático catalán con el establishment político-mediático español

El nacionalpatrimonialismo pujolista continúa ejerciendo gran influencia en las instituciones de la Generalitat, y a través de estas, la vida intelectual política y mediática de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores instrumentos políticos responsables de la aplicación de las políticas públicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de España), y de la crisis social creada por la Gran Recesión. CDC apoyó las reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de trabajo, así como la austeridad del gasto público que guió los recortes al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideología liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martín en su programa de TV3).

Las consecuencias del neoliberalismo

Como resultado de la aplicación de tales políticas, las rentas del trabajo en Catalunya han descendido, pasando de ser un 50% a un 46% de todas las rentas, durante el periodo de la crisis, 2008-2016, mientras que las rentas del capital han aumentado, pasando de un 42% a un 45% durante el mismo periodo. Que ello pasaría era entonces fácilmente predecible, como denuncié en su día. Como también era predecible, se ha producido un gran crecimiento de las desigualdades, que se han disparado, habiéndose incrementado la distancia entre el 20% de la población más rica y el 20% más pobre de 5 a 6 veces durante el mismo periodo. Estas políticas neoliberales se han hecho en colaboración con el PP, estableciéndose una complicidad no solo en las áreas económicas y sociales, sino también en las políticas, complicidades que han permitido el control por parte del PP de las Cortes Españolas, cuya presidenta, Ana Pastor, fue elegida con el apoyo de CDC, y cuya abstención en la moción de censura contra el gobierno del PP contribuyó a mantener al “supuestamente odiado” Rajoy en el poder. Los intereses de clase siempre toman prioridad sobre los intereses de nación en las derechas nacionalistas catalanas, para las cuales el mayor enemigo son las nuevas izquierdas. Y lo que pasa en los pasillos de las Cortes Española es un claro ejemplo de ello.

El silencio mediático sobre las causas de la enorme crisis social catalana

Como era de esperar, de todo esto no se habla o se escribe hoy en Catalunya. Este es el gran éxito del establishment político-mediático hegemonizado por los herederos del pujolismo, y ello con la ayuda de grandes sectores de la intelectualidad catalana, incluyendo algunas figuras que se consideran de izquierdas. CDC (PDeCAT) continúa hegemonizando la Generalitat de Catalunya, intentando influenciar sobre la movilización político-social que promueve el referéndum, centrándose en la confrontación entre el gobierno Rajoy, por un lado, y el gobierno de Junts Pel Sí, por el otro. Esta dualidad, presentada como el enfrentamiento entre España y Catalunya, es clave para su intento de movilización.

La aceptación de esta estrategia es resultado de la enorme insensibilidad del Estado borbónico hacia el carácter plurinacional de España, Estado que ha sido el mayor promotor del independentismo en Catalunya. Ni que decir tiene que este enfrentamiento asume la invariabilidad del Estado español, tesis fuertemente sostenida cuya intensidad alcanza niveles de clara hostilidad hacia los que no están de acuerdo con dicha estrategia, siendo acusados de antidemocráticos o, peor aún, de tener un escaso compromiso con Catalunya, tal como hizo Pilar Rahola, el personaje mediático más parecido a Eduardo Inda en Catalunya (grosera, maleducada, que no deja hablar al adversario y que manipula en extremo), con Xavier Domènech. Y algunas voces de izquierdas han llegado incluso a presentar tal llamada a votar en el referéndum como una continuación del 15-M en su lucha por la democracia. Tales voces parecen ignorar que el 15-M rodeó el Parlament de Catalunya, forzando al president Mas a acceder al Parlament en helicóptero, en protesta por las políticas neoliberales. Viví aquella situación, pues el 15-M me invitó a dar una charla delante del Parlament (cuando este estaba rodeado de manifestantes del 15-M) en protesta por las políticas que el gobierno había propuesto y que el Parlament iba a votar. No se pudo hacer la charla porque la policía nos expulsó. Es paradójico que ahora se pida al 15-M que rodee el Parlament, dirigido por los sucesores de Mas, para protegerlo. Además de incoherente, es absurdo que el 15-M se presente como un precedente a la movilización que se presenta mediáticamente como dirigida por un gobierno liderado por los continuadores del president Mas. Naturalmente que soy consciente que el Parlament estaría ocupado por muchas otras fuerzas políticas además del PDeCAT, pero dicho Parlament seguiría liderado por un gobierno en el que los herederos del pujolismo de siempre serían la fuerza hegemónica.

El llamado referéndum no es un referéndum

Mis comentarios críticos no son a favor o en contra de la independencia, sino sobre la manera como esta se está proponiendo, y que en parte (y solo en parte) se debe a la oposición del Estado central. La realización del referéndum requiere toda una serie de condiciones que garanticen que se realice en un contexto democrático. Democracia es mucho más que votar en unas urnas: requiere libertad democrática con pleno acceso a los medios de información por parte de las distintas opciones consideradas en el proceso de decisión que debe realizarse en el momento de votación. Existe hoy, sin embargo, una muy acentuada falta de diversidad en los medios públicos de la Generalitat Catalunya, realidad que, por lo visto, no han percibido algunos compañeros de viaje de izquierda, que han visto recompensadas su apoyo al referéndum y su crítica a aquellas fuerzas, como Catalunya en Comú (que lo critican), gozando de un amplio espacio mediático poco accesible a las opciones que cuestionan el referéndum. En realidad, el gobierno de la Generalitat está hoy utilizando su comportamiento clientelar (dando amplios recursos financieros a los medios privados) a fin de promocionar su estrategia política. Es un caso abusivo de utilización de los medios públicos para fines partidistas.

Otra condición para que el referéndum sea considerado democrático es el principio de la mayoría, un eje rector de cualquier proceso democrático (hecho subvertido por la propuesta de Referéndum de Independencia del Govern, que convierte el principio de la mayoría por el principio de la minoría, tal como señalaré más adelante). Otras condiciones violadas por el proyecto del referéndum es el de haberse saltado el propio Estatut de Catalunya, así como el Parlament de Catalunya, que hasta ahora no ha sido consultado, basándose en una mayoría parlamentaria que no representa a la mayoría de la población catalana.

La vía antidemocrática hacia la independencia

La mayoría que el tripartito independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) tiene en el Parlament está basada en una ley electoral que es la misma, repito, la misma, que fue transferida de España a Catalunya, sin que Convergència deseara cambiarla (como tampoco quiso cambiarla el PP). Tal ley es escasamente proporcional, y debido al sesgo conservador, dio la mayoría a unos partidos que en realidad representaban a una minoría. Tal tripartito recibió un número de votos menor que los no independentistas. Atribuirse la representación de la mayoría de la población es faltar a la verdad. Sumando los votos de los tres partidos independentistas en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, se obtiene una cifra menor (1.966.508 votos) que sumando los votos de los no independentistas (2.147.736 votos). La mayoría proindependentista en el Parlament no se corresponde con la mayoría popular, que no es independentista.

Pero esta situación escasamente democrática alcanza su forma extrema en la Ley del Referéndum, en la cual se indica que el resultado del referéndum es vinculante (artículo 4.3), sin especificar el porcentaje mínimo de votantes. En realidad, tal ley aclara que ganará el que sume más votos (sin indicar un mínimo de participación), proclamándose la independencia cuarenta y ocho horas después de conocerse el resultado del referéndum en caso de que sea afirmativo. Lo que ello implica es que si se consiguiera el mismo porcentaje de votos a favor de la independencia sobre el número de catalanes que podrían votar que se logró el 9-N (1.861.753 votos del SÍ-SÍ sobre 5,4 millones de personas), resultaría que el número de votos a favor del SÍ representaría solo un 34% de toda la población que pudiera votar, lo cual querría decir que prácticamente dos terceras partes de los catalanes no habrían dicho SÍ a la independencia. En base a este bajísimo porcentaje se declararía la independencia en 48 horas. Ello sería un acto profundamente antidemocrático carente de credibilidad internacional.

No es un referéndum

La manera como se está utilizando el mal llamado referéndum por parte de los partidos gobernantes en la Generalitat de Catalunya conseguiría que del 80% al 90% del voto fuera a favor de la independencia, en un proceso de muy baja participación. Ocurriría lo mismo que ocurrió en el 9-N, que fue el proceso electoral en Catalunya con menor participación durante el período democrático postfranquista. Solo un 36,6% de catalanes votaron, mucho más bajo que en las elecciones autonómicas del 2012 (67,7%), que en las elecciones generales del 2011 (un 66,8%), que en el referéndum del Estatut del 2006 (48,8%) y que en las elecciones europeas del 2014 (47,6%). Que solo un tercio de los catalanes decidiera el establecimiento de la independencia no puede ser la base para que ocurra un hecho tan significativo como este. Y crearía un estallido social en Catalunya. Creerse que la mayoría de la población catalana aceptaría una decisión de tal envergadura votada solo por un tercio de la población que podría votar, es no conocer Catalunya. La pregunta que debería hacerse es por qué habría una participación tan baja en dicho referéndum, y una de las causas de ello es la identificación institucional del independentismo con el gobierno de la Generalitat de Catalunya que ha sido responsable de la crisis social que ha afectado tanto a las clases populares en Catalunya.

Naturalmente que el movimiento independentista también recoge una protesta frente a la crisis social descrita en este artículo, pero el hecho de que sea el PDeCAT hoy la fuerza dirigente en el gobierno de la Generalitat que dirige tal movilización tendría influencia en esta elevada abstención. Las clases populares son conscientes de que detrás de un supuesto conflicto España-Catalunya ha habido una alianza de las derechas españolas y catalanas que ha provocado el deterioro de su calidad de vida y bienestar. Y de ahí el enorme silencio sobre este tema en Catalunya y en España, silencio que tiene como función dar mayor visibilidad al tema nacional asumiendo que la independencia resolvería en sí la enorme crisis social, considerando, erróneamente, que el nuevo Estado tendría una vocación resolutiva de dicha crisis, lo cual es altamente cuestionable, pues dependería de los partidos que gobernaran esta Catalunya independiente. Una transición que fuera una continuación del dominio de las derechas en el Estado catalán sería la continuación de la crisis. La evidencia de que ello sería así es abrumadora.

Todas estas consideraciones quedan olvidadas en un proceso de transición claramente idealizado en el que los enormes problemas que podrían crearse, y que podrían afectar a las clases populares, quedan marginados. Es así como la derecha catalana intenta utilizar el mal llamado referéndum como una táctica electoral que se beneficia de las elevadas tensiones entre Catalunya y España, a fin de movilizar su apoyo electoral.

Esta afirmación no implica, en absoluto, que la movilización que está teniendo lugar en Catalunya a favor de la independencia sea un mero instrumento creado por los partidos gobernantes, lectura generalizada en el establishment político-mediático español. Dicho movimiento incluye muchísimas sensibilidades políticas, y como movimiento contestatario lo valoro positivamente. Ahora bien, no hay duda, desde mi punto de vista, que la manera como la Generalitat de Catalunya está intentando dirigirlo incluye un deseo de instrumentalizarlo que disminuye dramáticamente su potencial de cambio. En realidad, el independentismo, al monopolizar el soberanismo o derecho a decidir, está haciendo un flaco favor a la posibilidad de una amplia movilización de las clases populares, que no siendo independentistas, desean un cambio profundo en Catalunya y en España. El independentismo no será vehículo para realizar tales cambios.

¿Cuál debería ser la alternativa?

Creo que debería mostrarse que es imposible crear una nueva sociedad democrática a través de un instrumento claramente antidemocrático como está resultando ser el mal llamado referéndum. Considero que es esencial que las fuerzas que creen en el referéndum democrático presenten y defiendan una alternativa, ilusionante y creíble que presente una propuesta de futura Catalunya, poniendo la resolución del tema social como central en la discusión del tema nacional, indicando que aquellos que son responsables del enorme retraso social de Catalunya no pueden liderar el proceso de cambio en Catalunya, pues la nueva Catalunya que promueven sería una continuación de la ya existente. Creo que para las izquierdas es fundamental que se defina el concepto de nación, identificando nación primordialmente con la población, de la que las clases populares son la mayoría, afirmando que aquellos que aman más a Catalunya son aquellos que hacen más por las clases populares, denunciando a aquellos que se autodefinen como superpatriotas y a la vez están dañando el bienestar de la mayoría de la ciudadanía. En contra de lo que se cree, sí que hay un barómetro para definir el grado de compromiso con un país.

De ahí que es importante que las fuerzas progresistas que prioricen la justicia social, la democracia y la plurinacionalidad de España y favorables al desarrollo de un referéndum auténticamente democrático desarrollen una campaña alternativa que movilice al conjunto de la sociedad catalana y de las diferentes sociedades en el territorio español para cambiar tanto el Estado Catalán como el Estado Español de tal forma que resuelva al fin la cuestión social y nacional. Esta campaña debiera de contar con actos a los que se invite a hermanos y hermanas de las nuevas izquierdas de otras partes de España, para señalar que el derecho a decidir tenemos que ganarlo a través de la movilización de la mayoría (y no solo de una minoría) de la población catalana para crear una nueva Catalunya, y abriendo la posibilidad de realizar un cambio profundo, que tenga el apoyo de las clases populares. Para que ello ocurra, es necesario poner la resolución del tema social como prioritario, y no de una manera genérica e indirecta a través de conseguir una no realizable independencia, sino muy concreta, oponiéndose a las políticas que han sido promocionadas por el Estado español por un lado, y por la Generalitat de Catalunya por el otro. Sin un apoyo generalizado entre la clase trabajadora y otros elementos de las clases populares, no se podrá tener un auténtico referéndum democrático con una petición de cambio masivo. Este cambio será facilitado por las campañas que ya existen a lo largo del territorio español para crear una España social, justa, democrática y plurinacional. De ahí que es fundamental que, para que el proceso de cambio en Catalunya ocurra (yendo o no hacia la independencia según desee la mayoría de la población en Catalunya), haya una nueva dirección y otro liderazgo del movimiento por el derecho a decidir, basada en una amplia coalición de fuerzas de izquierdas y progresistas que defienda un programa de transformación de Catalunya (y de España). Esto no es lo que está ocurriendo ahora en Catalunya.

 

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