¿Fue alguna vez el régimen franquista un Estado de Derecho…? Juan José del Águila

Posted on 2018/10/06

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Fuente: Justicia y Dictadura

Introducción

A la memoria de los últimos cinco fusilados de la dictadura franquista el 27 de septiembre de 1975: Xosé Humberto Francisco Baena, José Luis Sánchez Bravo Solla, Ramón García Sanz, militantes del FRAP, José Paredes Manot “Txiqui” y Ángel Otegui Etxebarria de ETA.

…No todo Estado es Estado de Derecho. Es cierto que todo Estado crea y utiliza un derecho: todo Estado funciona con un orden jurídico, con un sistema normativo; hoy no cabe pensar un Estado sin derecho, sin orden jurídico, sin sistema de legalidad ( sistema de legalidad= existencia de un conjunto coherente de normas).Pero la existencia de un orden jurídico, de un sistema de legalidad en un Estado no autoriza a hablar sin más de un Estado de Derecho, un Estado dotado de un orden jurídico, de un sistema de legalidad, puede muy bien no constituir un Estado de Derecho. No todo sistema de legalidad se configura como un Estado de Derecho. No todo Estado es Estado de Derecho. Designar como tal a todo Estado, por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo, constituye una imprecisión terminológica y conceptual, que sólo lleva-a veces intencionadamente-al confusionismo. Díaz Elías, Teoría General del Estado de Derecho. Revista de Estudios Políticos, Nº 131, sep. /oct. 1963, Pags 21a 58.

…Hasta el momento mismo de la muerte de Franco, el régimen siguió siendo un Estado <<con>>Derecho no <<de>> Derecho lo que significó un amplio margen de arbitrariedad en manos del dictador, que impidió una efectiva separación y control entre poderes. (Giménez Martínez Miguel Ángel, El Estado franquista. Fundamentos ideológicos, bases legales, sistema institucional. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid 2014. Pág. 50.

Las  citas de dos profesores españoles, el primero hoy ya catedrático emérito pionero en el estudio teórico de lo que debería ser un Estado de Derecho y el segundo un joven profesor autor de un admirable trabajo jurídico-político que disecciona con objetividad y rigor científico lo que fue la dictadura,  escritas con una diferencia de más de cincuenta años son lo suficientemente claras e ilustrativas, para que algunos de los posibles lectores del blog, aparte de una sonrisa irónica  pongan  una inmediata respuesta, a la interrogante, con la que se comenzaba esta nueva entrada al blog y que constituye una verdad histórica objetivable  la dictadura franquista nunca a lo largo de los casi cuarenta años que duró fue un Estado de Derecho.

Ello no quiere decir, que dicho criterio tuviera que ser compartido por muchas de las personas que participaron de forma directa en los órganos políticos y administrativos de la dictadura franquista, ni de los millones de españoles que fueron fieles a la misma y que aún superviven.

Por ello, lo que se busca con este trabajo desde un prisma de investigación de textos jurídicos  jurídico es poner de manifiesto, el contenido intrínsecamente perverso y sumamente represivo de esta postrer norma de la dictadura que llevó y posibilitó las últimas cinco penas de muerte del franquismo y al mismo tiempo destacar, el doble juego de  las diversas voces y escenarios de políticos, jueces, y  fiscales en las que, a pesar del carácter reaccionario y contrario a principios universales que establecía el  ordenamiento jurídico concreto vigente, pretendían hacer creer que esas normatividad impuesta coactivamente a todos los ciudadanos era absolutamente compatible con el concepto de Estado de Derecho.

Se transcribe más adelante la primera página  del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, Tomo XXVIII, Fascículo III, septiembre/diciembre, MCMLXXVen primer lugar, para destacar las dos referencias expresas que se hacían auto calificándose el régimen de Estado de Derecho y en segundo,  resaltar que al final de dicha página figura una nota con el asterisco “*“, por la que se pone de manifiesto, algo que resulta totalmente  inusual y sorprendente, en un Estado que se considerase de Derecho, lo que de por si descalifica a los leguleyos y rábulas que asesoraron al régimen hasta sus últimos instantes.

La Circular Nº 3, de 25 de septiembre de 1975 del Fiscal del Tribunal Supremo-calificada de interpretativa del DL 10/1975 de 25 de agosto sobre prevención del terrorismo- -esto es dos días antes de llevarse a cabo en Madrid, Burgos y Barcelona los cinco fusilamientos por  las cinco penas de muerte no indultadas impuestas en los cuatro consejos de guerra celebrados el 28 de agosto, 11,17 y 19 de septiembre con anterioridad a la fecha  que dicha Circular “ fuese declarada “materia reservada”, lo que implicaba, como termina diciéndose en la nota, la imposibilidad material de su  publicación y lógicamente de conocimiento público en general y muy especialmente para los abogados que asumieron la defensa de los procesados, por aplicación del principio universal reconocido  para todos los tipos de procedimientos penales de la  igualdad de armas procesales en la defensa y acusadores públicos de los procesados.

El texto completo de dicha Circular tras arduas tareas investigadoras lo localicé en un precioso DVD, con el título Memorias de la Fiscalía General del Estado 1883-2012, cuya carátula se reproduce a continuación y que constituye una indispensable fuente para el conocimiento y estudio de los orígenes y funcionamiento de una institución clave en el ordenamiento jurídico español, muy especialmente en la jurisdicción y ámbito penal como el Ministerio Fiscal, que se remonta al periodo medieval, pero que su perfil actual procede de los supuestos del Estado Liberal, que sientan las bases de la Justicia contemporánea, cuyo nacimiento se materializará en el Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de  1835, para cristalizar en la Ley provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870, promulgada como desarrollo de la Constitución de 1869 y en la que por primera vez se utilizó el término de Poder Judicial, como se informa en el folleto explicativo que se acompaña al referido DVD.

MEMORIAS FGTS

Carátula del DVD, Memorias de la Fiscalía General del Estado 1883-2012.Editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia en coordinación con la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado. Publicaciones Oficiales del B OE. Madrid 2012.

Siguiendo las instrucciones del folleto (El contenido de las Memorias se refiere al periodo comprendido por el Año Judicial, que no coincide con el año natural y en consecuencia, para la localización de un año determinado, generalmente debe consultarse en el año siguiente), de ahí que, el texto completo de la Circular Nº 3 del 25 de septiembre de 1975 se encuentre al final de Memoria del Fiscal del TS correspondiente al año 1976.

En el discurso que pronunció el entonces Fiscal del Tribunal Supremo Antonio José Rodríguez Acosta en  la solemne sesión de apertura de Tribunales el 15 de septiembre de 1975, en el  apartado de Actividades subversivas y delincuencia violenta , después de equiparar las medidas gubernamentales adoptadas en Alemania para combatir el terrorismo,  como obligación de un Estado democrático de  Derecho la defensa de la vida humana y las instituciones legalmente constituidas, lo que no significaba contestar a la violencia con la violencia, sino que en circunstancias y casos extremos el Estado puede hacer uso de todos los medios legales a su alcance en la defensa de los ciudadanos, los cuales deberían participar también en la lucha contra el terror, junto a las instituciones policiales y judiciales.

Para a continuación y refiriéndose directamente a la situación española, afirmar que el principio de Estado de Derecho, comporta y requiere, igualmente el principio de autoridad y que ni uno ni otro serían posibles sin la asistencia de la sociedadLa seguridad jurídica obliga, por tanto, no sólo a quienes hacen las leyes y a quienes tienen por noble oficio aplicarlas y defenderlas, sino también y más principalmente en épocas turbulentas y de confusión como las nuestras a quienes se benefician de ellas.

La razón de elegir  el DL 10/1975, de 25 de agosto como tema de la charla-conferencia –, última de las muchas disposiciones represivas firmadas por Francisco Franco como Jefe de Estado- ,  acompañada en esta ocasión por la de  Carlos Arias Navarro como Presidente del Gobierno -era la constatación y sorpresa que en su día me llevé, cuando terminé de leer la extensa  exposición de motivos de la misma, en la que  por dos veces consecutivas se  consignaba y  daba por sentado, que en agosto de 1975 en España existía un Estado de Derecho.

E.M

Dos menciones al Estado de Derecho en la exposición de motivos del DL 10/1975, de 26 de agosto y la Circular Nº 3 de 25 de septiembre de 1975 del Fiscal del Tribunal Supremo

Y más adelante, una segunda:…La justa irritación que los atentados terroristas provocan en la comunidad puede incitar a la propia sociedad a apetecer normativas legales y actitudes de gobierno que impliquen un freno al  natural desarrollo político  del Estado de Derecho.

Mi sorpresa se convirtió en estupor, cuando me puse a estudiar el tema y encontrar múltiples referencias en primer lugar rastreando la base de datos del BOE, en otras Exposiciones de Motivos de Disposiciones de carácter represivo, como fueron el Decreto- Ley 15/1970, de 14 de diciembre, por el que se  declaraba del Estado de Excepción quedando en suspenso en todo el territorio nacional y por el plazo de seis meses, la vigencia del art.18 del Fuero de los Españoles (Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las Leyes. En el plazo de setenta y dos horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la Autoridad judicial) lo que en la práctica era darle la más amplia carta blanca a la Brigada Político Social del régimen para practicar detenciones y registros domiciliarios en la más absoluta impunidad; en la Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación-en sentido agravatorio de las multas y la aplicación inmediata del  llamado arresto sustitutorio- de determinados artículos de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959, en donde el Ministro de la Gobernación teorizó en su discurso en las Cortes franquistas sobre lo habría de entenderse por Estado de Derecho; en la Ley 44/1972, de 22 de diciembre, sobre aumento de cincuenta plazas en tres años  de las plantillas del Cuerpo de Abogados del Estado ; en la Ley 42/1974, de 28 de noviembre, de Bases, Orgánica de la Justicia  y también en el Decreto-Ley 5/1975, de 22 de mayo, sobre regulación de los  conflictos colectivos de trabajo.

Además de las anteriores citas en las exposiciones de motivos de diversos textos legislativos- casi todos ellos del último quinquenio de la dictadura- a la existencia de un  supuesto Estado de Derecho, localicé diversas referencias, que ponían de manifiesto, que tres importantes portavoces de las principales familias del régimen- falangistas (Serrano Suñer), nacional-católicos (Herrera Oria) y tecnócratas-opusdeístas  (López Rodó) sostuvieron públicamente y  ha sido recogido en sus diversas Memorias  que en España durante el franquismo hubo un Estado de Derecho.

Igualmente en las iniciales declaraciones programáticas de principios de tres de los gobiernos de Franco 1957, 1962 y 1975. También he localizado esa expresión referida al  Estado de Derecho en diversos discursos de Franco, algunos de sus Ministros, Presidentes y Fiscales del Tribunal Supremo, en las sesiones solemnes de la apertura de los tribunales.

Resulta imposible-dado el formato del presente blog- desarrollar al completo los anteriores extremos, a fin de poder sacar algunas conclusiones, fruto de la investigación, por lo que esta primera parte introductoria habrá de completarse en una posterior entrega.

II 

Las familias políticas del régimen: falangistas, nacional-católicos y tecnócratas opusdeístas también propugnaron el Estado de Derecho.

De las diversas familias políticas que apoyaron y participaron del  régimen franquista, tres de las más importantes: falangistas, nacional-católicos y tecnócratas opus deístas mantuvieron de formas diferentes, la calificación a un supuesto Estado de Derecho en discursos y publicaciones editadas durante la dictadura, también posteriormente en relatos biográficos, que el Nuevo Estado salido del golpe y sublevación militar del 18 de julio  y de la cruenta guerra civil constituía en cierta medida un Estado de Derecho.

En el trabajo de Nicolás Sesma Landrín Franquismo, ¿Estado de Derecho? Notas sobre la renovación del lenguaje político de la dictadura de los años 60, en el Nº 5-Pasado y Memoria– de la Revista Historia Contemporánea, 2006, Pags. 45-58,  pone de manifiesto que la utilización de la idea del Estado de Derecho en España ya  tenía antecedentes en algunos representantes del falangismo y en el seno del nacional-catolicismo político.

Respecto a los primeros citaba a Ramón Serrano Suñer, quién mantuvo en diversas ocasiones que la superación de lo que él llamaba “Estado campamental” era la institución de un Estado de Derecho, entendido como un nuevo marco jurídico superador del caduco Estado Liberal e incluso, llegó a proponer  encuadrar el Movimiento Nacional en un régimen jurídico, eso es, instituir el Estado de Derecho.

Fue el propio Serrano Suñer, tras su llegada a Salamanca para colaborar con el primer Gobierno de Franco como Ministro del Interior quién expresó que para él estaba claro que después de terminar la guerra- si se quiere después de dos a tres años-había que ir a un régimen político organizado en la forma de un Estado de verdad de Derecho, en su libro de Memorias  Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue. Edit. Planeta, Barcelona 1977, Pag.151, lo que se corrobora en otra cita suya, ésta recogida de Entre Hendaya y Gibraltar (Noticias y reflexión frente a una leyenda), Ediciones y Publicaciones Españolas SA, Madrid 1947, donde se afirmaba después de reconocer que uno de los errores de los movimientos políticos autoritarios había sido el menosprecio y subestimación del Derecho… Sólo el Estado de Derecho, con el respeto a la ley, impuesto a gobernantes y gobernados, puede evitar la arbitrariedad. Un sistema de garantías jurídicas, es evidentemente una base de paz civil. Es un inmenso error aceptar la sinonimia o la equivalencia del Estado Liberal = a Estado de Derecho, porque el Estado Autoritario puede ser, ha de ser un Estado de Derecho.

Respecto al nacionalcatolicismo político y la entidad que los encuadraba la Asociación Católica de Propagandistas Nacional, también desarrollaron una propia concepción del Estado de Derecho y fue precisamente su máximo inspirador Ángel Herrera, quién en el Boletín mensual de la ACNP Nº 365 , correspondiente a febrero del año 1946, después de volver de un viaje a Italia – donde fue recibido por el Papa-, Suiza y Portugal explicitaba la doctrina  del movimiento católico sobre y su relación con la sociedad… Estado de Derecho para nosotros es ante todo respeto a la dignidad de la persona humana con todas sus consecuencias. Va implícita en ella la moderada libertad de que debe gozar el ciudadano en la sociedad. La reglamentación, prevista y garantizada por la ley, de esa libertad legitima.

De forma que la concepción del Estado de Derecho nacional-católico se sustentaba en dos dimensiones principales, las nociones del orden-autoridad y la idea del respeto a la dignidad de la persona humana, relacionada con el concepto tomista del Bien Común.

Laureano López Rodó importante personalidad política y paradigma del tercer grupo los tecnócratas opus-deistas , quién ya en 1936 en Barcelona iniciada la contienda se afilió junto a su padre en la entonces clandestina Falange y en 1937 en la Quinta Columna, según recoge, Antonio Cañellas Más autor de LLR, Biografía Política de un Ministro de Franco( 1920-2000) Edit. Biblioteca Nueva .

Fue el propio López Rodó en el prólogo de sus Memorias –Plaza & Janes-, Barcelona 1990, donde se omiten las anteriores referencias afirmar… Desde 1945 ejercí la docencia, a partir  de 1956, durante veinte y tres años ocupé diferentes cargos en la vida política española…aquella idea de servicio, entendida como un deber explica el porqué de mi actuación en la vida pública que persiguió dos objetivos principal: la construcción de un Estado de Derecho Monárquico y el desarrollo económico de España.

Resulta más que sintomática el olvido y omisión en dichas memorias a la publicación en el extranjero en noviembre de 1962 del informe de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra sobre El imperio de la Ley en España y la posterior furibunda respuesta por parte del gobierno español y de sus Ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Información y Turismo, Castiella, Iturmendi Bañales y Fraga Iribarne y la publicación de un vergonzante contra informe anónimo-ya que no se consignaban los autores de España Estado de Derecho.

También se omitió por  el propio López Rodó en el libro anteriormente mencionado de 1990, así como en la posterior  biografía realizada por Antonio Cañella Más en el 2011, que dada la condición de Procurador en Cortes en la  séptima legislatura (1961-1964) en representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue designado por el Presidente de las Cortes Esteban Bilbao, el 1 de julio de 1963 entre los treinta y cinco Procuradores miembros que integraron la Comisión Especial para el estudio del anteproyecto de ley de creación del Juzgado y Tribunal de Orden Público , cuya composición y funcionamiento de la misma pueden ser cotejados en los capítulos  IV,V y VI del Tomo I-folios 218 a 318-, de la tesis El Tribunal de Orden Público-TOP- 1963-1977, trece años de represión política. 

Sin embargo, sí que hay una referencia expresa coincidente con la de Manuel Fraga Iribarne respecto a la reunión del Consejo de Ministros del 5 de abril (de 1963) en la que se estudió un proyecto de Decreto-Ley por el que se crearía el Tribunal de Orden Público, que habría de asumir la mayor parte de los asuntos que hasta entonces eran de la jurisdicción militar y que quedó pendiente de las observaciones de varios Ministros.

Resultó ser parcialmente cierta la primera parte , con la diferencia de que Fraga en sus Memoria Breve de una vida pública (Planeta 1979, afirmaba : Se aprueba al fin, el Decreto-Ley creando el Tribunal de Orden Público que descargó de la mayoría de asuntos a la jurisdicción militar, pero mintieron gravemente los dos políticos, pues la razón y justificación de posponer su definitiva aprobación fue que estaba pendiente de señalamiento inmediato la vista del Consejo de Guerra contra Julián Grimau, como así se demostró fijada para el 18 de abril, la simple publicidad de que se estaba tramitando o de que se había aprobado un Decreto Ley en dichos términos, habría llevado aparejado la automática suspensión del dicho  Consejo de Guerra  o en caso de haberse celebrado, la no ejecución del dirigente comunista, ya que la legislación por la que fue condenado resultaba derogada en ese proyectado Decreto-Ley.

López Rodo desde su cercanía al Vicepresidente del Gobierno Carrero Blanco y luego como Ministro fue el inspirador de leyes muy importantes a mediados de los años cincuenta y sesenta que tuvieron como finalidad la modernización e introducir una cierta racionalidad organizativa de la  casi esclerotizada Administración española y ese mérito no se le discute personalmente a él ni al grupo de tecnócratas que le ayudaron en dicha tarea..

Otra cosa diferente,  su concepción política sobre la legitimidad del régimen del 18 de julio y de todas sus instituciones, incluidas claro está la fascinación por las figuras del general Franco y del Almirante Carrero, su cerrada defensa del dogma de la unidad de poder y diversidad de funciones, el Movimiento Nacional y sus Principios inamovibles, junto a una manifiesta posición ideológica contraria a la división de poderes, anti liberal y anti constitucionalista , de los que podrían ser  muestras múltiples referencias de un libro suyo, con recopilación de discursos y conferencias pronunciadas desde 1956  Política y desarrollo editado por Aguilar en 1970, cuya segunda parte llevaba el título de La configuración del Estado Social de Derecho.

Del que ya resultaría  sintomático que figurase en sus inicios una fotografía del “protomártir”-que insertamos a continuación, con una dedicatoria manuscrita de Pilar Primo de Rivera. Pero es que además, las referencias contenidas en dicho libro se hacían sólo y expresamente a un Estado Social de Derecho- no se mencionaba el calificativo monárquico-, de ahí que, se explicitase dicho concepto… El Estado Liberalha tenido que ceder paso al Estado Social de Derecho; es decir el Estado cuya acción persigue, dentro del mayor respeto al derecho, la consecución del bienestar social. De una actividad exclusivamente policial se ha pasado a una actividad de servicio público.

Dicho párrafo lo pronunció López Rodó el 15 de julio de 1958 en el discurso ante las Cortes, en defensa de la Ley de Procedimiento Administrativo, y al régimen le quedaban aún más de diez y siete largos años de intensas actividades policiales.

primo de rivera

En 1970, en la Universidad de Santiago de Compostela- de donde había sido catedrático de Derecho Administrativo-pronunció una conferencia con el título Nuevo Horizonte del Estado Social de Derecho. En la que se  afirmaba que la primera clave a su juicio   que el derecho administrativo antes que nada era el Derecho del Estado ya que sólo desde una visión unitaria del Estado puede alcanzar nuestra ciencia su auténtica dimensión en el ordenamiento jurídico

Franco como juez de competencias entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción militar de guerra.

En el Decreto de la Presidencia de Gobierno de 7 de abril de 1948, BOE de 16 de abril de 1948, conocido, citado y comentado por múltiples  investigadores e historiadores (Manuel Balbé , Ángel Viñas, Francisco Espinosa, Álvaro Dueñas…) ya que dicha disposición firmada por  el propio Franco, , resolvió un conflicto competencias entre un Juzgado de Instrucción de Tetuán y el Juzgado Militar Permanente Nº 2 de la zona Aérea de Marruecos, para dilucidar cuál de los dos era el competente para tramitar y juzgar   a varios individuos paisanos y militares por unos robos cometidos en establecimientos de Tetuán.

En el quinto de los considerandos de dicho Decreto, se decía: …Que la cuestión se reduce a declarar si subsistía el estado de guerra al cometerse los hechos en diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, supuesto inaceptable, por cuanto el Gobierno de la Nación  desde que terminó la guerra de Liberación en primero de abril de mil novecientos treinta y nueve ha venido dictando diversas medidas tendentes al restablecimiento de un estado de derecho más amplio que el de la guerra significa

Algunas referencias en discursos de Franco: En España existía un Estado de Derecho.

En el Mensaje del fin del año 1958 “No es un Estado de hecho, que tiene condicionada su licitud y legitimidad limitada por el tiempo necesario, para recuperar la normalidad alterada, sino que es el régimen históricamente normal y legitimo. Desde el primer instante es plenamente <<Estado de Derecho>> y como tal se asentó sobre aclamación, el plebiscito y la adhesión, asentimiento y el consenso del pueblo español.” (Viñas Ángel, La otra cara del Caudillo).

En el de fin del año de 29 de diciembre de 1960 “La vida política saludable de un pueblo civilizado y culto reclama igualmente un régimen de Estado de Derecho y no cualquier sistema de normas, sino precisamente de un derecho concebido para la realización y servicios morales del cristianismo (Pensamiento Político de Franco. Tomo I, Pág. 530. Ediciones del Movimiento, 1975).

En la apertura de la Séptima Legislatura de Las Cortes (1961-1964) que tuvo lugar los días 2 y 3 de julio de 1961, en el discurso de Franco con motivo del veinticinco aniversario del Movimiento Nacional, ABC-edición de Andalucía- lo reprodujo íntegramente en sus nueve primeras páginas, se decía :…El ordenamiento jurídico español salido de la guerra civil era fiel reflejo de <<un nuevo Estado de Derecho>>y las Cortes una pieza crucial en su pretensión de construir una sociedad vigorosa y libre, sobre la base de un <<Estado de Derecho fuerte y ágil>>.

En el pronunciado en Burgos el 2 de noviembre de1961 ante la representación de los tres Ejércitos, “Nació el régimen español no sólo como sustitutivo conveniente de otro régimen torpe, incapaz e inadaptado a la personalidad histórica de España y a sus necesidades… entregarse a los designios de Moscú, dejaban de existir los últimos restos del que se decía un Estado de Derecho.”

También el 8 de julio de 1964 en la apertura de la Octava  Legislatura  el discurso de Franco hacía alusión a la institucionalización del Estado de Derecho “Si interesante en todo momento la institucionalización y el perfeccionamiento de un Estado de Derecho, lo es todavía más el arraigo de las esencias políticas de nuestro pueblo y la permanencia de la cohesión y voluntad en la unidad de destino,…

Por último, con carácter categórico  el  30 de diciembre en el mensaje del fin de año 1970, Franco afirmaba “España constituye un Estado de Derecho, cuya acción política se ordena al bien común,…(Pensamiento Político de Franco. Tomo I, Pag.370).

Declaraciones de propósitos programáticas de tres diferentes Gobiernos de Franco 1957, 1962, y 1975.

No deja de ser sorprendente que hayamos localizado en tres diferentes  Gobiernos en sus respectivas declaraciones iníciales la cita de la construcción de un Estado de Derecho. Es precisamente Laureano López Rodó, en el capítulo de sus Memorias dedicado al año 1957 quién se atribuye personalmente, el primer político del franquismo que asumió como tarea fundamental de contribuir a la construcción de un Estado Social de Derecho  y luchar por el restablecimiento de la Monarquía, ya que el Alzamiento Nacional derribó al régimen republicano y tras once años de indeterminación, se había limitado en 1947, a declarar el estado constituido en Reino, pero no propiamente en Monarquía, pues admitía como fórmulas alternativa para la sucesión de Franco un Rey o un Regente.

De ahí que, recogiese que el Gobierno que siguió a la crisis de 1957, en el que entraron por primera vez Ministros tecnócratas del Opus Dei, en su primera declaración programática de 27 de febrero fijase como objetivos: la reforma administrativa del Estado, estimular la vida económica del país, asimismo intensificar el diálogo político con el pueblo a través de las instituciones ya creadas… y complementar el cuadro de las instituciones jurídicas y políticas propias del Estado de Derecho.

Antonio Iturmendi Bañales, Ministro de Justicia, en el discurso pronunciado con motivo de la solemne apertura de Tribunales el 15 de septiembre de 1964, se refirió a la Declaración de propósitos formulada por el Gobierno el 13 de julio de 1962: Dentro de los principios del Estado de Derecho en que España está constituida se perfeccionaran la organización y procedimientos de justicia, principio este que ha de regular toda la actividades de la sociedad y del estado.

La tercera, fue en el Gobierno de Arias Navarro, que tras la reacciones en el exterior de España a las últimas cinco ejecuciones en  septiembre de 1975,  entre las que se destacaron la retirada de diez y siete embajadores, trece de ellos de naciones  europeas  se dirigió por carta a los líderes de dichos países,  en la que achacaba  a las campañas de opinión de mala voluntad y unida a la defectuosa información había creado un clima de comprensión  y aún de aliento moral de las actividades delictivas, por lo que conviene se restablezca la verdad, tanto sobre los hechos ocurridos, como las medidas del Gobierno sujetas siempre a los principios que constituyen el Estado de Derecho. (Tusell Javier y Queipo de Llano Genoveva, en Tiempo de Incertidumbres. Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición. Edit. Critica, Barcelona, 2003, Pág. 210).

III

Las referencias al Estado de Derecho por algunos de los Ministros de Franco desde 1962 al 1973.

Laureano López Rodó en su libro de Memorias afirmaba en diversos apartados, que el Estado de Derecho en España  comenzó a construirse a partir de enero de 1957, fecha en la que entraron varios Ministros del Opus Dei en el Gobierno y él se hizo cargo de la Secretaria General Técnica de la Subsecretaria de Presidencia “El Gobierno se propone intensificar el dialogo con el pueblo a través de las instituciones ya creadas, a las que procurará imprimir una mayor vitalidad. Asimismo completará el cuadro de instituciones jurídicas y políticas propias de un Estado de Derecho.”

El 15 de julio de 1962, Camilo Alonso Vega, Ministro de la Gobernación, proclamaba la superioridad de la democracia orgánica española, ya que un “régimen será tanto más democrático y tendrá mayor legitimidad según los buenos servicios rendidos al pueblo, según sus esfuerzos y resultados para lograr un orden justo, un Estado de Derecho.”

Manuel Fraga Iribarne, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el 3 de mayo de 1963, en cuya Acta Oficial se daba cuenta “Que el Consejo había acordado remitir  un proyecto de ley por el que se creaba el Juzgado y tribunal de Orden Público”, entregó un comunicado oficial a los asistentes, en el que, por supuesto se obviaban todas las anomalías e irregularidades  cometidas en la tramitación y paralización  del anteproyecto de ley de creación de la Jurisdicción Especial de Orden Público, con la finalidad expresa de ejecutar la condena a muerte de Julián Grimau y en donde se “Expresaba la convicción del Gobierno de que la nueva disposición era una importantísima ley adoptada para perfeccionar el Estado de Derecho en España y desarrollar los Principios del Movimiento y Fuero de los Españoles.”

Carrero Blanco en un discurso pronunciado el 21 de octubre de 1970 ante el Pleno de las Cortes “La libertad política no consiste en hacer lo que cada cual se le antoje. En un  Estado de Derecho, es decir, en una nación donde las leyes, la libertad no puede consistir más que en poder hacer lo que es lícito y en no verse obligado hacer lo que no se debe.”

Tomás Garicano Goñi, siendo ministro de la Gobernación pronunció un discurso ante  el pleno de las Cortes, el 20 de julio de 1971, con motivo de sustanciales modificaciones introducidas  la Ley de Orden de Público de 1959, endureciendo aún más sus preceptos coercitivos y limitadores de derechos y libertades fundamentales, elevando las cuantías del máximo de las multas gubernativas por infracciones de Orden Público, elevando también en la duración del arresto sustitutorio hasta dos meses por impago de multas y la exigencia para poder recurrirlas de  la constitución del depósito íntegro  de su importe,   en el que entre otros párrafos se decía …No quiero desaprovechar esta oportunidad …para formular ante esta Cámara, algunas precisiones referentes a la relación que siempre ha de existir entre el mantenimiento de Orden Público y el Estado de Derecho, en que nuestro país se haya constituido…El Estado de Derecho no puede nunca interpretarse como una tutela ilimitada de los derechos individuales, sino que estos, habrán siempre de ejercitarse en forma que no ataquen o vulneren los legítimos y fundamentales derechos que asisten a los demás y a nuestra propia Comunidad, entre los que se encuentran el mantenimiento del Orden Público y la pacífica convivencia de quienes integran el pueblo español.

Las referencias  al Estado de Derecho en las sentencias del Tribunal Supremo.

Decía Manuel Alvaro Dueñas, el Bando de Guerra se mantuvo en vigor durante largo doce años, significativamente nueve de ellos terminado la contienda, hasta su derogación de facto en 1948por un Decreto de la Presidencia, al considerarse restablecido lo que el régimen entendía un Estado de Derecho, al que ya hemos hecho mención.

Y es a partir de esa fecha,  la Jurisprudencia del Tribunal Supremo rectifica el criterio en el sentido de que ya no está vigente el Bando del  Estado de Guerra, derogado por declaración expresa del Decreto de Presidencia de 7 de abril de 1948, así lo recogen las sentencias de 15 de diciembre de 1949, del 23 de febrero y del 24 de abril de 1950.

José Castán Tobeñas,  desde 1933 magistrado del TS, durante la República continuó y en la guerra civil se trasladó como miembro de tan alta institución a Valencia y Barcelona. Sometido a Consejo de Guerra tras finalizar la contienda salió absuelto y fue depurado, reincorporándose en 1940. (Un día en la vida de José Castán Tobeñas, de Antonio Serrano González,  Tirant Lo Blanch, Universitat de Valencia, 2001).

Presidente del Tribunal Supremo-desde el 12 de septiembre de 1945 al 11 de enero de 1968-  en el discurso de apertura de los Tribunales de 15 de septiembre de 1958, comentando la promulgación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional que se había publicado en ese mismo año, decía El Estado español es un Estado de Derecho…En España no tenemos el obstáculo de la división de poderes, que tanto dificulta la implantación de un sistema de fiscalización jurisdiccional de las leyes ordinarias…esa ausencia de división de poderes no era un requisito indispensable para que España se constituyese en un Estado de Derecho. Es indudable que el Estado Español es un Estado de Derecho

En la obra Jueces y Franquismo. El pensamiento político del Tribunal Supremo de la Dictadura,  para entender el papel encubridor y legitimador del régimen  franquista que jugó el Tribunal Supremo, de Francisco J. Bastida Freijedo, catedrático de Derecho Constitucional de Oviedo,  seleccionaba algunos párrafos de sentencias de dicha alta instancia afirmando para el TS, el Estado franquista era un auténtico Estado de Derecho: El  pretender que una organización como el Estado Español, constituida por autolimitaciones del poder en un auténtico Estado de Derecho, constreñido y mediatizado por una Ley Orgánica y unos Principios Fundamentales, de todo lo cual son sólida salvaguardia y garantía los Tribunales de Justicia, pueda ser tildado de dictatorial y carente de libertad, refleja un claro y ostensible propósito de desprestigiar la autoridad del Estado y perjudicar su crédito (St. Sala 2ª de lo Penal de  6/10/70). Por tanto,” las mendaces, inexactas, falsas, tendenciosas, mordaces, insidiosas ,y bastardas críticas y otras de parecido jaez”, conjunto de calificativos que dedica el TS al contenido de la propaganda y de la conducta de los procesados, zahieren al “ Estado, Régimen, Nación”, porque España es un Estado de Derecho y en ella no hay represión ni persecución ( Sts Sala Segunda de 28/6/68 y 13/10/73), ni se practica la tortura ( Sts Sala Segunda 30/9/70 y 22/1/73). Por el contrario, existe paz, libertad y respeto a los derechos humanos (Sts. Sala Segunda 29/10/69 y 26/1/70).

En los discursos pronunciados  por Valentín Silva Melero, jurídico militar durante la guerra civil, último de los Presidentes del Tribunal Supremo, en la sesiones solemne de apertura de los Tribunales de los años 1973 , hubo referencias expresas  El Estado de Derecho tiene el deber ineludible de hacer cumplir las leyes, pues la libertad solo cabe dentro de la ley, citando a Cicerón  «Todos somos esclavos de la Ley, precisamente para ser libres»  y en el de  1974 …parece desconocerse que precisamente el principio de división de funciones, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, exige que la jurisprudencia no desborde su misión de aplicar las leyes, puesto que exagerar el momento creativo de la jurisprudencia puede alterar el equilibrio de las funciones estatales, que es precisamente una exigencia democrática….pero no parece que la solución esté en arrumbar el principio de legalidad, que es una de las más fundamentales garantías del Estado de Derecho y para terminar, en el discurso de 1975, que llevaba el título Etiología y prevención de la delincuencia multitudinaria, decía en el mismo…sin olvidar el dato ciertamente sintomático de que estos brotes de contestación o rebeldía aparecen de un modo virulento precisamente para exteriorizar la protesta o disconformidad frente al estado, aún cuando este se configure dentro del sistema representativo con amplios cauces para canalizar la llamada voluntad popular, lo que invita a reflexionar acerca de si  las normativa legal ortodoxa responde a los anhelos de la sociedad actual o si se está produciendo una grave inadecuación entre los ordenamientos jurídicos y la realidad social, matizando la preocupación doctrinal por la llamada crisis del derecho y del Estado Moderno.

Las llamadas Leyes Fundaméntales no contemplaron nunca el Estado de Derecho.

Pese a las múltiples invocaciones y referencias realizadas por el propio Franco, sus ministros, sus magistrados, y fiscales del TS  y sus ideólogos, con diferentes motivos y en distintas ocasiones, la realidad cruda y dura es que al no existir una verdadera Constitución durante la larga duración de dictadura, habría de concluirse, de acuerdo con el art.º 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  de 1789 Toda sociedad en la cual, no esté establecida la garantías de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución.

En las denominadas ocho  Leyes Fundamentales promulgadas  y que fueron aprobándose en un largo periodo de más de treinta y ocho años: Fuero del Trabajo (1938), Ley Constitutiva de Cortes (1942), Fuero de los Españoles y Ley de Referéndum Nacional (1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (1947), Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958), Ley Orgánica del Estado (1967), que modificó los aspectos fascistas totalitarios de las primeras y por último ya fallecido Franco en la Ley para la Reforma Política (1977) no se encuentra ni en sus respectivas exposiciones de motivos ni tampoco en el articulado de todas ellas ni una simple mención ni   referencia al Estado de Derecho, por el contrario en la primera  se calificó de Estado Totalitario, al igual que en uno de los iniciales 28 Puntos de la Falange. En todas ellas se mantuvo el principio de unidad de poder y diversidad de funciones. Identificar funciones con poderes, es una forma espuria de tergiversar el sentido y contenido de las palabras

En efecto, Franco conservó hasta su muerte, lo que Ángel Viñas ha denominado con cierta sorna el Füherprinzip “la suprema potestad  de dictar normas jurídicas con carácter general”, de acuerdo en los términos de  las denominadas Leyes de Prerrogativas, Decreto de 30 de septiembre  de 1936, Ley de 30 de enero de 1938 (Art. 7), Ley de 08 de agosto de  1939 (Art.º 17), Ley de Cortes de 1942 (Exposición de Motivos), Ley Orgánica del Estado de 1967 (Disposición Transitoria Primera), de todo  ello se desprende, que el régimen franquista no pueda ser considerado como  un Estado de Derecho.

Y resulta más que significativa que la octava de esas Leyes Fundamentales -La Ley para la Reforma Política-promulgada por la última de las legislaturas de las Cortes de la Dictadura y aprobada en referéndum de diciembre de 1976, convocado por Adolfo Suarez, tampoco se mencionase el Estado de Derecho, como si por el contrario se hacía en el primero de los tres Reales Decretos Leyes, por el que se creaba la Audiencia Nacional ( La seguridad jurídica de los ciudadanos es piedra angular del Estado de Derecho. Su consecución requiere la existencia de una Administración de Justicia independiente, técnicamente objetivada y adecuada funcionalmente para asegurar un proceso pleno de garantías y una decisión judicial pronta y justa…) que se publicaron en el  mismo BOE del 5 de enero de 1977, que la Ley Fundamental.

Ya lo advirtió el profesor Elías Díaz en el articulo Teoría General del Estado de Derecho  del Nº 131 de la Revista de Estudios Políticos, correspondiente a septiembre /octubre de 1963, donde realizó desde el punto de vista de la ciencia política y de los principios de la democracia una de las críticas más serias y razonada de la dictadura franquista, negándole en la práctica que pudiese autocalificarse como un Estado de Derecho.

Por la sencilla razón, decía el profesor Elías Díaz que de  dicho concepto y principio de la teoría política había sido una exigencia racional e histórica, para la protección de los derechos humanos  fundamentales, que se configuraba  con caracteres y requisitos (Imperio de la ley, División de Poderes, Legalidad de la Administración) propios de una sociedad pluralista y en cuanto tal, superadora de las formas, pasadas y presentes, de Estados absolutos, autoritarios y totalitarios.

Tampoco otras leyes ordinarias del ordenamiento jurídico de la dictadura contemplaron la posibilidad y existencia de un Estado de Derecho, como fueron el Código Penal de 1944 (Decreto de 23 de diciembre de 1944, aprobando el Texto Refundido) y sus sucesivas  reformas de 1963, 1967, 1973, ni el bloque de las leyes administrativas aprobadas en la década de los cincuenta, que supusieron una modernización en la caduca y obsoleta administración burocrática española,  como fueron la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de 27 de diciembre de 1956, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 20 de julio de 1957, la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958.

Tampoco  la Ley 42/1974 de 28 de noviembre de Bases Orgánica de la Justicia, que afortunadamente no pudo ser desarrollada, en la que se enunciaba el supuesto carácter independiente  de la Justicia, como nota diferenciadora y típica del ejercicio de la función jurisdiccional que determina la suprema garantía del normal ejercicio de los derechos proclamados en la Leyes Fundamentales, aunque se mantenía el funcionamiento de la Jurisdicción de Orden Publico y de los consejos de guerra.

En definitiva, pese a los múltiples intentos y referencias anteriormente analizadas-junto a otras que de momento no pueden ser incluidas –que se hicieron durante la dictadura, habríamos de coincidir con Julio Aróstegui,  en La represión como sistema, EditLa Flor del Viento, Madrid 2011, el Estado y régimen político franquista no alcanzaron nunca esa representación legítima como un Estado de Derecho. Su origen mismo se lo impedía…Nunca pasó de ser un pseudo Estado de Derecho.

Acaba de aparecer y presentarse en Madrid el libro,  Geografía Humana de la represión franquista. Del Golpe a la Guerra de ocupación (1936-1941) EditorialCátedra, 2017, cuyo autor el joven profesor e investigador Gutmaro Gómez Bravo, discípulo y colaborador de J.Aróstegui , mantiene  que el régimen del General Franco se estableció y evolucionó sobre la base históricamente demostrable, de un uso sistemático, permanente y con apariencia de legalidad de la coerción y de la represión…un sistema que tuvo la justicia militar su principal instrumento para intervenir en los asuntos públicos, mucho más que los estados de excepción…

Esa apariencia de legalidad en la represión y en la coerción  y su uso sistemático  y permanente lo fue no sólo a través de la jurisdicción militar sino también  de las otras Jurisdicciones Especiales de las Magistraturas de Trabajo,  la de  Responsabilidades Políticas, la de Masonería y Comunismo y por último la de los Juzgados  y Tribunal de Orden Publico.

Las Jurisdicciones especiales, los Jueces extraordinarios junto a las Leyes excepcionales configuraron esa apariencia de legalidad y de pseudo Estado de Derecho, que gozó de la las bendiciones y justificaciones  a posteriori del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del mismo sirvieron  en definitiva durante casi cuarenta años  de coartada legal amparadora del estado franquista.

portada libro elias diaz

Portadas de las ediciones de 1966 y 1975 de libro de Elias Diaz

Conclusiones

La pretensión de que el franquismo había ido evolucionando hasta constituir un Estado de Derecho no se sostiene ni puede mantenerse razonablemente, y el analizado  Decreto-Ley 10/1975 de 26 de agosto sobre prevención del terrorismo, sus contenidos y medidas represivas, que  retrotraían a los españoles a los inicios de las dictadura y sobre todo el funcionamiento de los mecanismos  de todos los aparatos del poder  y los efectos que produjeron de muertes y represión que supusieron, son y constituyen la mejor prueba de la tesis aquí defendida, no era posible que esos comportamientos públicos pudiesen tener la cobertura de un verdadero Estado de Derecho.

Lo cual nos lleva a compartir   una vez más, lo que el periodista e investigador Carlos Fonseca, afirma, en su indispensable obra Mañana cuando me maten. Las últimas ejecuciones del franquismo 27 de septiembre de 1975.Edit. La Esfera de los Libros, Madrid, 2015, pags. 16 y 17,…. Cometieran o no los delitos por los que fueron ajusticiados, la consulta de los dos mil folios de los procesos que se instruyeron contra ellos no deja lugar a la  duda: fueron víctimas de un simulacro de justicia que los sentenció antes de juzgarlos. Las pruebas fueron obtenidas mediante torturas o burdamente manipuladas y se les privó de las mínimas garantías de defensa. Lo suyo fue un asesinato legal sin paliativos. Si la pena de muerte es despreciable en sí misma, más aún lo es cuando en torno a ella se oficia una mascarada que intenta dotarla de legitimidad.

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