Ante la huida de España del rey Juan Carlos Borbón / Pedro A. García Bilbao ASR 04/08/20

Posted on 2020/08/04

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Ante la huida de España del rey Juan Carlos Borbón / Pedro A. García Bilbao Colectivo al Servicio de la República ASR 04/08/20

El 3 de agosto de 2020 se hizo pública la huida de España del rey Juan Carlos Borbón. Parece ser que salió del país el día 2, domingo, supuestamente desde Galicia hacia Portugal, con destino a la República Dominicana según se ha dado a conocer, persistiendo dudas sobre dónde se encuentra en realidad. El hecho es que envío una carta a su hijo, el todavía Rey Felipe VI, en la que le indica su voluntad de trasladarse fuera de España, y en la que hace referencia a las causas de su marcha como «hechos pasados» de su «vida privada», reivindica su legado y considera esta decisión como un servicio a la Corona y a España. Todo indica que la salida se ha producido de común acuerdo con el gobierno de España, que ha llevado de forma oculta toda la negociación. El presidente del gobierno no creyó necesario dar una comunicación pública sobre el hecho, limitándose a responder a preguntas de los periodistas en el marco de una comparecencia por otras razones. Sánchez aseguró desconocer el paradero del rey emérito (“no dispongo de tal información”), unas palabras sorprendentes, habida cuenta de que Juan Carlos Borbon sigue disponiendo de seguridad a cargo del estado. La posición oficial es que es la Casa del Rey la que debe dar la información del paradero de Juan Carlos Borbón. Es una situación inconcebible y que deja la imagen, no ya de la Corona, sino la de España, por debajo de la mínima dignidad exigible.

La causa primera de la huída es clara. El detonante es un proceso judicial abierto en la República Suiza sobre un complejo caso de comisiones ilegales y dinero negro que le situaba como implicado de forma directa sin que haya sido procesado o acusado; las noticias de ese proceso, que sigue adelante de forma implacable, no se han podido frenar por los sistemas habituales en España y el deterioro de su imagen era ya brutal, arrastrando por el lodo de la indignidad a la monarquía española. Este proceso abierto en Suiza, es el que muy posiblemente provocó en 2014 la abdicación del rey Juan Carlos en la persona de su hijo, Felipe Borbón. La abdicación fue una medida preventiva que pudieron realizar con éxito gracias a las amplias complicidades con las que cuenta la monarquía en el sistema político español. En esas fechas, la izquierda parlamentaria, sea la tradicional o la emergente, consideraron que el debate monarquía república no era algo prioritario y dejaron pasar por completo las grandes manifestaciones populares republicanas espontáneas que se produjeron aquellos días. 

Asistimos hoy a la segunda escena de aquella mascarada. La huida del rey. Recuérdese que la palabra exilio ha sido empleada por destacados monárquicos como los señores Anson y Zarzalejos. Y de igual forma que la abdicación, la huída ha contado con una amplia red de complicidades. Ha sido posible con la connivencia del gobierno en pleno, pese al teatro de declaraciones que se han producido. Se hace necesario preguntarse por las causas cercanas de este movimiento. Juan Carlos Borbón podría estar retirado en un balneario extranjero en vacaciones perpetuas sin mayor problema y con la radio apagada. ¿A qué se debe entonces una carta al rey su hijo que iba a ser ineludiblemente interpretada como una huida o un exilio? Hay dos razones: la necesidad de reducir el desgaste de la Monarquía y de Felipe VI es la primera. De seguir en España, Felipe VI se hubiera visto obligado a retirar por escrito el tratamiento de rey emérito a su padre, instarle a abandonar palacio y sacarle oficialmente de la Familia Real. Se hacía preciso rebajar la presión. La otra razón es más clara: España tiene extradición con Suiza, y si fuese llamado a declarar o incluso procesado no habría habido fiscalía creativa que afinara nada.

Es preciso constatar que la huida del rey y el cuestionamiento de su dignidad y honradez por hechos que no han sido negados en ningún momento, no se ha producido como consecuencia del buen funcionamiento de las instituciones democráticas españolas, de su Constitución, el proceder de su parlamento, su gobierno, o por la conducta cívica de sus diputados, dirigentes y partidos políticos exigiendo claridad, o por la firmeza de la Justicia. Nada ha impedido su proceder corrupto de estos años. La impunidad ha sido total; ha podido hacer lo que ha querido sin freno moral, político o legal alguno. Ha sido la fiscalía suiza el motor del desenmascaramiento del proceder corrupto del rey Juan Carlos. No ha sido preciso llegar al procesamiento, toda la escena ha estallado con la simple amenaza de que la justicia esta en marcha.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Puede afirmarse con toda seguridad que la conducta inmoral del rey Juan Carlos ha sido conocida y consentida, disculpada y legitimada por la propia estructura legal-institucional del régimen del 78, tanto por las disposiciones constitucionales, como por la decisión voluntaria de los partidos parlamentarios y los gobiernos que han consentido en callar y ocultar las andanzas del rey que se han convertido en una más de las contradicciones de este régimen.

Hoy se nos dice que la conducta personal del rey Juan Carlos compromete a la Monarquía y a la Corona y que afortunadamente tales instituciones están por encima de quienes la puedan representar, de forma que la solidez de nuestro estado e instituciones está garantizado si se respeta la Constitución y la figura institucional del rey Felipe VI. Los republicanos debemos decir en alto que esto no es cierto. Cuanto ha ocurrido lo que demuestra es que nuestro sistema legal-institucional ha facilitado esa conducta corrupta al no prever ningún sistema de control o rendimiento de cuentas. Lo corrupto es precisamente toda la estructura constitucional que sitúa al rey por encima de la ley y hasta del parlamento. Esto no es una frase arbitraria. Los letrados del Congreso de los Diputados han puesto por escrito que no entra en las competencias del Parlamento fiscalizar la actuación del jefe del estado y la Casa Real, sino solamente las del gobierno además de su actuación legislativa usual. No es una opinión, es la posición oficial del régimen.

La Constitución de 1978 por su parte, considera (art. 53): «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.» La formulación es clara: «Sus actos estarán siempre refrendados». No dice que los actos del gobierno son refrendados necesariamente por el rey como jefe de estado pues «reina pero no gobierna», esto no lo dice aquí; esa formulación apoyaría la inviolabilidad de la persona del rey, pues debería sancionar con su firma las decisiones de gobierno y las del parlamento en forma de leyes, siendo responsables quienes las toman o legislan. Pero no es así. La constitución en su letra es muy clara: La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados. Añade el artículo que este refrendo es de acuerdo a otro articulo constitucional. ¿Y cómo se concreta?

El artículo 64 lo dice claro:

  1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.

  2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden

Es decir, «serán» refrendados por el presidente o los ministros. No hay condicional, hay obligación, siendo además responsables quienes los refrenden. Y una vez más no se explicita aquí que los actos de los que se hablan sean los obligados por las decisiones del gobierno o del parlamento, sino los del rey propiamente. no solo el Rey como figura institucional con unas obligaciones legales en tanto que alto dignatario y jefe del estado. El texto dice «la persona», desdoblando la persona del cargo, un desdoblamiento que no se explicita en ninguna otra parte del texto constitucional. Y dice que su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. El texto constitucional no incluye referencia alguna a las responsabilidades penales o civiles en las que pudiera incurrir el jefe de estado, sea en su conducta privada como persona o en su conducta en ejercicio de su cargo. Por el contrario: declara inviolable su persona y exenta de responsabilidades. Añádase a esta consideración que los letrados de las Cortes consideran fuera de las competencias del Parlamento la actuación de la Casa Real y la figura del Rey.

Este es el marco institucional español que deja atrás Juan Carlos Borbón y que rige el proceder real de Felipe VI. Nada ha cambiado. Lo que hizo posible el proceder de Juan Carlos Borbón sigue siendo posible.

La respuesta del régimen del 78 es clara. No es una huida. Don Juan Carlos no está procesado y puede salir libremente de España, sus acciones pasadas pueden estar prescritas y se sustanciaran o no los procesos de acuerdo con la ley española, su figura histórica es positiva como la figura que hizo posible la democracia, y tras su marcha quedan las instituciones firmes y transparentes: la Corona, la Casa Real, la Constitución y la Justicia. Respeto absoluto a las decisiones de la Casa Real. No se juzgan instituciones sino personas. Fin de la historia. Solo resta que el ciclo vital lleve al hecho biológico final que cierre esta página y permita sepultarlo, literalmente.

Ante este panorama, los republicanos debemos decir algunas cosas claras:

Fue la dictadura franquista la que proclamó la monarquía. El rey Juan Carlos Borbón fue el segundo jefe de estado de la Dictadura y por ello responsable de sus crímenes. Hoy escapa de España, huyendo de su imagen pública deteriorada por las noticias de su conducta inmoral cuestionada en la Justicia suiza.

La conducta del rey Don Juan Carlos pone en cuestión tanto la validez democrática del marco legal institucional como la credibilidad política de quienes han callado y consentido, pues nada ha podido contener, disuadir, impedir o denunciar su conducta, es decir, estamos ante un fallo institucional máximo o algo peor, a un diseño constitucional que consiente este proceder.

Por todo ello, procede obtener conclusiones de todo lo sucedido. Consideramos que el problema no es por tanto la conducta individual del huido, sino el marco institucional que ha demostrado ser incapaz de contener la corrupción al máximo nivel. Hasta resulta irónico y verdadera burla del destino que académicos cercanos a la figura de Juan March se permitan insistir en que ha llegado la hora de redactar una Ley orgánica de la Corona para ayudarla a reconducir la situación.

Los republicanos consideramos que la cuestión monarquía/república es un tema fundamental, pues los mismos intereses que son un freno a las políticas sociales que España necesita, son los que se benefician de la monarquía heredada del franquismo. Es preciso orientar la lucha política por cuestiones sociales, civiles y políticas de forma integral hacia la superación democrática de este régimen.

El camino a la República es irrenunciable. Pasa necesariamente por declarar nula la proclamación de la Monarquía, nula la coronación de Juan Carlos Borbón y como consecuencia de ello, la necesidad de resolver la grave ilegitimidad de origen de la llamada constitución de 1978 que no es más que la última ley fundamental del franquismo. Es por ello que la propuesta de referéndum republicano que algunos plantean no dudamos en calificarla de error; funciona como un placebo que permite eludir el hecho del origen fraudulento de la monarquía y la extensa red de complicidades que mantienen el régimen. Es mucho más sencillo que todo eso, la soberanía plena del pueblo español es irrenunciable y las decisiones de una dictadura no son asumibles sino que deben ser declaradas nulas. Nos estamos jugando en este tema que la extensa red de complicidades que hizo posible la monarquía, pudiera acabar controlando una hipotética república vaciada de contenido.

La República Española debe ser republicana, libre de la impunidad franquista y fruto de un triunfo del pueblo español. En tal sentido es preciso denunciar con toda energía la posición de quienes se declaran hoy republicanos a la par que niegan la bandera nacional y los símbolos históricos de la República Española y abogan por una fantasmagórica república Bicolor. 

Salir de esta situación hace preciso reconstruir el espacio político y social democrático y de la izquierda y hacerlo con la bandera de la República Española. En tal sentido llamamos a la formación de una Alianza Republicana con un mensaje explícito, una hoja de ruta y una estrategia de acción compartida que permita hacer frente a los grandes retos que tiene planteada la sociedad española.

Pedro A. García Bilbao (Comunicado ASR 3/08/2020)