Tras la reforma del Gobierno
Así será su pensión si tiene 50 años
- Quien cotice 38 años y lo haga por base máxima los 25 previos al retiro, cobrará 2.498 euros al mes
- Si lo hace por la media, percibirá 1.783; y solo 645 si paga por base mínima
La Tesorería General de la Seguridad Social proporcionará desde enero de 2014 a todos los cotizantes que tengan cumplidos los 50 años una estimación de la pensión que cobrarán el primer mes tras su jubilación. Para las edades más cercanas a la edad de retiro, las proyecciones que haga tendrán una validez bastante aproximada, pero la irá perdiendo a medida que la edad esté más cerca de los 50 años, y, por tanto, más alejada del punto de la jubilación, puesto que las cotizaciones de los años venideros solo pueden construirse con estimaciones. Dada la virulencia de la crisis actual, es muy complicado considerar que los cotizantes pueden mantener su carrera hasta el final, y más aún que puedan hacerlo con las aportaciones actuales. Pese a todo ello, CincoDías ofrece aquí una estimación de la cuantía de pensión que cobrarán tres personas que tengan ahora 50 años justos, y que tengan bases de cotización diferentes: la máxima del sistema, la media y la mínima de los grupos de cotización tres a siete.
En todos los casos, se considera que tienen una larga carrera de cotización, (siempre suficiente para acceder al 100% de la base reguladora) y que llegarán a 2029, año en el que deberán jubilarse legalmente con 67 años, con bases similares a las actuales y que ya tienen desde 2005, primer ejercicio de los 25 años que computarían para calcular su primera prestación. El resultado se especificará en euros constantes de hoy para dar idea exacta del poder real de compra que cada persona puede disfrutar en el retiro.
Dado que simulamos un cálculo de una pensión causada en 2029 (cuando los cotizantes considerados alcancen la edad de 67 años), tomamos las bases de cotización aportadas en los 25 años previos: desde 2005 incluido. Las de 2005 a 2011 (ambas incluidas) las actualizamos con el IPC medio de este periodo (2,61% anual); las de 2012 y 2013 las consideramos por su valor nominal, y las restantes hasta 2029, por la cuantía de la base de 2013 para ofrecer el valor en términos constantes de hoy.
Caso 1. Base de 3.425 euros. La aplicación de la fórmula que recoge la Seguridad Social, y que fue aprobada en 2011 en la última reforma, determina que la suma de todas las aportaciones de los 300 meses que conforman los 25 años señalados por la ley, llegarían a 1.020.444 euros para una persona de 50 años que cotiza por la base máxima siempre (ahora 3.425 euros al mes). Su división entre 350 cifra una primera pensión de 2.915,5 euros mensuales, 40.817 en términos anuales.
Pero la Seguridad Social tiene establecido un tope a la pensión máxima, que obliga a que a esta persona se le limitaría la pensión a 2.497,9 euros al mes, o 34.970,7 euros al año. El resto de la prestación que según el cálculo actuarial se ha financiado, se destinará a ejercer la solidaridad con los cotizantes de rentas menores, los que no llegan a la pensión mínima garantizada.
Cotizante de base media
Los cálculos realizados con la misma técnica de actualización (corrección de inflación y valor constante para aportaciones de los próximos 17 años) solo son válidos si se mantiene estable la legislación, y dando por bueno que los movimientos de las bases de cotización fuesen coherentes con la inflación, y que ésta se moviese como lo ha hecho en los últimos siete años: avance medio del 2,61%.
Caso 2. Base de 2.093 euros. Para un trabajador de 50 años con bases situadas en la media aritmética entre la máxima de los siete primeros grupos de cotización y la mínima, lo que supone 2.093 euros al mes, la aplicación de la fórmula determina una primera pensión de 1.783 euros al mes, o 24.962 al año.
Caso 3. Base de 755 euros. En el tercer caso analizado, el que un asalariado con 50 años ahora y que podría considerarse mileurista, con una base de cotización actual de 755 euros mensuales (la mínima del grupo 7), la primera pensión en 2029 sería de 645 euros al mes, o unos 9.041 euros al año. Esta cuantía estaría ligeramente por encima de la pensión mínima garantizada para personas sin cónyuge a cargo (601,4 euros mensuales, por 14 pagas), pero debería cumplimentarse en caso de tenerlos hasta los 742 euros al mes o 10.388 anuales.
En la infografía adjunta reproducimos la fórmula exacta para simular todo tipo de pensión, y que cada cotizante contabilice sus aportaciones reales, que pueden haber tenido un comportamiento no uniforme. Además, puede tener carreras de cotización interrumpidas y no llegar a los 38,5 años exigidos para tener el 100% de la base reguladora.
Pero considerando la situación laboral y el proceso devaluativo que se ha iniciado, si una persona de 50 años, con base máxima hasta ahora, pierde su empleo y encuentra otro a mitad de precio (base media), se encontrará con una pensión en 2029 de 2.139 euros, en vez de la máxima que esperaba. Y una persona que cotizase ahora por base media y experimentara las mismas circunstancias que la anterior a los 50 años, se encontraría en 2029 con de 1.003 euros, en vez de los 1.783 esperados: un 43,7% menos.
CINCO DÍAS
Debate sobre su futuro
Los expertos proponen un cambio radical en el cálculo de pensiones para garantizarlas
- La prestación se hallaría sumando las aportaciones y dividiéndola por los años de esperanza de vida.
El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por la patronal de la industria aseguradora Unespa, considera que más allá de la crisis actual, el sistema de pensiones español tiene una deficiencia financiera creciente ocasionada por el envejecimiento tendencial de la población, y que no se corrige con la recuperación del PIB, ni tampoco con la incorporación de más reformas paramétricas del sistema de retiro, esas que movilizan determinadas variables pero no garantizan la sostenibilidad. Prolongan la vida, pero no curan su dolencia.
El documento de los expertos será entregado al Gobierno, a los partidos políticos, sindicatos y patronales, y será la primera gran reflexión para un debate social que ha arrancado ya con las limitaciones a las prejubilaciones y con la búsqueda de un factor de sostenibilidad para el sistema.
Para Rafael Doménech, José Luis Leal, José María Fidalgo, Felipe Serrano, Victor Pérez Díaz, y Juan Manuel Eguiagaray, que preside el colectivo, la Seguridad Social precisa un cambio profundo en la determinación de la pensión contributiva, y que, respetando los principios de suficiencia, contributividad y equidad, proporcione continuo equilibrio financiero. Ahora carece de tal, y dada la presión demográfica y las supuestas garantías proporcionadas por la ley, su desequilibrio es creciente, y solo puede ser absorbido por cambios bruscos en algunos de los parámetros (edad de jubilación, escala de aseguramiento, etc.) que comienzan a agotar su recorrido.
Manteniendo el sistema de reparto intergeneracional (los activos de hoy financian las pensiones de los pasivos), proponen sustituir los mecanismos de prestación definida actuales (hay un compromiso que asegura a cada cotizante qué pensión va a recibir si reúne determinadas condiciones), por un mecanismo de aportación definida. En el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante pasa a ser la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación o su quinta.
Así, las cotizaciones de cada trabajador, desde el primer día, pese a gastarse en el pago de las pensiones de sus mayores (sigue siendo un sistema de reparto), se anotan en una cuenta virtual o nocional, cuyo monto expresa el valor de los derechos que va acumulando. La fórmula proporciona certidumbre a la prestación esperada, pese a conocer solo la aportación, puesto que tal fórmula es fija desde el inicio. En el mecanismo actual, a juicio de los expertos, pese a conocer supuestamente la prestación que uno se está fabricando, puede ser modificada legalmente por cambios bruscos en los parámetros que la determinan, como ha pasado cada ocho años desde 1980.
Los costes del tránsito
– El problema más complicado que plantea un sistema de cuentas nocionales (individuales) es la transición desde el sistema actual. Cómo éste ofrece garantías por ley, deben ser respetadas para los ya pasivos y aquellos que lo serán en un número determinado de años. Es complicado hacer el corte de edad, pero podría ensayarse la cuenta nocional para menores de 50 años.
– A los colectivos de activos que se determine se les deben transferir las aportaciones, puesto que si se trasfieren derechos, nacen ya con el vicio de no ser financiables con sus cotizaciones.
– El nuevo sistema supondría la exclusión del mecanismo contributivo de la viudedad y pensiones asistenciales, y financiarlas con impuestos.
Con esta fórmula no hay barreras de entrada en el modelo contributivo, pese a que pueda mantenerse un sistema de pensiones mínimas, cuenta cada aportación, y no hay límites de años, como ahora, en el que las aportaciones más allá de 35 años y aquellas que superan el umbral que garantiza la pensión máxima del sistema, se van al limbo de la solidaridad interrentas y entre generaciones.
Además, este mecanismo, a juicio de sus diseñadores, es equitativo entre generaciones, porque evita trasladar al futuro el coste de los excesivos compromisos actualmente garantizados por la norma y el de las reformas no hechas en su momento, y que han ido acumulando vicios financieros muy elevados y que conforman el déficit implícito del sistema de pensiones. Este mecanismo, que debe moverse en unos parámetros de cierta obligatoriedad, como ahora, proporciona el conocimiento suficiente como para modular qué parte del ahorro se quiere dedicar, si se estima necesario, a mecanismos de capitalización individual.
Con este modelo, que debería tener fórmulas de revalorización en las aportaciones y en las pensiones, una parte importante de la sostenibilidad estaría en la esperanza de vida de cada generación, pero debe tener también elementos adicionales que restauren el equilibrio financiero cuando se descuadren recursos y gastos. Además, aporta neutralidad, dentro de unos límites flexibles, y cada trabajador se jubila a la edad que desea, y en función de ello se fija su pensión.
En busca de un retorno del 70% de la última renta
Dado que el modelo de determinación de la cuantía de las pensiones que propone el Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas pretende restablecer el equilibrio financiero que ahora no tiene el sistema contributivo de la Seguridad Social, es evidente que para quienes conformasen su retiro con la cuenta nocional la prestación sería más baja que la que ahora proporciona la norma, salvo que las aportaciones partiesen de niveles superiores a los actuales. Para conformar un mecanismo completo de previsión del retiro, los expertos consideran que hay que hay que darle su valor a los sistemas complementarios de capitalización, combinar convenientemente los formatos públicos y los privados, y modificar para ello el patrón actual del ahorro.
Los expertos dan por hecho que esta fórmula que proponen no se abrirá camino de inmediato, y que precisa del debate público de todas las fuerzas sociales y políticas (a todas se proporcionará el documento elaborado), pero estiman que es la única que frenará el descenso de la tasa de sustitución (renta recibida como pensionistas respecto a la percibida como cotizante) de los últimos años.
Consideran razonable que las cotizaciones a la Seguridad Social trasfieran una renta del 70% de la renta de activo, frente a cerca del 80% que garantizan hoy únicamente porque un compromiso normativo así lo establece, aunque sea generando un ingente déficit cuya financiación se trasfiere al futuro. El umbral de renbta que quiera cada cual, dependerá ya de mecanismos privados de ahorro, cuya consideración fiscal estiman que debe cambiar.
ECONOMÍA / EL SISTEMA, A DEBATE
El futuro de las pensiones pasa por recibir lo aportado
Algunos de los expertos que definirán la próxima reforma de las pensiones aboga por traer a España el modelo sueco
En enero de este año entró en vigor la reforma elaborada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuya principal medida es el retraso en la edad de jubilación a los 67 años. Y ahora el Ejecutivo de Rajoy acaba de crear un comité de expertos para poner en marcha un factor de sostenibilidad que permita garantizar las pensiones del futuro. Pero son muchos los economistas que piensan que aunque estas medidas van en la buena dirección, continúan siendo insuficientes para garantizar el futuro del sistema sin castigar a las próximas generaciones.
Este es el caso del «grupo de reflexión sobre políticas públicas» creado en el seno de Unespa, la patronal del seguro, que ha elaborado un informeque trata de abrir una reflexión sobre hacia dónde debe avanzar el sistema de pensiones español.
El grupo, presidido por el ex ministro socialista, Juan Manuel Eguiagaray, tiene entre sus miembros a dos de los expertos elegidos por el Gobierno de Rajoy para diseñar el nuevo factor de sostenibilidad:Víctor Pérez Díaz , nombradopresidente del recién creado comité, y Rafael Domenech, economista jefe de BBVA. Además, han participado en la elaboración del informe –que presentarán en los próximos días a los grupos políticos, al Gobierno y a los agentes sociales– el ex secretario general de CC.OO., José María Fidalgo; el ex presidente de la patronal bancaria, AEB, José Luis Leal, y el profesor Felipe Serrano.
Sistema de reparto
Su propuesta pasa por mantener el actual sistema de reparto, de modo que al igual que ahora las pensiones se paguen con las cotizaciones de los trabajadores del momento. La gran diferencia de su propuesta respecto al sistema actual está en cómo se calcula la cuantía de las prestaciones. El sistema que proponen, que ya se aplica en Suecia y es el conocido como de «cuentas nocionales», consistiría en que a cada trabajador se le vaya apuntando en una especie de cuenta el dinero que aporta al sistema cada mes y, al final, cuando se jubile, se le suma lo aportado, más una actualización de estas cifras, y entonces se calcula cuánto cobrará cada mes.
Factor de equilibrio
El sistema necesitará, al igual que el actual, algún elemento de reequilibrio interno. En la medida en que sigue siendo un sistema de reparto, es necesario que continúe habiendo suficientes afiliados, que ganen lo suficiente para sobrellevar el gasto de los que se han retirado. Es necesario, por tanto,un factor de sostenibilidad, aunque no solo ligado a la esperanza de vida.
Periodo de transición
Como no se podría pasar de golpe al sistema propuesto, ya que si se aplicaran las nuevas reglas tanto a las pensiones en vigor como a las de los trabajadores en edades próximas a la jubilación, se rebajarían considera- blemente los derechos —la mayoría de los pensionistas reciben más de lo que han aportado— lo que generaría graves problemas sociales, los expertos proponen fijar una edad de corte. Es decir, por ejemplo, pasar al nuevo sistema a los trabajadores de menos de 50 años, o de 45, y el resto que se mantuvieran con el sistema actual.
Coste para las arcas públicas
Durante el periodo transitorio, el sistema de pensiones necesitaría recursos extra que, según el grupo de trabajo de Unespa, deberían obtenerse creando algún tipo de impuesto especial para financiarlo. Este impuesto se iría reduciendo hasta que desaparecieran los pensionistas acogidos al sistema actual. En Suecia, explican los autores del informe, estas transitorias necesidades de financiación se cubrieron con el fondo de reserva de las pensiones. Pero en España, el fondo actual no sería suficiente.
¿Qué pasaría con los que no cotizan?
No sería una responsabilidad del sistema de pensiones evitar que haya ciudadanos que caigan en la pobreza. Debería ser el Estado quienes, con impuestos, financiaran las necesarias políticas sociales para atender estos estados. Pero el sistema solo se ocuparía de pagar las prestaciones de quiénes han cotizado y en las mismas cuantías en las que lo han hecho.
¿Y habría pensiones mínimas?
En Suecia las hay. Pero sería el Estado, también a través de impuestos, y no el sistema de pensiones, el que corriera con los gastos de cubrir la diferencia entre la pensión a la que darían derecho las aportaciones realizadas y esa pensión mínima. Ylo mismo ocurriría con las pensiones de viudedad o no contributivas. De ellas se debería hacer cargo el Estado.
¿Cuántos años habría que cotizar para tener pensión?
No se fijaría ninguna exigencia mínima, como ahora. Cada uno cobraría en función de lo cotizado, desde el primer euro aportado.
¿Ya qué edad habría que jubilarse?
Se podría una edad mínima, en Suecia son 61 años, y a partir de ahí cada uno decidiría. Si se trabajan más años, se cobra más pensión, si se trabajan menos, disminuye la cuentía. De hecho en Suecia, aunque los ciudadanos se pueden jubilar a los 61, la edad media del retiro son los 67.
¿Serían necesarios planes privados?
El nuevo sistema permitiría a los trabajadores saber cuánta pensión van a percibir, por lo que de forma voluntaria pueden ahorrar en sistemas privados. Eso sí los expertos creen que el Gobierno debería incentivar este ahorro entre las clases medias y bajas.
El Gobierno designa a 12 expertos para diseñar la nueva reforma de pensiones
El comité tendrá que elaborar un informe sobre la definición del factor de sostenibilidad
El Gobierno ha recibido últimamente numerosas ofertas para lograr un gran pacto nacional contra la crisis; pero no parece que vaya a negociarlo. Otra cosa es la próxima reforma de pensiones. En este caso, la mayoría del Gobierno tiene claro que lo delicado de esta materia obliga, como poco, a intentar llegar al mayor consenso posible. Algo que no se prevé fácil.
La clave de esta reforma será el diseño del denominado factor de sostenibilidad. Este consistirá en un conjunto de factores que modificarán en los próximos años el acceso a la pensión de jubilación; y preverá modulaciones del gasto en pensiones vinculadas al envejecimiento de la población y, quizás, a la coyuntura económica de cada momento.
La intención del Ejecutivo es implicar a todos los agentes que podrían aportar algo en este debate. Para ello, lo primero que ha hecho ha sido nombrar un equipo de doce expertos provenientes de distintos sectores. Este equipo entregará a finales de mayo una propuesta de diseño del factor de sostentibilidad, que será la base sobre la que el Gobierno negociará la ley con los partidos políticos en el del Pacto de Toledo. Y lo consultará, paralelamente, con patronal y sindicatos. Si bien, según distintas fuentes, el primer escalón de esta negociación representado por el grupo de expertos ya podría presentar dificultades para lograr un texto consensuado con unanimidad. En el par de reuniones que han tenido –no esperan que haya más de cuatro o cinco– la heterogeneidad del grupo anticipa que no habrá consenso total. Este es el equipo de sabios:
Víctor Pérez-Díaz
Este prestigioso sociólogo, Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, y profesor de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid es el presidente del grupo. Es autor de numerosos estudios y artículos de distintas materias, incluida la economía. Su trabajo en materia de pensiones se conoce a través de su reciente participación en otro grupo de expertos patrocinado por la patronal aseguradora Unespa, en el que abogaban por un cambio profundo en el sistema de cálculo de la pensión. Proponían que el sistema siguiera siendo de reparto, aunque la cuantía se calcularía en función de lo aportado a una cuenta nocional (individual y de carácter virtual).
Manuel Lagares
Es el miembro más senior del grupo. Es un destacado fiscalista, catedrático de Hacienda Pública e Inspector de Hacienda en excedencia. Tiene una dilatada experiencia en el diseño de distintas reformas fiscales desde los años ochenta. En 1977 participó en el grupo de trabajo que redactó el Programa de Saneamiento y Reforma que sirvió de base a los Pactos de la Moncloa, que sentó los pilares de la economía española.
José María Marín Vigueras
Es el perfil más financiero de estos sabios y, por tanto, será uno de los que podrá facilitar una visión más certera de la previsión social complementaria y la vertiente privada de los sistemas de pensiones. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III, es miembro del Grupo de Asesores Económicos (GEA) de la Autoridad Europea de los Mercados de Valores (ESMA). Entre las especialidades de este experto financiero están la gestión de carteras y riesgos, así como la valoración de activos. Según su biografía, “su actividad investigadora ha tenido un impacto considerable en la regulación de los sistemas financieros”. Y ha servido como referencia en la reforma del sistema de pensiones de EE_UU en 2006.
Santos Miguel Ruesga
Se trata de un experto en relaciones laborales, economía sumergida y economía latinoamericana; materias en las que ha asesorado a la Comisión Europea y al Banco Mundial. Vinculado al sindicato UGT –al que representó en el Consejo de RTVE– es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido docente en varias universidades. Últimamente ha realizado varias investigaciones y publicaciones sobre la financiación de la Seguridad Social.
Miguel Ángel Vázquez
Este periodista es ahora Director de Análisis y Estudios de la patronal aseguradora Unespa, donde anteriormente fue responsable de Comunicación.
Ignacio conde-Ruiz
Subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), participada por un buen número de grandes empresas, que en ocasiones ha servido como think tank del PP y sus Gobiernos. Se ha especializado en la investigación de los campos de economía pública, macroeconomía y Análisis del Estado del Bienestar. Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid ya participó en la propuesta de Fedea para la reforma de pensiones de 2011.
Rafael Doménech
Actual Jefe del Servicio de Estudios del BBVA. Es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia y MSC en Económicas por la London School of Economics. Tiene experiencia en gestión pública porque fue subdirector de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero; y también en pensiones, ya que pertenece al grupo de expertos de la aseguradora Aviva. Y elaboró con Víctor Pérez-Díaz, entre otros, la propuesta de reforma de pensiones patrocinada por Unespa.
Miguel Ángel García
Economista especializado en Hacienda Pública. Es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Dirige el Gabinete Técnico del sindicato CC OO y es un profundo conocedor del sistema de Seguridad Social; participó en la redacción y negociación del Pacto de Toledo, y en sucesivas reformas de pensiones.
Mercedes Ayuso
Esta catedrática de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona es experta en métodos actuariales y análisis del riesgo de longevidad y dependencia. Ha elaborado una propuesta de reforma del sistema de pensiones basada en un modelo de contribución definida nocional, similar a la de Pérez-Díaz y Domenech.
José Enrique Devesa
Profesor del departamento de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia, es experto en sistemas de pensiones. Ha colaborado con la Fundación Edad y Vida, que agrupa a varias aseguradoras.
José Luis Tortuero
Es Catedrático de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense y autor de libros como la Reforma de las pensiones e instituciones de Seguridad Social, que va por la edición número 18.
Francisco Castellano
Catedrático de Hacienda Pública de la UNED y asesor fiscal.
El Pacto de Toledo no es un zombi
El Gobierno no puede afrontar solo las reformas del sistema de pensiones
Hay quien ha asegurado, quizás desde el desconocimiento, quizás desde la mala fe, que el Pacto de Toledo es un muerto viviente y que, por tanto, ya no es el instrumento adecuado que permita articular las reformas reclamadas por el sistema de pensiones para garantizar su futuro.
Estoy convencido de que este es un planteamiento erróneo. La iniciativa conjunta de los principales grupos parlamentarios de relanzar los trabajos de la comisión del Pacto de Toledo expresa la determinación política de recuperar el diálogo y la vocación de consenso para avanzar en la mejora y la adaptación de la joya del Estado de bienestar: el sistema de pensiones. El Pacto de Toledo ha sido un magnífico ejemplo de una política reformista, fundamentada en el diálogo social y político. Son más de 15 años de reformas, apoyadas en muchos casos por mayorías parlamentarias muy amplias y legitimadas por el acuerdo con los agentes sociales, que han permitido mejorar la fortaleza financiera del sistema de pensiones, ampliar el nivel de protección social e incorporar mayor equidad en su funcionamiento. Con insuficiencias, claro que sí. Además, y desde nuestra perspectiva partidista, nos sentimos corresponsables de ello por el hecho de haber defendido entre 1993-1995, y de la mano de Miquel Roca, la necesidad de un gran acuerdo en esta materia, como garantía para los pensionistas de entonces, de hoy y mañana.
No es menor que el arco parlamentario, en su conjunto, comparta la idea de que un sistema público de pensiones debe orientarse, fundamentalmente, a la reducción del riesgo de la pobreza entre las personas mayores y que debe aspirar a garantizar el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos una vez dejan de trabajar por razones de edad. La sostenibilidad financiera del sistema de pensiones no es tanto un objetivo en sí mismo como un requisito para garantizar el cumplimiento de su finalidad. La discusión principal y primera no es financiera, es política, y tiene que ver con si, como sociedad, continuamos apostando por un sistema que pretende alcanzar esos objetivos.
Ciertamente en el desarrollo del sistema de pensiones han existido discrepancias importantes entre los principales partidos. La no revalorización de las pensiones por el Gobierno del PP ha sido objeto de un recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de los grupos de la oposición, entre ellos CiU, y el real decreto ley que endurece la jubilación anticipada y parcial ha sido rechazado en bloque por toda la oposición. Hemos considerado que esta reforma era innecesaria e injusta, en unos momentos en el que el desempleo golpea duramente a los mayores de 50 años, siendo este un colectivo amenazado por el paro de larga duración.
El Gobierno ha impulsado la creación de un grupo de expertos plural para que traslade, durante los próximos meses, una propuesta concreta para desarrollar esta previsión. Se trata de una cuestión de una complejidad técnica considerable y altamente sensible en lo político y lo social. Es evidente que esta es una materia que por su trascendencia necesita un acuerdo de fondo muy amplio y muy convencido. Y así lo han hecho los países europeos que en los últimos años han incorporado reglas de este estilo en sus sistemas de pensiones. Es ahí donde hay que buscar inspiración.
Otro factor que no hay que olvidar es que no se puede confundir el reto que representan los cambios demográficos, que se están viviendo, y se vivirán con mayor intensidad durante los próximos años, en las sociedades avanzadas, con los impactos que la crisis está provocando en el sistema de pensiones; los déficits de hoy se explican por el desempleo masivo y la destrucción de miles de empresas, y no por la demografía.
La próxima jubilación de la generación del baby boom —los nacidos entre mediados de los cincuenta y finales de los setenta—, el aumento de la esperanza de vida y la menor tasa de fertilidad de las mujeres son variables que tienen un impacto directo en un sistema público de reparto y de solidaridad entre generaciones, en el que la relación entre cotizantes y pensionistas es crucial, y que, si no adapta sus reglas, verá como el gasto aumenta de manera insostenible. A todo ello hay que añadir: los nuevos estilos de vida de los ciudadanos, la transformación del mundo del trabajo por el impacto de las revoluciones tecnológicas y la competencia de las economías emergentes, que obligan a repensar que la principal vía de financiación de las pensiones esté directamente vinculada al coste del trabajo; o las nuevas desigualdades emergentes entre las personas mejor formadas, con mejores empleos, y aquellas personas que trabajan en sectores con niveles de remuneración muy bajos… Todo ello obliga a un proceso permanente de cambios y reformas graduales que el Gobierno no puede liderar en solitario, ya que afectan al Estado de bienestar, y que comparte todo el arco parlamentario. Y aquí está la gran fortaleza y acierto de los Pactos de Toledo. Que las soluciones y respuestas de hoy no hipotequen nuestro futuro.
Carles Campuzano es diputado de CiU y portavoz de este grupo en la Comisión del Pacto de Toledo.
Y ahora llega la gran reforma de pensiones
Con la reforma del retiro anticipado, el Gobierno ha puesto en marcha la creación del factor de sostenibilidad
Al mismo tiempo que el Gobierno aprobó el viernes la reforma de la jubilación parcial y anticipada, abrió la puerta a una gran y permanente reforma de pensiones: la creación del factor de sostenibilidad. Bajo este tecnicismo se esconde una fórmula matemática que periódicamente irá estableciendo aspectos fundamentales de cualquier sistema de pensiones como la edad de jubilación, el periodo de cálculo de la prestación final o la revalorización anual basándose en criterios como la esperanza de vida, el número de cotizantes o la marcha de la economía.
La reforma de pensiones de 2011 preveía la creación de este factor de sostenibilidad para 2027 y que actuara por primera vez en 2032. Pero estos plazos tan largos no gustan ni en Bruselas ni, sobre todo, en Alemania, donde este mecanismo funciona desde 2005. El Gobierno ha tomado nota y en el decreto de reforma de la jubilación anticipada y parcial publicado ayer en el BOE anuncia la creación de una comisión de expertos en un mes para que elabore un informe con una propuesta sobre el factor.
Ese documento se remitirá luego al Parlamento del que tendrá que salir más pronto que tarde, a tenor de las prisas de Bruselas, una de las más importantes reformas de la Seguridad Social en toda su historia. Probablemente, solo en 2011, cuando se retrasó la edad de jubilación legal de 65 a 67 años como norma general se dio un cambio de un calibre similar.
¿Cómo tiene que ser? ¿Qué elementos debe tener en cuenta? ¿Qué parámetros fundamentales debe cambiar? “El objetivo es reducir la dinámica de gasto creciente del sistema de pensiones”, explica Fidel Ferreras, ex director general del Instituto Nacional de Seguridad Social, “y para eso debe actuar sobre los tres elementos que marcan su evolución: la revalorización anual, la evolución demográfica [la edad de jubilación] y la cuantía de las nuevas pensiones”.
De la misma opinión es José Enrique Devesa. Este profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia especializado en cálculos sobre pensiones defiende que tanto en los factores que integran la ecuación de sostenibilidad como en sus consecuencias finales se tenga en cuenta más de un aspecto. Y pone un ejemplo: “Si para crear el mecanismo solo se tuviera en cuenta la esperanza de vida, cada cinco años habría que elevar la edad de jubilación unos seis meses”.
Ferreras, también colaborador del Instituto Max Planck, de Munich, es incluso más pesimista. “Si se tuviera en cuenta lo sucedido en 2011, la esperanza de vida al cumplir los 65 años aumentó en 48 días y eso por sí mismo aumentó el gasto en pensiones en 408 millones. Así que hay dos opciones o se retrasa la edad de jubilación por el mismo periodo o reduce la pensión proporcionalmente”, añade basándose en un estudio suyo publicado recientemente.
El Ministerio de Empleo ha tomado nota de este tipo de planteamientos y quiere llevar el factor de sostenibilidad más allá de la ley de 2011, que plantea un factor de sostenibilidad en el que partiendo solo de la esperanza de vida en el momento de la jubilación (ahora 18,4 años para los hombre y 22,3 para las mujeres) modifiquen aspectos fundamentales del sistema (edad de retiro, cuantía de la pensión o periodo de cálculo de la prestación). Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, contempla tener presente la evolución del número de cotizantes o la marcha del PIB.
El envejecimiento de la población europea combinado con su baja tasa de natalidad lleva a pronósticos preocupantes sobre la evolución del gasto en pensiones. Según el último informe de la Comisión Europea al respecto, de 2012, solo en seis países de la Unión bajará el gasto en 2060. En España, subirá en más de tres puntos del PIB, hasta los 13,7%. No obstante, en estas proyecciones a tan largo plazo no se contemplan cambios legales o variables imprevistas como los shocks migratorios.
Hay otro dato que justifica la reforma permanente del sistema: el número de personas entre 16 y 64 años por cada pensionista. En 2010 esta ratio era de 3,4; los pronósticos para 2060 rebajan la relación hasta 1,6.
Juan López Gandía, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia, comparte los cálculos y los pronósticos demográficos, pero no está de acuerdo en que cuando se habla del factor de sostenibilidad solo se tengan en cuenta los aspectos relativos al gasto. “Nunca se habla de financiación”, se queja. “¿Por qué no se cuestiona el modelo de ingresos solo a través de cotizaciones? Se puede utilizar el IVA o crear un impuesto finalista [modelo seguido en Francia]. Incluso subir las cuotas sociales, hay países en que se sube”, propone.
López Gandía advierte de que la edad no es un elemento sobre el que se pueda jugar permanente. “Fisiológicamente es imposible. Además, en España el problema es que la tasa de actividad y empleo de los mayores de 60 años [el 37,3% y el 31%, respectivamente]. Las empresas no contratan a esta gente, la despiden. Qué más da que se aumente la edad de jubilación o se obstaculice la anticipada”.
Pero López Gandía es consciente de que la dirección que han tomado las reformas de pensiones en España siguen la misma dirección que las europeas: lo apunta al mimo tiempo que lo lamenta. Alemania fue uno de los países pioneros, ya 2005. Berlín, en su fórmula no solo toma la esperanza de vida, también contempla el número de cotizantes y pensionistas. Portugal, en cambio, solo utiliza la primera variable. Modelo que ha seguido Italia.
El Gobierno designa a 12 expertos para diseñar la nueva reforma de pensiones
El comité tendrá que elaborar un informe sobre la definición del factor de sostenibilidad
El Gobierno ya ha dado el primer paso para la siguiente reforma de pensiones: ha designado a la comisión de expertos que tiene que elaborar un informe para el diseño del factor de sostenibilidad. El comité estará integrado por 12 especialistas en diversas áreas relacionadas con las pensiones y la Seguridad Social (sociología, demografía, derecho, economía y actuariales) y será presidido por el catedrático de Sociología, Víctor Pérez-Díaz. En principio, la encomienda no tiene un plazo cerrado, explican en el Ministerio de Empleo, pero sí que se espera que el informe esté listo en junio.
Para confeccionar la comisión, nombrada en Consejo de Ministros, Empleo ha recabado la opinión y las propuestas de agentes sociales, oposición y también de académicos. Y eso se aprecia al ver el perfil de los integrantes. El objetivo es que el diseño del factor de sostenibilidad —probablemente una de las reformas de pensiones más importantes que se puede hacer— parta de un consenso amplio y que no suceda como ha pasado con los últimos cambios en la jubilación anticipada y parcial, que ha provocado el rechazo de sindicatos y oposición.
El Gobierno ha aceptado los nombres propuestos por el PSOE: el catedrático de Seguridad Social, José Luis Tortuero, y el catedrático de Economía Aplicada, Santos Ruesga, también colaborador habitual de UGT. No obstante, este sindicato ha emitido un comunicando afirmando que no se le ha consultado en estos nombramientos. También integra la comisión el economista Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CC OO.
Por parte patronal, integra el comité Miguel Ángel Vázquez, periodista de formación, procede de UNESPA, la patronal de las aseguradoras, donde ocupa la dirección del departamento de Análisis y Estudios.
Junto a ellos está el profesor de Economía de la Universidad Complutense, José Ignacio Conde-Ruiz, también subdirector de la Fundación de Estudios Aplicados, Fedea. Tiene un perfil similar Rafael Doménech, es economista jefe para Europa del servicio de Estudios del BBVA. También integra la lista José Enrique Devesa Carpio, profesor de Ciencias Actuariales de la Universidad de Valencia.
La única mujer que formará parte de la comisión de expertos es Mercedes Ayuso, profesora de Econometría y Estadística en la Universidad de Barcelona. Otros integrantes de la comisión son los catedráticos de Hacienda Pública Francisco Castellano y Manuel Lagares, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, José María Marín Vigueras.
Los expertos del Gobierno proponen pensiones más bajas en tiempos de crisis
El ‘comité de sabios’ propone dos fórmulas que se traducen en menores prestaciones
El informe final deja en manos del Gobierno la decisión política sobre su uso
A punto de acabar su informe sobre la reforma de pensiones, la mayoría de los 12 expertos se inclinan por consagrar legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo, como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más bajas.
Ya hace más de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Lo tienen casi listo y hoy, en la reunión que mantendrán, puede quedar cerrado. Consistirá en un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de vida en el momento de retirarse. Así figura en el “borrador, pendiente de los últimos ajustes”, de 43 páginas fechado el pasado 4 de junio, la versión casi definitiva del informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
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El factor de sostenibilidad es un mecanismo de ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12 expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo en su diseño.
El informe final de los expertos, que probablemente no será asumido por todos los miembros del grupo, se entregará al Ejecutivo una vez se ultime, probablemente hoy. No es descartable, sin embargo, una prórroga de unos días más. Cuando lo reciba, el Gobierno lo remitirá al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre, según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.
Una reforma para pensiones presentes y futuras
La principal novedad de la reforma que se avecina, según propone el borrador al que ha tenido acceso este diario, es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto significará que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).
La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores como en posteriores, según las previsiones.
El resultado de esta fórmula en situaciones como la actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Para que eso no suceda, el borrador aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención la fórmula y leído el borrador se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.
De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.
Los funcionarios
No se olvida el comité de sabios de los funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la actualización anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta. “Debería considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad diseñado en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados públicos]”.
En este punto y en esta versión hay retoques sobre el borrador anterior, adelantado por EL PAÍS. En él se proponía que si en épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula resultara un aumento de pensiones significativo, se estableciera un límite en el índice de precios al consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre así la posibilidad de que en los años de crecimiento se pueda compensar el sacrificio de las crisis.
El factor de sostenibilidad que propone el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el propio borrador: “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”.
De no sufrir modificaciones sustanciales en estos dos puntos durante las negociaciones políticas y sociales, España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.
Cambios más allá de la pensión
Aunque no cae estrictamente dentro de sus propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”. De hecho, afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras reformas internas del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”.
Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el borrador está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte”, defiende el borrador. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen las nuevas fórmulas.
También responde las posibles críticas de modelo tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la ciudadanía que probablemente recibirá la propuesta. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está en el tejado del Gobierno.
¿Cuánto bajará mi pensión inicial?
El informe de los expertos cifra hasta en el 19% en 2051 el recorte de la pensión inicial
El informe final del comité de expertos mantiene dos fórmulas clave para la aplicación del factor de sostenibilidad, bautizadas como FEI y FRA. Aunque de carácter técnico, ambas se traducen en la práctica en pensiones más bajas, especialmente en tiempos de crisis.
¿Qué es el FEI o Factor de Equidad Intergeneracional?
- Lliga la pensión inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida. Por definición, no se aplica a los actuales pensionistas sino solo a los futuros. Aunque cada año se tendrán que reajustar esos factores en función de las nuevas previsiones de esperanza de vida, los expertos incluyen en un anexo del informe un ejemplo de su aplicación que muestra a las claras cómo se traduce en una rebaja de la pensión inicial.
- La mera aplicación del FEI supondrá una rebaja cada vez mayor de la pensión inicial, según ese ejemplo. Tomando como referencia el año 2014, donde la esperanza de vida a los 65 años es vivir 20,27 años más, la rebaja sería del 5% para un jubilado a los 65 años en iguales condiciones en el año 2021, pues la esperanza de vida para ese nuevo pensionista será de 21,28 años. El recorte de la pensión inicial por la aplicación aislada del FEI sería del 10% en 2030, del 15% en 2040 y del 19% en 2050.
- La idea de los expertos es que, en el futuro, los pensionistas reciban a lo largo de toda la jubilación la misma prestación independientemente de la generación a que pertenezcan. Es decir, un pensionista que se espera que viva 25 años deberá recibir un 20% menos de pensión que otro que se espera que viva 20 años. Obviamente, otros factores también entran en juego, con lo que el cálculo definitivo se complica.
¿Combinarán el FEI con el retraso de la edad de jubilación?
- En paralelo a la aplicación del FEI, se irá produciendo un retraso en la edad de jubilación legal (salvo para aquellos jubilados con carreras más largas de cotización) por la aplicación progresiva de la anterior reforma de las pensiones.
- El informe no explica cómo interactúa el nuevo factor con ese retraso, que aminora a su vez el número de años que se recibe pensión. Al tiempo, también se va aplicando progresivamente, por efecto de la anterior reforma, el aumento de los años que se tienen en cuenta por la ampliación del periodo de cómputo de la pensión y el tiempo necesario para poder cobrar una pensión, factores que, en general, se traducen también en unas pensiones más bajas.
- Los expertos, sin embargo, se aferran a que las bases de cotización han ido aumentando y pueden seguir haciéndolo para decir que las nuevas fórmulas son compatibles con unas pensiones medias mayores. Lo son, puede haber pensiones medias mayores, pero al tiempo mucho menores de las que resultarían de no aplicarse el factor de sostenibilidad.
¿Qué pasa si se aplica el FRA o Factor de Revalorización Anual?
- Sustituiría al IPC como vara de medir de la subida de las pensiones existentes y se vincula sobre todo a los ingresos y gastos. Su aplicación depende de muchos parámetros por definir, pero apunta también a pensiones más bajas y pérdidas de poder adquisitivo, sobre todo en tiempos de crisis.
- En todo caso, los expertos insisten en que aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario y ellos proponen los «parámetros más lógicos» para esas fórmulas, eso «no sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza».
Los expertos dejan el diseño de las pensiones en manos de la política
El informe que se remite al Pacto de Toledo admite la probable “disminución significativa” de la prestación de jubilación media sobre el salario medio
Una cosa es hacer cuentas y otra política, tomar decisiones que afectarán a la vida de millones de ciudadanos durante décadas. El consejo de 12 expertos escogidos por el Gobierno para elaborar un estudio que sirva de guía para la reforma de pensiones presentó ayer su informe final con fórmulas “robustas técnicamente”, pero, como recalcó el presidente de este grupo, Víctor Pérez-Díaz, ahora “se abre un horizonte de decisiones políticas”. “Este no es un consejo de profetas”, recalcó.
El mandato del equipo formado por 11 hombres y una mujer era el de plantear un “factor de sostenibilidad”, que es el mecanismo automático por el que las pensiones se ajustan a la esperanza de vida y otras variables demográficas y económicas. Es un duro reto para España: la esperanza de vida a partir de los 65 años crece alrededor de 16 meses cada 10 años, según estos estudios, y las necesidades en 2050 podrían ser un 70% superiores a las actuales.
El informe diseña dos fórmulas: un Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), que modera el cálculo de la pensión inicial por el aumento de la esperanza de vida, y un Factor de Revalorización Anual (FRA), que desvincula el crecimiento anual de las pensiones del IPC y lo liga a los ingresos públicos. Su aplicación rebaja las pensiones. El texto —aprobado por 10 votos a favor, una abstención y uno negativo— defiende la aplicación en 2014.
Aunque ayer en la conferencia de prensa los expertos defendieron que esto no tiene por qué traducirse en una pérdida de poder adquisitivo, el texto es muy claro al advertir que “las previsiones actuales apuntan a que la tasa de dependencia aumentará de forma considerable en los próximos años, como consecuencia del baby boom, a no ser que se lleven a cabo reformas estructurales que den lugar a un aumento importante del número de cotizantes”. Y, “si no se aumenta esa base”, la aplicación de dichos factores “darían lugar a una disminución significativa de la pensión media sobre el salario medio”.
La congelación, explicó Rafael Doménech, número dos del servicio de estudios del BBVA, solo está prevista para “situaciones excepcionales” similares a crisis tan intensas como la actual.
Añadió que “lo más probable es que las pensiones medias vayan a ganar poder adquisitivo”, recalcó Doménech, en líneas con otros expertos, dado que puede aumentar la base de cálculo, es decir, los salarios. Pero es un argumento que esconde que la pensión media puede subir en un país aunque baje la de cada uno de sus jubilados, por motivos generacionales: los retirados que fallecen cobraban unos salarios inferiores que los trabajadores de generaciones posteriores, con mejor formación y sueldos. Esta circunstancia es la que hizo posible que, por ejemplo, que la pensión media aumentara un 3,2% el mismo año en que el Ejecutivo de Zapatero las había congelado, en 2011. La conclusión es que la pensión media puede mejorar pese a que las nuevas fórmulas supongan recortes.
“El comité no dice cómo solucionar el riesgo de que bajen las pensiones con relación al salario medio”, admitió Miguel Ángel García, de CC OO, aunque propone diferentes vías, como la prolongación de la vida laboral, el crecimiento del empleo, las rebajas de impuestos o el complemento de pensiones privadas.
La posición de García chirría con la CC OO. El sindicato emitió ayer en un comunicado en el que recalcaba que este informe “no vincula” a CC OO, quien reivindica el acuerdo de reforma firmado en 2011 que trasladaba el factor de sostenibilidad en 2027. García, en cambio, defiende que entre en vigor en 2019. “Soy el responsable del gabinete económico y mi labor es elaborar informes para que la organización tenga la mayor información posible a la hora de fijar sus posiciones, pero son sus órganos los que toman las decisiones, no yo”, justificó.
La filosofía de fondo es la misma que resumió Manuel Lagares: “Este es un informe técnico, no político”, restando calado político al trabajo, por el que los estudiosos no han cobrado.
El informe final es casi idéntico al último borrador, aunque en el último minuto han desaparecido jugosas afirmaciones desveladas por EL PAÍS ayer, como la que recalcaba que había que aprovechar la crisis para aprobar la reforma, ya que “el sacrificio es más fácil de aceptar en tiempos comprometidos”. También se ha esfumado la frase de que “el factor de sostenibilidad no es sinónimo de recortes” y la de que culpar al factor de sostenibilidad de la disminución del nivel de vida de los futuros jubilados equivale a “matar al mensajero”.
La comisión política del Pacto de Toledo recoge el guante.
El factor insostenible
El factor de sostenibilidad es poco más que una regla para reducir las pensiones
Aunque los problemas actuales de las pensiones poco tienen que ver con el envejecimiento, el Gobierno ha aprovechado para reabrir el debate sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo que la reforma del 2011 solo resolvió a medias. Esta reforma, básicamente un recorte de las pensiones, carecía de efectos de corto o medio plazo y solo reducía el coste en el largo plazo. Pero incluso esta reducción era apenas la mitad de la necesaria para garantizar la sostenibilidad. Por ello, si no se dota de más recursos al sistema, la sostenibilidad de largo plazo requiere un nuevo recorte sustancial de las prestaciones que puede estar entre un 20% y un 30% adicional.
La vía escogida para ampliar la reforma ha sido definir el factor sostenibilidad, que ya estaba incluido en la reforma de 2011, pero solo con una mención difusa a que a partir de 2032 las pensiones se ajustarían a la baja según el aumento en la esperanza de vida. El Gobierno ha creado un grupo de expertos para diseñar este factor. Por lo que se sabe, proponen, primero, introducir un factor de envejecimiento que reduce la pensión de cada generación según la esperanza de vida. Esta medida solo tiene efectos financieros limitados y en el largo plazo. Por ello se propone además una regla económica que liga la actualización anual de las pensiones a la evolución de los ingresos (positivamente), de los gastos (negativamente) y del déficit (negativamente). Si se aplica estrictamente, esto puede dar lugar a reducciones de las pensiones no solo reales (descontando el IPC), sino incluso en términos monetarios.
El objetivo teórico del factor de sostenibilidad es igualar gastos e ingresos. En España, como establece el Pacto de Toledo, las pensiones deben financiarse con cotizaciones que, con seguridad, no van a aumentar en el futuro (en porcentaje del PIB) salvo que se aumentaran mucho los tipos de cotización. Por ello lo que va a hacer el factor de sostenibilidad es rebajar unas pensiones que crecen para ajustarlas a unas cotizaciones que no crecen. De esta forma, al igual que en todos los países donde existe, el factor de sostenibilidad es poco más que una regla para reducir de forma automática las pensiones. Por eso regula la evolución de los gastos (en función de los ingresos) y no a la inversa. De hecho, si como ocurre en muchos países el Gobierno se comprometiera a cubrir con impuestos el déficit, entonces no haría falta factor de sostenibilidad. El factor propuesto en España tiene al menos dos problemas. Primero, hace soportar a los jubilados del pasado el coste de que los nuevos jubilados tengan pensiones más altas. Segundo, los aumentos de cotizaciones serán de poca utilidad para sanear el sistema, porque todo aumento de ingresos genera un aumento de gastos.
¿Es razonable introducir un factor de sostenibilidad? La sociedad tiene dos vías para diseñar su sistema de pensiones. La primera, considerar el sistema público de pensiones como un sistema privado. El Estado actuaría como una empresa privada igualando ingresos y gastos. Si este sistema conduce a recortes de las pensiones del 20% o del 30% y a la pobreza de muchos jubilados, esto no es responsabilidad del Estado. Que hubieran nacido en otro momento. Y si tienen renta alta, que se hagan un plan privado de pensiones. Para quienes piensen así, el factor de sostenibilidad está justificado. Eso sí, no deberían darle tantas vueltas. Deberían aprobar una ley que dijera que cada año lo que se recaude en cotizaciones (a los tipos actuales) se repartirá entre los pensionistas en proporción directa a lo cotizado e inversa a su esperanza de vida.
La segunda opción es considerar el sistema público de pensiones como un instrumento social de mantenimiento del bienestar en la jubilación. Se aceptaría que los trabajadores tienen derecho a un determinado nivel de pensiones (similar, al menos, al que están pagando con sus cotizaciones), y lo que habría que hacer es dotar de ingresos al sistema para financiar el nivel de pensiones deseado. Estos ingresos podrían venir de cotizaciones (parte de las que ahora se dedican a desempleo, aumentos de los tipos del trabajador o del empresario), impuestos generales o, en el futuro, de deuda. Los recursos necesarios no serían excesivos. Actualmente, las pensiones cuestan en España un 10% del PIB y, según la UE, en el peor momento (2050) costarán un 14%. Esto es menos de lo que ya hoy gastan en pensiones Francia, Italia o Austria.
Hay dos opciones: ajustar los gastos a unos ingresos por cotizaciones que es difícil aumentar o ajustar los ingresos a unos niveles de pensiones que han sido decididos socialmente y que son financieramente sostenibles. Está en manos de los políticos —esperemos que sean los españoles— tomar la decisión.
Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.
El grupo de expertos ultima su informe, que no será unánime
Objetivo: poner el gasto en pensiones bajo control cuanto antes
- El factor de sostenibilidad afectará tanto a los nuevos pensionistas como a los que ya lo son
Los doce expertos nombrados por el Gobierno para diseñar una propuesta para la creación de un factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, tenían previsto tener ayer su última reunión, antes de redactar el informe final que entregarán al Ejecutivo a ser posible esta misma semana o la primera semana de junio como muy tarde.
El trabajo que tenían encomendado estos expertos era diseñar las variables que compondrían este factor de sostenibilidad, que consiste un mecanismo automático de ajuste del gasto en esta materia, vinculado principalmente al envejecimiento de la población y, en segundo lugar, a la marcha de la economía, tal y como propuso inicialmente el Gobierno a estos expertos.
Así, el objetivo que el Ejecutivo trasladó a este grupo, a través de un informe previo enviado por el Ministerio de Empleo como elemento de arranque para la discusión, fue la necesidad atajar, cuanto antes, el gasto en pensiones. El principal motivo de esta urgencia no es otro que déficit del sistema que podría sumar por segundo año consecutivo una cifra que ronda los 15.000 millones de euros.
Por esta razón, junto al diseño de este factor, debían estudiar también cuándo convendría ponerlo en marcha. La ley actual, aprobada en agosto de 2011, fijaba que entrara en vigor en 2027 y se aplicara por primera vez cinco años después.
Sin embargo, una de las primeras cuestiones en las que la mayoría de estos expertos coincidieron fue en la necesidad de adelantar la aplicación de este factor de corrección automática del gasto en pensiones, independientemente de cual fuera su diseño y forma de actuar sobre el sistema.
Aunque en esta mayoría no entran “un par de expertos” que se mostraron desde el principio contrarios a adelantar la aplicación de este factor, según fuentes conocedoras de lo debatido en este foro. La voz más crítica a las opiniones de la mayoría a lo largo de todo el proceso de negociación la del catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Miguel Ruesga. Especializado en relaciones laborales y economía sumergida, este experto vinculado al sindicato UGT –al que representó en el Consejo de RTVE– no cree que sea necesario adelantar la aplicación del factor de sostenibilidad antes de 2027. Ruesga centra sus críticas en la urgencia que desprende el Ejecutivo en ajustar el gasto en pensiones por motivos coyunturales de la actual crisis, en lugar de plantear una reforma a fondo del sistema que, incluya además del control del gasto, una reforma de las vías de ingresos. Pero, según estas fuentes, la mayoría de estos expertos no ha compartido estos planteamientos.
Hecha esta salvedad, tras coincidir en que el factor de sostenibilidad debería entrar en vigor antes de 2027 ¿cuánto tiempo habría que adelantarlo? En ese punto surgieron diferencias, que estaban relacionadas, sobre todo, con el diseño de este factor. No era lo mismo que los futuros cambios del sistema incluidos en el factor afectaran a todos los pensionistas o solo a los nuevos.
Finalmente, el informe provisional que debían revisar nuevamente ayer los expertos con las últimas alegaciones de cada uno de ellos, parece que optaba por un diseño del factor de sostenibilidad que actuara fundamentalmente sobre el gasto y que afectara a todos los pensionistas de una u otra forma. Si bien operará de forma distinta entre quienes ya cobran pensión y los futuros pensionistas. Así las distintas partes del factor se aplicarán en fechas diferentes.
Afectados en dos fases
Los primeros afectados casi con toda seguridad serán quienes ya cobran una pensión, porque la mayoría de los expertos respalda la intención del Gobierno de dejar de actualizar las prestaciones de jubilación con el IPC a partir de 2014. Según la propuesta que parece reunir mayor consenso, el Gobierno aprobará un nuevo indicador de referencia para esta actualización, que estará vinculado a la marcha de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. De salir adelante este diseño, las pensiones solo mantendrán en el mejor de los casos el poder adquisitivo si el sistema no tiene pérdidas.
Una segunda parte del factor de sostenibilidad afectará solo a los nuevos pensionistas, a los que se les vinculará la pensión inicial a la esperanza de vida que tengan en el momento de la jubilación. Esto podría comportar recortes de la prestación del entorno del 8% o 9%. En este punto, ayer aún no estaba decidida la fecha en la que este cambio empezará a aplicarse. Pero podría ser en algún momento entre 2016 y 2020.
En cualquier caso, el presidente de este grupo de expertos, el sociólogo Victor Pérez-Díaz, deberá redactar a partir de hoy el informe final de esta propuesta con las alegaciones particulares.Y lo único seguro es que, ante las discrepancias surgidas en el debate, el texto definitivo no contará con la unanimidad que en su día demandó la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El PSOE sopesa no sumarse al acuerdo
Cuando el grupo de doce expertos entregue al Gobierno su informe final a finales de este mes o en la primera semana de junio, los responsables del Ejecutivo iniciarán una negociación por dos vías, con este documento como punto de partida. Por un lado intentarán conseguir el acuerdo de la patronal y los sindicatos;y, al mismo tiempo, redactarán el detalle de la futura ley que diseñe el factor de sostenibilidad en colaboración con los partidos políticos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Es precisamente en este último ámbito donde se centran los mayores temores del Gobierno a la hora de conseguir un acuerdo unánime de los grupos. Según distintas fuentes consultadas, la mayor incógnita procede de momento del seno del PSOE donde habría dos posturas:quienes creen que no pueden descolgarse de un acuerdo como este, sobre el futuro de las pensiones, y quienes lo rechazan de plano.
Sociología crítica 
Posted on 2013/06/09
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